China: acuerdos que comprometen el futuro

El 18 de julio del año pasado, el Gobierno suscribió en Buenos Aires un convenio marco de cooperación económica e inversiones con la República Popular China. Curiosamente, ese instrumento define como uno de sus objetivos "sostener el crecimiento económico" de los firmantes. Es difícil argumentar sobre la importancia del convenio para el crecimiento económico de China, pero es fácil recordar que la razón del acuerdo tiene mucho que ver con la gravísima escasez de divisas que afecta a nuestro país, como consecuencia inevitable de los enormes desaciertos económicos de nuestra administración nacional.

Haber estructurado el marco de la cooperación del modo en que se lo ha hecho supone que en cada proyecto de inversión individual las partes deberán relacionarse por medio de acuerdos "específicos" entre las entidades gubernamentales u organizaciones públicas de ambos países. Esto supone que el convenio marco contiene pautas generales, pero que las condiciones particulares de los proyectos que se instrumenten serán materia de los acuerdos que cada uno de ellos genere. Por esta razón, cada proyecto de inversión individual está, desde el comienzo, protegido por una cortina de opacidad y deberá ser objeto de escrutinio.

No obstante, el convenio marco con China contiene algunas pautas específicas que cabe comentar. La primera es que, en materia de infraestructura, habrá un convenio "complementario", en el que se consignarán los correspondientes detalles. La República Argentina, sin embargo, ya se ha comprometido a aplicar el proceso de adjudicación más ventajoso que se utilice en programas similares con otros países respecto de los proyectos de infraestructura del sector público. Una suerte de derecho para China de reclamar "el mejor trato" que la Argentina confiere o confiera en esto a terceros.

A eso se suma que las adquisiciones para los proyectos de infraestructura del sector público podrán efectuarse por adjudicación directa, esto es, sin concursos de precios o procedimientos licitatorios, con la única condición de que China provea "financiamiento concesional" y que la adjudicación se realice en "condiciones ventajosas" de calidad y precio, lo que es distinto del precio más bajo.

A todo ello, el convenio agrega que la Argentina y China se otorgan recíprocamente facilidades laborales o profesionales en condiciones de igualdad con las de los nacionales del Estado receptor de la inversión. Como es previsible, las obras de infraestructura que se emprendan en nuestro país serán mucho más significativas que cualquier obra de infraestructura en China en la que puedan eventualmente participar empresas constructoras argentinas, y esto genera una lógica preocupación porque supone que los empleados chinos estarán en condiciones de igualdad para desempeñarse en nuestro medio con los trabajadores argentinos.

Por esto, la Unión Industrial Argentina objetó los alcances del convenio marco. El ministro de Economía, Axel Kicillof, intentó tranquilizar a la UIA con una de sus acostumbradas frases desafortunadas: "La adjudicación directa y el personal son cláusulas que están en el acuerdo, pero no se van a aplicar". ¿Para qué se firmaron, entonces? ¿Y qué dirá nuestra contraparte ante esa audaz afirmación? En África ya hay 800.000 obreros chinos trabajando en proyectos de infraestructura. Además, el mecanismo de adjudicación directa a las empresas chinas puede terminar estimulando la corrupción, fenómeno extendido tanto en aquel país como en el nuestro.

Que un gobierno que está a punto de terminar su mandato suscriba un convenio de estas características significa que su impacto afectará a las futuras administraciones, por ejemplo, en materia de "compre nacional", cuestión hasta ahora silenciada por el convenio. Afectará también las relaciones con nuestros vecinos, desde que las ventajas laborales y de importación que favorecen a China no se extienden siquiera a nuestros países limítrofes. En particular, afectará la relación con nuestro socio principal, Brasil, que por ello ya ha expresado su claro malestar. Y cercenará las posibilidades de las empresas nacionales del sector de la construcción de obras de infraestructura, que se verán perjudicadas. Otro hecho preocupante es la "estación espacial" china que ya se construye en Neuquén con enormes beneficios fiscales y la cesión de un terreno de 200 hectáreas.

El Gobierno ha transformado en nuestros tres principales aliados estratégicos a países definidamente autoritarios, como China, Irán y Rusia, mientras nos alejamos de nuestros socios y vecinos tradicionales y de los Estados Unidos, país al que la administración nacional asigna responsabilidad por todos los males que, en realidad, son consecuencia de sus propios errores.