Circular al margen de la ley
Los controles sobre cumplimiento de la verificación técnica vehicular brillan por su ausencia, en especial en colectivos que trasladan hinchas o militantes
La ciudad de Buenos Aires alberga un parque automotor que supera 1.300.000 vehículos, con una densidad de 6629 por kilómetro cuadrado, sin contabilizar los que ingresan habitualmente desde el conurbano. La ley obliga a realizar la "verificación técnica vehicular" a todos aquellos autos particulares radicados en la ciudad con más de tres años de antigüedad o un rodaje superior a los 60.000 kilómetros, así como a transportes escolares, taxis, remises, colectivos y vehículos de carga o de gran porte. De esa revisión, los vehículos pueden resultar aptos, con desperfectos leves con permiso para continuar circulando hasta su resolución dentro de los 60 días o rechazados por desperfectos graves sin permiso para circular antes de su resolución.
Podemos preguntarnos por qué los controles en la vía pública no acompañan lo establecido por las normas, dando piedra libre para que cuatro ruedas sean tantas veces la única condición para circular. La variedad es amplia. Vehículos de chatarreros que circulan destartalados por los barrios, sin que nadie les pida un papel, con molestos altoparlantes a la pesca de muebles, heladeras, colchones y demás enseres domésticos para la reventa. Ómnibus destartalados que trasladan a quienes esforzadamente se ganan el sustento cartoneando, imposibilitados de exigir vehículos decorosos para el transporte de su mercadería. Todos ellos muchas veces sin siquiera las luces reglamentarias en correcto funcionamiento, incluso a veces sin la chapa patente que permita su identificación. Todo vale.
Un capítulo aparte merecen los vehículos de transporte escolar o colectivos utilizados para trasladar a hinchas de fútbol a las canchas, o a grupos organizados que asisten a marchas gremiales o políticas, muchas veces los mismos personajes desempeñando distintas funciones en un perverso juego de relaciones, lealtades e intercambios. En el primero de los casos, podemos verlos estacionar en las cercanías de los estadios luego de circular hasta el lugar repletos de fanáticos, muchos de ellos desaforados barrabravas con sus banderas e instrumentos musicales saliendo por las ventanillas. El Gobierno celebra que ya son 3000 los barrabravas que no pueden entrar a las canchas en la provincia de Buenos Aires, pero desde el Estado se continúa brindando seguridad para los traslados de tantos otros inadaptados. Para evitar las tan tradicionales como nefastas peleas entre distintos clubes y los saqueos y agresiones que realizan a su paso, se les asignan incluso vehículos de protección policial a modo de escolta.
En síntesis: colectivos que por su precariedad jamás podrían sortear la VTV, cargados de hinchas, circulan increíblemente por las calles y avenidas de la ciudad y el conurbano con custodia policial que, lejos de controlar el estado del transporte, ha sido asignada para cuidar que sus desmanes no afecten la seguridad pública. Lo mismo ocurre también muchas veces cuando se trasladan manifestantes, militantes, activistas de distinto color político, gremial o social cuya falta de respeto por los bienes de todos conocemos bien.
Ni la policía metropolitana ni el cuerpo de civiles llamados agentes de prevención reportan o actúan como sería esperable para evitar que los vehículos que circulan violando las leyes y los requisitos mínimos continúen su marcha. Las inspecciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) son obviadas olímpicamente.
Somos también testigos de cómo las grúas juegan verdaderas carreras de acarreo hasta los predios a los que un conductor que estacionó mal deberá concurrir para retirar su auto, previo pago de los gastos asociados. Entretanto,hay calles de la ciudad en las que las dobles filas y la carga y descarga fuera de horario confirman que las multas son insignificantes, ya que no logran disuadir a los infractores, o que nadie se ocupa de controlar.
Nuestras autoridades debe elevar la vara y exigir que se respete y se cumpla la ley para garantizar mayor orden y seguridad para todos.