Complicidad con los violentos

Durante la madrugada del lunes pasado, el fuego destruyó íntegramente la cabaña Los Radales, en Villa Mascardi. Se trata de una de las casas más emblemáticas del Parque Nacional Nahuel Huapi, a pocos kilómetros de Bariloche, sobre la ruta nacional 40. Casi al mismo tiempo, del otro lado de la cordillera, en la Araucania, grupos radicalizados chilenos que se autoidentifican como mapuches perpetraron cuatro ataques: el más espectacular fue el incendio de cuatro avionetas que se hallaban en un hangar de un club aéreo, a 700 kilómetros de Santiago.

Desde 2017 un grupo de violentos encapuchados que se autodesignan comunidad Lafken Winkul Mapu realizan actos delictivos, tales como incendiar cabañas, atacar a vecinos y usurpar hectáreas del emblemático parque nacional.

Desde aquel año existen usurpaciones en el área. Entre ellas, la del complejo recreativo Ruca Lauquen, incendiado y desmantelado; la cabaña La Escondida, lindera al parque nacional, usurpada en 2018; el complejo Hueche Ruca, del Obispado de San Isidro, saqueado y destruido; la propiedad que perteneció a Gas del Estado, destruida; la cabaña La Cristalina, vecina a Los Radales, y el exhotel IOS, que iba a convertirse en la Escuela de Guardaparques, totalmente saqueado junto a vehículos de la Administración de Parques Nacionales.

Ante el nuevo hecho delictivo, que da cuenta del avance de la violencia que vienen sufriendo los vecinos y visitantes del área, la ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro envió una nota formal al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, “para que fuerzas federales tengan presencia permanente en el lugar del hecho, con el objetivo de evitar cualquier avance de la toma ilegal que hoy existe en Villa Mascardi”, así como para “llevar tranquilidad a los vecinos del lugar ante los nuevos hechos de violencia”. Asimismo, el gobierno de Arabela Carreras comunicó que “el pedido tuvo respuesta positiva” y que “desde Gendarmería Nacional se contactaron con el organismo de seguridad rionegrino”.

La exasperante pasividad e indiferencia que se convierte en complicidad es representativa de cómo la ciudadanía ha sido abandonada a su suerte por quienes deben garantizar su protección.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el presidente de Parques Nacionales ignoran la existencia de hechos que ocurren en territorios bajo su jurisdicción. Su inoperancia es total. Allí no hay ley, ni república, ni soberanía.

Mientras tanto los propietarios de Los Radales sufren una nueva devastación: en marzo de 2020 fueron víctimas de un violento robo y en mayo de 2020 el inmueble fue incendiado aunque parcialmente debido a la rápida acción de los bomberos locales. Ninguna autoridad nacional se ha puesto en contacto con los propietarios. Apenas hubo un tímido acercamiento de funcionarios provinciales. Pero existe la promesa de reforzar la seguridad en la zona, para cuando sea necesaria y la propuesta de crear un fondo de reparación a las víctimas para que puedan reconstruir sus viviendas.

Detener con el peso de la ley estos delitos parece hoy una utopía. La inacción e incompetencia de los tres poderes del Estado, nacional y provincial, es total. Impunes y sin límites, los encapuchados de Mascardi continúan su avance. Hay cientos de causas en la Justicia provincial y federal por hechos similares que no han producido desalojos ni detenidos. No estamos frente a un hecho de falta de voluntad política, sino de un claro hecho de responsabilidad por omisión. Se trata de un Estado que ya no es indiferente, sino cómplice. Un Estado que, lejos de garantizar derechos constitucionales, convalida el delito. Un verdadero Estado al margen de la ley.