Consumidores desprotegidos frente a un Estado invasor

P odría parecer como un juego de palabras, pero lamentablemente no es así. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de María Lucila Colombo, lejos está de ejercer esa sana práctica. En cambio, y como ya es costumbre de las políticas que define y orienta Guillermo Moreno, de quien depende esa área, la persecución estatal sigue reemplazando la defensa del usuario.

El último acto de esta cadena de aprietes recayó sobre la Unión de Consumidores de Argentina, al ser intimada en forma perentoria por el Gobierno a dar explicaciones sobre un aviso publicado en el diario Clarín el 8 y 9 de este mes, titulado "Si no sabemos las ofertas, no sabemos dónde comprar".

La pieza publicitaria cuestionada hacía hincapié en la necesidad del consumidor de acceder a toda la información -que hoy le es vedada por el cepo publicitario- para poder planificar sus gastos y elegir dónde realizarlos teniendo en cuenta la constante depreciación del salario como consecuencia de la galopante inflación.

En otras palabras, el aviso apuntaba claramente a defender el derecho del consumidor. ¿Acaso no debe ser ésa también la tarea de la subsecretaría homónima? Todo indica que debe, pero no quiere.

En el requerimiento recibido por la citada asociación, el Gobierno le exige en el término de 48 horas que comunique cuánto se abonó por esas publicaciones, quién o quiénes pagaron y el origen de esos recursos; que se identifique a la empresa o persona que diseñó el aviso y se consigne el nombre completo y el documento de identidad de quien firma la solicitada, además de reclamar "los antecedentes de la toma de decisión de la asociación para la publicación en cuestión, individualizando autorizaciones societarias...".

Semejante despliegue de exigencias desmedidas sumó una agravante más: mientras la asociación se encontraba en término de realizar su descargo, en la página web de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, con la firma de Colombo, se publicaba un escrito muy similar a una nota de opinión, en la que se acusaba a Unión de Consumidores de Argentina de recoger "sospechosamente la línea editorial del diario en que se publicó" el aviso, es decir, lisa y llanamente de haberse atrevido a cuestionar el cepo publicitario, que está visto que no es otra cosa que una cartelización impuesta desde el gobierno nacional.

A ese requerimiento destemplado, la asociación respondió no haber abonado "ni un peso" por la publicación de ese mensaje. Invocó para ello el artículo 76 de la ley de medios audiovisuales, sancionada a instancias del actual gobierno, en el sentido de que se dispongan sin costo alguno avisos de interés público de parte de organizaciones de la sociedad civil que, de otra manera, nunca podrían por cuestiones presupuestarias hacerse cargo de esos costos.

En un comunicado emitido por esa entidad, su presidente, Fernando Blanco Muiño, manifestó su malestar ante la actitud oficial: "La mirada binaria del Gobierno lleva a que todas las actividades del movimiento de consumidores que no se encuadran en las políticas definidas por el Poder Ejecutivo sean consideradas parte de una campaña de los medios a los que tilda de hegemónicos", al tiempo que recordó que el mensaje ahora cuestionado forma parte de la campaña "Necesitamos estar informados", lanzada por esa agrupación el 15 de marzo último con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, haciendo eje precisamente en el artículo 4 de la ley de defensa del usuario, que establece que "el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización".

La situación que hoy atraviesa la Unión de Consumidores de Argentina es coherente con la escandalosa política implementada por Guillermo Moreno de persecución a los organismos que osan mostrar la realidad tal cual es, muy alejada de la que semblantea con desparpajo el Indec.

En su momento, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó de plano las tan arbitrarias como exorbitantes multas impuestas por el secretario de Comercio Interior a consultoras que medían los precios de la economía. La Justicia entendió que esos castigos pecuniarios configuraban no sólo un acto intimidatorio y violatorio de la libertad de expresión, sino también una conculcación del derecho de la ciudadanía a estar informada. En el mismo sentido deben leerse las fuertes presiones padecidas por otras organizaciones como Consumidores Libres y Adecua.

Como una muestra más de abuso de poder, hace menos de dos semanas se publicó en el Boletín Oficial la modificación de un artículo de la resolución que regula a las asociaciones de consumidores, por el que Moreno se reserva la facultad de darles de baja del registro nacional, impidiéndoles presentar acciones colectivas ante la Justicia.

Frente a esta irrefrenable vocación autoritaria del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no nos queda otra posibilidad que repetir lo que ya hemos sostenido reiteradamente desde estas columnas: la problemática de la inflación, las crecientes controversias en torno de su medición y la censura que se ejerce sobre quienes alzan su voz frente a los atropellos del Estado constituyen una cuestión de interés público que, de ninguna manera, puede ser objeto de mecanismos de censura de ningún tipo.