Coparticipación: abandonar la desidia

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29 de abril de 2004  

A pesar de que entre las disposiciones de la Constitución nacional de 1994 figuraba la obligación de que se aprobara un nuevo régimen de coparticipación federal antes de 1996, no sólo se ha violado ese mandato, sino que los argentinos debemos sentir la vergüenza que provoca el hecho de que sea el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que nos recuerde que no estamos cumpliendo con nuestra propia Ley Fundamental.

En los últimos años, las diferencias entre la Nación y los estados provinciales fueron centrales para que una nueva ley de coparticipación no fuera debatida. Más recientemente, esta cuestión comenzó a ser objeto de tironeos entre el gobierno nacional y el bonaerense, o el nuevo eje de una disputa entre el presidente Néstor Kirchner y su antecesor, Eduardo Duhalde.

La provincia de Buenos Aires reclama los nueve puntos de coparticipación que ha perdido el distrito desde la reanudación de la democracia, en 1983. En compensación, la mayor provincia del país recibió, con la llegada de Carlos Menem al poder, una partida especial de 600 millones de pesos anuales, conocida como Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que se mantuvo hasta la asunción de Fernando de la Rúa como presidente de la Nación.

Demandas semejantes a la del distrito bonaerense han planteado otras provincias, entre las que se encuentra Neuquén, que por cierto aportan al fisco recursos superiores a los que reciben en concepto de coparticipación.

Al margen de que estas reclamaciones pueden sonar justas, es indispensable que, a la hora de repensar el régimen de coparticipación federal de impuestos, se privilegie el interés general del país antes que el de cada provincia en particular.

Es indispensable que, a la hora de delinear el nuevo régimen, se avance hacia mecanismos que vinculen a cada administración provincial con los resultados de los procesos de recaudación impositiva. Hasta ahora, para algunos mandatarios de provincias pequeñas es políticamente más redituable incrementar los fondos recibidos del Estado nacional que aumentar la presión impositiva en su propio distrito.

Sería de suma importancia que las provincias pasaran a tener facultades para recaudar algunos impuestos nacionales, con el propósito de generar un régimen fiscal que genere beneficios parejos para toda la población del país.

Al mismo tiempo, debería alentarse una política de premios y castigos, con el fin de incentivar a las provincias a tornar cada vez más eficiente su gasto público. Entre otras cosas, la disciplina fiscal debe ser alentada, combatiendo el clientelismo.

También sería relevante que desaparezcan definitivamente los tristemente famosos Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), que han dado lugar a numerosas denuncias de corrupción y de favoritismos hacia aquellas provincias que apoyaran políticamente al poder nacional de turno.

Por último, la política de correspondencia fiscal plena podría conciliarse con la creación de un fondo compensador al cual aporten las provincias más ricas para auxiliar a las más empobrecidas, sin por ello tolerar abusos de estas últimas. Para esto sería de especial utilidad la creación de un organismo lo suficientemente autónomo que asigne los fondos de acuerdo con criterios inobjetables y sin estar infectado por intereses partidarios.

La discusión de la nueva ley no debería seguir demorándose ni ser objeto de la desidia de la dirigencia. Debe verse como la edificación de una política de Estado y no como una pugna política interna.

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