Corrupción como política de Estado (I)

Nuestra historia contemporánea ha estado jalonada por hechos de corrupción, tan frecuentes y escandalosos, que los más recientes hacen olvidar los más distantes. Apenas se recuerdan, tras la bruma de los años, los pollos de Mazzorín, las cajas PAN, la leche contaminada, los guardapolvos de Bauzá y la valija de Amira Yoma. El Yomagate y el Swiftgate. La pista de Anillaco y la Ferrari Testarossa. Y a un nivel más grave, el tráfico de armas, la impresión de DNI, el caso IBM-Banco Nación y los enjuagues del "simple cartero" Alfredo Yabrán, para quien poder era sinónimo de impunidad.

Varias veces la corrupción fue asociada a muertes sospechosas. El brigadier Rodolfo Echegoyen, "suicidado" en la Aduana; el intermediario Marcelo Cattáneo, ahorcado frente a Ciudad Universitaria; el marino Horacio Estrada, muerto de un tiro en la sien en su casa; la ex secretaria Lourdes Di Natale, lanzada al "aire y luz" de su departamento; el helicóptero del general Juan Carlos Andreoli, caído en el campo de polo; la voladura criminal de Río Tercero; el asesinato de José Luis Cabezas y el misterioso fin de Yabrán. Hitos de una dramática secuencia que contribuyó a ablandar la conciencia moral de los argentinos.

Pero todo puede ser peor. Durante el período kirchnerista, la corrupción dejó de ser una suma de hechos patológicos y aislados para convertirse en la razón última de un programa de gobierno. No solamente continuaron las valijas y los bolsos, los sobreprecios y retornos, la manipulación de permisos, subsidios, excepciones y concesiones. Sin ningún pudor y confirmando la promesa de "ir por todo", el kirchnerismo ha sometido el aparato estatal al plan de apoderarse de lo colectivo mediante esquemas complejos, aunque torpes, basados en la confianza que otorga la impunidad. Sociedades y prestanombres para quedarse con la impresión de moneda; normas ad hoc para emular a Las Vegas en el Hipódromo de Palermo; licitaciones amañadas para los socios del poder; fideicomisos y universidades para contratar por fuera de la normativa legal; habitaciones sin pasajeros para derivar fondos espurios a los hoteles familiares.

Nunca antes se alteró todo el sistema institucional para viabilizar un esquema de dominación crematística, sin otro proyecto que el provecho privado de los recursos del Estado.

El romántico Jean-Jacques Rousseau no hubiera imaginado que su teoría de la "voluntad general", expresada en el voto mayoritario, daría sustento teórico al kirchnerismo para eliminar la división de poderes y llevarse a casa lo que pertenece a todos. Y el propio Ernesto Laclau se avergonzaría de esta falsa "radicalización de la democracia", una simulación distractiva, ajena al logro de una sociedad más justa e igualitaria.

El único objetivo ha sido ganar poder para ocupar todos los ámbitos del Estado, asegurándose así que nadie vea, nadie escuche, nadie cuente y nadie juzgue cómo se divide, cómo se reparte y cómo se apoderan de lo colectivo. Siempre habrá razones "a la carta" (abierta) para justificar esta demolición de lo público, en provecho de los ejércitos militantes. Pero basta afeitar la realidad con una afilada navaja de Occam para verificar que la explicación más sencilla es la más probable. Detrás de tantos discursos, carteles y fuegos artificiales, sólo resta un crudo apetito por el poder y el dinero.

Derechos humanos, matrimonio igualitario, pueblos originarios, banderas de inclusión, todas políticas públicas malversadas. El kirchnerismo ha utilizado el discurso moral como cortina de humo para un proyecto inmoral. Cuanto mayor el volumen de la perorata, cuanto más inflamado el discurso, más denso el humo que oculta el saqueo de lo público. Más lágrimas llora la República.

Es manifiesto que el intento de apropiación de la imprenta de moneda por el vicepresidente de la Nación; los sórdidos vínculos de Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia presidencial, evidenciados en la causa Hotesur, entre otras; la bolsa que olvidó Felisa Miceli en su baño ministerial; la valija venezolana (o iraní) de Antonini Wilson; la fortuna insolente de Ricardo Jaime; el inexplicable enriquecimiento de Julio De Vido y del secretario de Obras Públicas, José López; la prosperidad de Juan Manzur, son casos que demuestran poca empatía por los pobres de esta tierra.

La desaparición de los fondos de Santa Cruz; la embajada paralela en Venezuela; las mediaciones de José Luis Manzano con áreas petroleras; la compra de vagones inútiles en España y Portugal; el programa Sueños Compartidos; las contrataciones a dedo de los hermanos Monzoncillo (La Corte y Prensa Satelital), favoritos de la Presidenta; los terrenos fiscales comprados en El Calafate a precios irrisorios; las denuncias por corrupción relativas a las represas de Santa Cruz, frenadas por el desinterés de un fiscal y las tierras de amigos del poder que serán inundadas demuestran que tantas visitas al Vaticano no han servido para encauzar instintos primitivos por el camino de la solidaridad.

Tampoco son "de buena gente" las oscurísimas importaciones de gas licuado que realizó Enarsa, con el asesoramiento de Roberto Dromi, "autor" de la venta de YPF a Repsol; la distribución discrecional de publicidad oficial; las opacas transferencias de la Unidad Bicentenario; las obras en Tecnópolis que investiga el juez Ariel Lijo; los 6000 millones de pesos que costó en cinco años Fútbol para Todos; los sospechosos sobreprecios en la compra de aviones Embraer y la turbia contratación de Adconsa, la consultora amiga del subsecretario Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini; el mismo que detuvo el allanamiento a una financiera, también amiga, con una llamada al escandaloso juez Norberto Oyarbide.

Ni los ancianos se salvaron de la avidez kirchnerista: el PAMI fue saqueado por organizaciones sindicales y políticas que también se llevaron las compensaciones para prestaciones de alta complejidad, remedios oncológicos y prótesis, gestionadas por la Administración de Programas Especiales. Verdaderas privatizaciones de recursos públicos en forma no inclusiva, sino exclusiva de sus beneficiarios. Y bien calificadas entonces de "negocios entre privados" tal cual lo repiten voceros oficiales.

En niveles inferiores, los exponenciales aumentos patrimoniales de personajes secundarios evidencian el descaro del kirchnerismo para retribuir a sus colaboradores y amanuenses: Raúl Ulloa, el chofer millonario; Ricardo Barreiro, el jardinero "potentado" y su hijo, Pablo Erasmo, quien dejó el cargo de secretario privado de la Presidenta, con un insólito incremento patrimonial. Por lo menos cinco secretarios privados que eran "pelagatos" renunciaron para dedicarse a sus inversiones personales. Ni estos casos ni las variadas designaciones a mansalva, que auguran más millonarios en poco tiempo, son capítulos de un programa dirigido al bien común, sino para provecho de pocos.

La extorsión para forzar voluntades también ha sido moneda corriente en la mecánica del enriquecimiento indebido. Néstor Kirchner impuso a Repsol un socio de paja, "experto en mercados regulados" que pagaría el 14,9% de las acciones de YPF con dividendos futuros; su sucesora obligó a Daniel Hadad a vender la radio líder en audiencia y su canal de noticias al "rey del juego" y también ordenó que Transener, la mayor transportadora de energía, fuese adquirida por ex montoneros devenidos empresarios y no por el comprador que sus dueños habían elegido.

Durante estos 12 años, se crearon imperios económicos con recursos públicos, como es el caso de Cristóbal López. Con necesidad y urgencia se expandieron a 4500 las tragamonedas en el Hipódromo de Palermo; con inusual flexibilidad, se financió la compra de 360 estaciones de servicio de Petrobras con 1200 millones de pesos de impuestos no pagados; con gran descaro, se renovaron los beneficios promocionales a Alcalis de la Patagonia, una empresa en marcha, invocando más necesidad y mayor urgencia. Como impúdico remate, el Banco Central autorizó la convivencia del juego y las finanzas, aprobándole la compra del banco Finansur a Cristóbal López. El plan de negocios del vecino de la Presidenta y de Amado Boudou en Madero Center apunta ahora al "Prode bancado", para lo cual aspira a comprar los bingos porteños, cuando el panorama político se lo permita.

La corrupción también se infiltró en áreas que debían ser preservadas de todo afán pecuniario, como los derechos humanos. Este negocio comenzó con la estafa, estimada en 750 millones de pesos, de los planes de vivienda del binomio Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini. Y siguió con el pago de indemnizaciones a familiares de desaparecidos, muchos de los cuales no eran tales. De los más de 13.000 reclamos, 7800 cobraron 240.000 dólares cada uno, armando una auténtica industria de la indemnización por derechos humanos de la que participan funcionarios y abogados inescrupulosos. En estos casos, interviene una sola repartición del Estado, la sospechada Secretaría de Derechos Humanos y todos los expedientes son reservados. Se calcula en 1800 millones de dólares la suma abonada por estas indemnizaciones.

Tampoco pueden obviarse las relaciones del kirchnerismo con el negocio del narcotráfico, una cuestión que abordaremos mañana.