Cuando el Gobierno protege el delito

Es aberrante que organismos estatales como la Unidad de Información Financiera y la Inspección General de Justicia encubrieran a Lázaro Báez
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20 de mayo de 2013  

El kirchnerismo ha convertido en un hábito la protección del delito o de las actividades sospechosas cuando el autor es funcionario, protegido o cuasi socio. La mayor prueba de ello es el proyecto de blanqueo para capitales no declarados que el Gobierno procura aprobar en el Congreso y que, dadas sus características, se asimila a un proyecto de ley para permitir el lavado de dinero, pues no se interrogará sobre el origen de los fondos y se los eximirá del pago de impuestos. Por este motivo, Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación, afirmó que el proyecto será objetado por el GAFI, organismo internacional que combate el lavado.

Pero existe desde hace tiempo otro "blanqueo" que se realiza solapadamente, de facto y sin leyes que lo permitan, y que se reserva a personajes que se confunden con los remotos orígenes del kirchnerismo en Santa Cruz. Son los casos de Lázaro Báez y Cristóbal López.

Báez, empresario de aquella provincia patagónica cada vez más próspero en los rubros de la construcción, del petróleo y de los medios de difusión, resultó uno de los beneficiados en el anterior blanqueo promovido por la Presidenta en 2009, pero fue el otro "blanqueo" el que quizá más lo benefició y el que resulta más indignante, porque involucró la labor encubridora de dos organismos nacionales: la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF). El año pasado, la IGJ brindó una protección especial a tres empresas de Báez al no responder a pedidos de informes realizados por la Justicia.

Las empresas que se beneficiaron con el silencio cómplice fueron Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar, que comenzaron a recibir una protección especial en la IGJ desde el 21 de junio del año pasado, cuando la Justicia requirió datos sobre ambas empresas. La demora en responder a la Justicia permitió a las tres firmas poner orden y completar sus legajos societarios, según reveló LA NACION.

Hasta comienzos del año pasado, la constructora Austral, uno de los pilares de la próspera galaxia empresaria que gira en torno de Báez, no habría presentado ningún balance en la IGJ. Hace poco habría remediado esta falta. Otro tanto había ocurrido allí con la Fundación Madres de Plaza de Mayo antes de estallar el escándalo que involucró a la entidad y a Sergio Schoklender en una malversación de cientos de millones de pesos de los fondos públicos. Cuando la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, se encontraba bajo el mando de Marcelo Mamberti protagonizó el extravío o robo de los legajos de las sociedades The Old Fund, London Supply y la propia imprenta Ciccone Calcográfica, todas vinculadas con el escándalo de esta última empresa.

No es casual que haya sido la UIF el otro organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia que protegió a Austral Construcciones y a la petrolera Epsur SA, pues en los últimos años, y especialmente desde que la preside José Sbattella, en vez de combatir el lavado de dinero, que debería ser su función primordial, se ocupa de perseguir a los críticos del Gobierno y a cuidar a los amigos o socios del Gobierno, como Báez. Lo mismo hizo con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En efecto, como también reveló LA NACION, la UIF no denunció en la Justicia durante los últimos dos años y medio a esas dos firmas de Báez que fueron reportadas por actividades sospechosas de lavado y, además, tendrían serias anomalías societarias. Pero antes, en 2005 y 2006, la UIF recibió alertas por sospechas de lavado en las firmas Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA, relacionadas con Báez.

La acción encubridora del organismo a cargo de Sbattella, quien sigue acumulando denuncias judiciales en su contra, fue premiada por el Gobierno, que otorgó más funciones a la UIF. Se podría sospechar cuál puede ser el verdadero objetivo de esas nuevas competencias: más impunidad a los amigos del poder político.

Una vez más, se confirma que el kirchnerismo no sólo ha destruido esos y otros organismos de control, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), sino que ha llegado al extremo de colocar a esos organismos a un paso de cometer los delitos que deberían combatir. Algo similar ocurre con la Procuración General de la Nación desde que está a cargo de Alejandra Gils Carbó.

Esta genuina subversión, que se completa con el intento de dominar la Justicia y los medios independientes, es la que ha permitido el crecimiento de la corrupción hasta límites difíciles de concebir, al tiempo que ha convertido a nuestro país en un paria internacional incapaz de atraer inversiones y, lo que es peor, en sinónimo de falta de transparencia. Por asuntos menos escandalosos, en otros países han caído ministros y altos funcionarios.

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