Cuando las artes tocan fondo

Con la forzada renuncia de su presidenta, el Fondo Nacional de las Artes se ha convertido en una nueva víctima de la confusión entre Estado y gobierno
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26 de diciembre de 2018  

Una democracia con dirigentes fuertes en instituciones débiles pervierte su sentido, y entonces el gobierno se confunde con el Estado, la autarquía financiera pasa a ser discrecionalidad y la autonomía funcional, dependencia. Cuando un bien público queda a merced de la caprichosa mezquindad de los funcionarios de turno, la institucionalidad se corrompe fatalmente.

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) acaba de convertirse en la nueva víctima de esa democracia boba que troncha buenas y fructíferas gestiones como la de su presidenta, la abogada experta en inversión social y financiamiento público Carolina Biquard.

En cualquier país donde los méritos funcionan como vara para medir desempeños, los argumentos esgrimidos para su separación del cargo hubieran sido considerados dignos de un premio o de un ascenso. Pero en la Argentina, una sobresaliente gestión, reconocida por todos los sectores, y el apego a la norma para defender la autonomía propia de la institución se terminaron convirtiendo en el motivo de una expulsión disfrazada de renuncia.

En la órbita del Poder Ejecutivo existen organismos autárquicos que tienen características definidas en cuanto a la independencia que les permiten especializarse en los objetivos para los cuales fueron creados.

La autarquía es la capacidad de autoadministrarse en virtud de una normativa impuesta por un ente de superior orden, mientras que la autonomía es la capacidad de darse sus propias normas con independencia de otro poder, especialmente en el plano orgánico institucional.

Dependientes del ámbito de la cultura figuran, entre otros, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música y el Fondo Nacional de las Artes. Este último posee autarquía financiera para definir la asignación de sus fondos, autonomía funcional para decidir sus propios programas y estrategias y es el único organismo de estas características en el mundo que tiene la facultad de recaudar por sí mismo los derechos de autor que están en dominio público y que conforman su presupuesto. Esto es así para evitar que dependa de algún otro ente a la hora de disponer de los fondos, garantizándole así, desde la normativa, una independencia plena que se resguarda de abusos y malos desempeños al fijar que los miembros del directorio comprometen incluso su patrimonio personal ante cualquier irregularidad.

Ante la precipitada sustitución de Biquard, antes de cumplir los cuatro años fijados para la que visiblemente venía siendo una elogiosa gestión, ese compromiso ha quedado también evidenciado con la renuncia del directorio del FNA que la acompañaba.

La primera dimisión fue la del artista Eduardo Stupía, seguida luego por las del vicepresidente de la institución, Facundo Gómez Minujín, y las de los directores Juan Javier Negri y Juan Collado. Todas ellas expresan así el desacuerdo con la decisión adoptada por la autoridad política.

Proponer desde una secretaría o un ministerio que se destine parte del presupuesto de una entidad autárquica al financiamiento de políticas públicas del Poder Ejecutivo es claramente un acto contrapuesto a la ley.

Lamentablemente, lo sucedido recientemente en el FNA revela una actitud tan frecuente como indeseada, dado que en nuestra dirigencia política prima una lógica muy habitual: la de no diferenciar gobierno de Estado.

El poder de los funcionarios avasalla así muchas veces los límites que definen a las instituciones republicanas y democráticas, permitiendo instalar mecanismos estructurales que amplían de manera irregular los márgenes para las maniobras políticas.

Las capturas de presupuestos y el manejo discrecional de bienes públicos viola el sano diseño autónomo del Estado.

Cuando esto ocurre, los organismos autárquicos son sometidos a un vaciamiento de sus fines financieros a partir de una manipulación fiscal y presupuestaria, y su independencia funcional da lugar a una utilización política. De esta manera, la sana descentralización de un organismo respecto del Estado termina sucumbiendo en manos de una peligrosa concentración del poder de los gobiernos.

El Estado de Derecho, base de la democracia, no puede alcanzar su plenitud cuando el Estado es avasallado por el propio gobierno.

El FNA fue creado para garantizar el Estado de Derecho que tienen los artistas. Se les asegura un financiamiento independiente del poder político, altamente calificado para decidir el destino y la distribución de los fondos públicos sobre la base de criterios técnicos, artísticos y estéticos, y promoviendo mecanismos transparentes para su inversión.

Respetar la autonomía de los entes autárquicos dentro de la estructura del Estado exige de los gobiernos una buena cuota de autorregulación para limitar sus alcances a la hora de respetarlos en su autogestión.

Lamentablemente, así quedó demostrado en este caso, con un fondo creado para potenciar el valioso alcance de la cultura, cuya esencia se desvirtúa al punto de que la cultura termina tocando fondo.

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