Cuba: más represión a opositores

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) aprobó en sesión extraordinaria el nuevo Código Penal de la isla, que prevé, entre otras cuestiones, sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohibición de financiamiento externo a medios de comunicación. Los diputados aprobaron el proyecto en una sesión en la que estuvieron presentes el presidente Miguel Díaz-Canel y el exgobernante del país caribeño Raúl Castro.

La iniciativa es una reacción a las protestas llevadas a cabo el 11 de julio de 2021 en más de 50 localidades contra la crisis económica y la inflación de tres dígitos, una histórica manifestación nacional que sumó la demanda de democracia y libertad.

Referentes de la organización más antigua de abogados cubanos contrarios al gobierno señalaron que el nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos. Activistas y opositores consideran que esta reforma acallará aún más la protesta social y el periodismo independiente.

El nuevo código incluye 37 nuevos delitos, como el de desórdenes públicos, para penalizar las alteraciones producidas en grupos o individualmente y tipifica como delito de sedición a quienes se manifiesten o realicen acciones de desobediencia civil, propaganda contra el orden constitucional y el Estado socialista o difundan noticias falsas que pongan en peligro el prestigio del Estado cubano.

Prevé, además, sanciones de hasta diez años de prisión a quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional.

También penaliza la participación en actividades subversivas, la difusión de predicciones maliciosas con la finalidad de causar alarma, descontento o desinformación e incrementa la pena hasta 30 años de cárcel en los delitos de espionaje y el intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero.

Con la sanción del nuevo Código Penal, el gobierno de Díaz-Canel busca amedrentar y perseguir a opositores, disidentes, activistas y periodistas independientes y, con ello, a todos los ciudadanos de la isla.

Como bien señaló el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, la nueva normativa es una respuesta autocrática al proceso de democratización que anhela la sociedad cubana frente a una burocracia autoritaria que, tras más de seis décadas, sigue buscando eternizarse en el poder.