Cumplir las leyes, el deber que se ha tornado desafío

Nuestra Constitución necesita ser acatada, no reformada; es necesario revertir el deplorable proceso de degradación institucional que signó los últimos 25 años
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29 de agosto de 2019  

Han pasado ya 25 años de la última reforma de la Constitución nacional, un cuarto de siglo con un balance que incluye algunas contradicciones notorias.

Lo que empezó siendo un diálogo entre dos hombres, Carlos Menem y Raúl Alfonsín, teñido de intereses políticos y por lo tanto resistido desde muchos sectores, culminó con un texto consensuado entre 305 convencionales que lograron, no sin un arduo trabajo, incluir en él algunos avances importantes, entre los que pueden señalarse la ampliación del reconocimiento de derechos y el haber dado jerarquía constitucional a los tratados internacionales.

Otros objetivos igualmente trascendentes, plasmados en la última reforma de la Ley Fundamental, no corrieron la misma suerte. Es más, podría decirse que transitaron el camino contrario que los convencionales les habían marcado. Por caso, no hubo desde entonces una disminución del presidencialismo; la figura del jefe de Gabinete derivó en un híbrido que ayudó a fortalecer todavía más el presidencialismo que se venía a suavizar; se concedió a los partidos políticos una entidad que el paso del tiempo no supo honrar, y se acentuó el centralismo en desmedro del régimen federal.

A 25 años de la reforma, muchos de sus tramos resultan incumplidos, cuando no violados. Más de 20 leyes reglamentarias no fueron sancionadas por ninguno de los congresos que se sucedieron desde entonces. La del Consejo de la Magistratura, que sí fue aprobada, sufrió varias reformas tildadas de inconstitucionales por muchos expertos en derecho, mientras que una nueva y más justa ley de coparticipación federal de impuestos no ha podido ver nunca la luz. Ha pasado un cuarto de siglo sin que los distritos se hayan podido poner de acuerdo respecto de cómo repartir los fondos coparticipables.

Pero son muchas más las deudas que la política mantiene con el texto constitucional. Entre ellas, las siguientes:

  • No se ha avanzado respecto de la disposición del artículo 36 sobre delitos dolosos contra el Estado, que conlleven enriquecimiento de los funcionarios, ni sobre las leyes que se necesitan respecto de derecho a un ambiente sano.
  • No se ha cumplido la disposición constitucional de promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, ni se ha transformado el Banco Central en Banco Federal, según dictamina el artículo 75, inciso 6.
  • Tampoco se ha ampliado, sino limitado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
  • El Consejo de la Magistratura, exacerbadamente politizado y tratado como botín partidario, no cumplió las importantes funciones para las cuales fue creado y no se verifican los beneficios de haber acortado el mandato constitucional de seis a cuatro años, más allá de haber sido útil al interés del entonces presidente Menem, en busca de su reelección consecutiva. La figura del tercer senador por provincia tampoco cumplió acabadamente su finalidad: estuvo pensada para hacer lugar a las primeras minorías políticas en el Senado, pero ocurrieron casos en que mayoría y minoría quedaron en manos de las mismas fuerzas que, previamente, se habían repartido esa representación presentándose a elecciones de forma separada.
  • Ni qué hablar de las aberrantes arremetidas del kirchnerismo por "democratizar" la Justicia buscando arrasar preceptos legales, atentando contra la división de poderes.

En estos momentos en que se conmemoran y rememoran aquellos históricos debates de los convencionales reformadores en procura de un texto constitucional moderno, práctico y de enorme trascendencia institucional, duele ver cómo buena parte de la propia dirigencia política se ha encargado y se encarga de boicotearlo.

El presidencialismo ha dado paso al hiperpresidencialismo, algunos derechos han sido bastardeados al punto de no poder explicarnos hoy con ninguna lógica cómo es posible que se haya creado la figura del defensor del pueblo de la Nación para, por desidia o interés, haber mantenido ese cargo vacante durante los últimos diez años.

Los partidos políticos, que fueron entronizados por la Ley Fundamental como instituciones imprescindibles en el sistema republicano, no han hecho más que desdibujarse alrededor de leyes desacertadas, como la de las PASO, que supuestamente venían a resolver las internas entre las fuerzas y que, ha quedado demostrado, solo funcionan como una encuesta costosísima e innecesaria que nada han logrado solucionar.

Partidos en crisis, leyes que no se cumplen, preceptos que se violan, intentos de politizar la Justicia, acentuación del centralismo, ataques contra la institucionalidad. Apenas un puñado de ejemplos que deberían hacernos pensar en la necesidad de una verdadera autocrítica.

En un reciente encuentro organizado por ADEPA para conmemorar los 25 años de la reforma, el exconvencional reformador y actual juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti destacó la pluralidad de voces y el amplio consenso que se logró en aquel entonces para llevar adelante tamaña empresa. Y se preguntó por qué no reeditarlo en estos momentos en que tanto se necesitan acuerdos profundos. Le asiste toda la razón. Pero a ello hay que sumarle la memoria, porque de nada valdrá que se llegue a un acuerdo entre partes, por más amplio que sea, para no respetarlo más tarde.

La Constitución de 1853 no necesitaba ser reformada, sino cumplida. La Constitución de 1994 tampoco necesita volver a ser reformada. Acatarla debe ser nuestro principal desafío para este año y para todos los que se vienen.

Es necesario revertir el deplorable proceso de degradación institucional que se ha venido consolidando durante el último cuarto de siglo.

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