¿Dar el ejemplo?

Resulta tan sorprendente como irritante que algunos funcionarios hayan recibido con anticipación la vacuna del Covid-19 a pesar de no integrar los grupos de riesgo. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner; los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes, Axel Kicillof, Juan Schiaretti y Gustavo Valdés, respectivamente, y el intendente de la Matanza, Fernando Espinoza, ya han sido inoculados, entre otros beneficiarios de privilegio.

Algunos no solo han recibido la primera dosis, sino también la segunda y en tiempo récord, comparado con los millones de ciudadanos que están a la espera de un cronograma largamente anunciado, pero al que no solo le falta ponerle fechas concretas, sino contar con suficientes vacunas para ejecutarlo.

Se trata de una nueva prerrogativa que se asignan los funcionarios públicos en detrimento del personal de la salud, de los adultos mayores y de las personas con factores de riesgo, que deberían ser los primeros en acceder a la vacunación.

El Gobierno trató de dar sostén legal a esta inmoralidad al dictar el pasado 23 de diciembre el Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19, que inexplicablemente incorporó a los funcionarios entre los grupos que deben recibirla de forma prioritaria.

Tanto la decisión del gobierno nacional como la conducta de estos funcionarios inoculados violan normas éticas elementales, constituyendo un grosero abuso de poder.

Para justificar este "premio" indebido, el gobierno nacional sostiene que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere vacunar a figuras públicas para convencer a la población de sumarse al plan de vacunación, pero omite decir que esa recomendación es para los casos de disponibilidad de vacunas y no, como el nuestro, en el que se carece de ellas precisamente por la impericia gubernamental de haber aletargado hasta el infinito la negociación y compra de las dosis suficientes. Hasta hoy llegaron al país solo 820.000 dosis de los 10 millones que el presidente Alberto Fernández prometió que serían aplicadas en enero.

El oficialismo nacional presionó públicamente a la oposición para que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se vacunara anticipadamente y así extender a las dos fuerzas políticas más representativas la irresponsabilidad de birlar el turno que les corresponde a los grupos de riesgo. El senador kirchnerista del Frente de Todos Mariano Recalde afirmó incluso que Horacio Rodríguez Larreta "debería haberse vacunado" y que, por no haberlo hecho, "se contagió". Una deducción que, por lo fuera de lugar, no resiste mayor análisis. También se negó a inocularse anticipadamente el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, al alegar que se debe vacunar en primerísima instancia solo a grupos de riesgo. "No voy a usar la dosis de un trabajador de la salud", sostuvo Quirós.

En algunos países como México y en varias naciones de Europa, hubo casos antiéticos, como el protagonizado por parte de nuestra dirigencia, que provocaron un repudio generalizado. Por ejemplo, en enero último, en España, debió renunciar el jefe de las Fuerzas Armadas, general Miguel Ángel Villarroja, tras conocerse que se había saltado el protocolo para recibir por adelantado la vacuna. En nuestro país, en cambio, Kicillof se mostró sonriente y dijo sentirse "orgulloso de haber puesto el hombro" mientras recibía el correspondiente pinchazo. También escenificó ante las cámaras de TV un forzado evento de vacunación de adultos mayores, al anunciar que daba así inicio a un plan masivo en los geriátricos a pesar de que no dispone de las dosis para concretarlo. No hace falta que muestren nada. Hace falta que lo hagan.

Mientras eso sucede con los funcionarios, son muchas las quejas de médicos que reclaman ser vacunados en hospitales y clínicas privadas, en los que se hace prevalecer al personal en relación de dependencia cuando el tan ampuloso como políticamente autorreferencial "plan estratégico" sostiene que se entiende por "población priorizada de salud a toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera que sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas".

Sin vacunas suficientes, sin cronograma concreto y sin los debidos controles, la inoculación anticipada de unos pocos funcionarios no hace más que incrementar el descrédito y la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus representantes, quienes deberían dar ejemplo de ética y de solidaridad para con quienes necesitan la vacuna urgentemente.

Esta manipulación de un tema tan delicado quedó perfectamente plasmada en la nefasta apropiación del operativo de salud para hacer politiquería, tal el caso de agrupaciones como La Cámpora y Nuevo Encuentro, que han dispuesto sus locales partidarios como centros de vacunación, en una clara intención de intercambiar "favores" sanitarios por apoyos políticos.

Cabe preguntarse qué hará el gobierno nacional con esas inscripciones apócrifas y qué les comunicará a las víctimas de esta burla cuando exijan su vacuna. ¿Este empadronamiento político-sanitario privado compite por su parte con la "preinscripción" (así la denominó Kicillof) impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer notar que se avanza en el tema cuando lo cierto es que se está en punto muerto?

La crisis provocada por el Covid-19 reveló lo mejor y lo peor de mucha gente. Por un lado, están los millones de argentinos que legítimamente demandan una respuesta a la altura de las circunstancias: acceder de manera rápida y eficiente a la vacuna para enfrentar con mejores armas a un virus tan nocivo y que ello les permita volver a algún tipo de normalidad. Por otro, está un gobierno que sostiene una gestión sin rumbo ni valores, con promesas que no cumple, desplegando privilegios entre sus caciques y aceptándoles a sus acólitos ejercer funciones que son propias del Estado. En términos de Max Weber, un gobierno que carece tanto de ética de la convicción como de ética de la responsabilidad.