Derechos humanos: indemnizaciones a falsas víctimas

La falta de transparencia en resarcimientos estatales permite sospechar otro presunto negociado bajo la bandera del progresismo
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6 de septiembre de 2011  

En numerosas oportunidades sostuvimos que las víctimas de la subversión en los años 70 y sus familiares no sólo no han recibido posteriormente el debido reconocimiento por parte de la sociedad y las instituciones, sino que una fortísima discriminación basada en el maniqueísmo los ha condenado a la situación de parias, en la que la ausencia de indemnizaciones es sólo un aspecto, aunque bien gráfico, de la división que se ha introducido en nuestra sociedad.

Para la Justicia y el oficialismo las únicas víctimas del período más oscuro de nuestra historia, que comenzó dos años antes del golpe de Estado de 1976, fueron las de la represión ejercida por los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Por lo tanto, a partir de este criterio tan injusto como parcial, sólo los familiares de estas personas que sufrieron desaparición forzosa o ejecución sumaria tienen derecho a percibir las indemnizaciones oficiales.

Sin embargo, como lo reveló ayer una investigación de La Nacion, existen por lo menos 16 casos de personas que fueron ultimadas por integrantes de la organización guerrillera a la que pertenecían luego de ser sometidas a los llamados "juicios revolucionarios", o que se quitaron la vida antes de ser capturadas, cuyos familiares han cobrado las indemnizaciones porque en los últimos años han sido incluidos dentro de la categoría de víctimas del terrorismo de Estado.

Salta a la vista que nos encontramos ante un contrasentido y una nueva estafa que, contrastada con la situación de olvido que sufren las víctimas de las organizaciones guerrilleras y sus familiares, resulta francamente hiriente.

Una vez más, la bandera de los derechos humanos sirve, bajo el actual Gobierno, para cobijar y encubrir negociados, como ha ocurrido con los fondos estatales desviados desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Como informó La Nacion, los 16 casos, que seguramente son sólo la punta de un iceberg, salieron a la luz al cotejar el listado de víctimas del terrorismo de Estado que el Gobierno elaboró en 2006 (y que constituye una actualización del informe que la Conadep había confeccionado en 1984) con las crónicas narradas en investigaciones, como el libro Operación Primicia, de Ceferino Reato, y otros similares, además de los testimonios que obran en Evita Montonera, la revista oficial de Montoneros, y Estrella Roja, el órgano del ERP.

La Secretaría de Derechos Humanos guarda un sospechoso silencio cuando se la consulta sobre las indemnizaciones que pagó el Estado a partir de las leyes de reparación promulgadas durante el gobierno de Carlos Menem. Este diario ha pedido en reiteradas oportunidades al Ministerio de Justicia y a aquella secretaría información para conocer cuánto dinero se pagó y cuántas víctimas y familiares percibieron la indemnización, pero no hubo respuestas.

En total, el Estado habría pagado entre 1700 y 1900 millones de dólares en concepto de indemnizaciones que rondarían los 220.000 dólares cada una.

Por curioso que parezca, en esos trámites no interviene la Justicia. Sería muy importante obtener la lista completa de beneficiarios para poder cotejarla con los datos existentes, porque esta peculiar manera de indemnizar sin control judicial, y con estos 16 casos que deberían haber resultado inadmisibles, se puede prestar a grandes negociados.

Es de esperar que las arbitrariedades a que nos referimos sirvan, colateralmente, para iniciar un necesario cambio de posición con el fin de que, de una vez por todas, se ponga fin a la injusticia que padecen las víctimas de las organizaciones guerrilleras y sus familiares. No se trata sólo de una consideración humanitaria. Hay jurisprudencia y tratados internacionales que avalan los solitarios reclamos de esas víctimas y de sus familias.

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