Diferencia salarial docente

Las notorias desigualdades existentes en el financiamiento educativo según las jurisdicciones hacen necesaria una reformulación de nuevas políticas integrales
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2 de julio de 2013  

Nuestro sistema educativo está afectado por diferencias notorias que convierten el principio de la igualdad de oportunidades en un enunciado meramente ideal, distante de la realidad, a pesar de la obligación que marca la ley nacional: "Asegurar una educación de calidad y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales". Ahora bien, las desigualdades existentes en el plano del financiamiento educativo en las distintas jurisdicciones originan a su vez desigualdades de calidad en los recursos de la enseñanza a la cual acceden niños y adolescentes. Esa misma causa afecta la composición salarial docente con sus consecuentes efectos adversos.

La cuestión salarial de maestros y profesores, y sus periódicas crisis, lesiona el curso regular de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes, cuestiones bien tratadas en la Radiografía de la educación argentina , de Axel Rivas, Alejandro Vera y Pablo Bezem. En 1990 se produjo una inflexión de la curva descendente al sancionarse la ley del incentivo docente, que creó un fondo nacional para modificar esa situación injusta, aunque tempranamente el incremento de recursos fue absorbido por la reforma educativa de 1993, situación corregida en 1999, al dar prioridad al salario docente dentro de la inversión educativa. Luego sobrevino la crítica etapa de nuestra economía de 2002 y al año siguiente se reanudó la recuperación salarial del educador que se prolongó durante la primera década de esta centuria, para replantearse en los últimos tiempos el desnivel agudizado por el aumento del costo de la vida.

Las políticas de mejoras pierden consistencia cuando se comparan las diferencias que se presentan entre los sueldos docentes de las distintas jurisdicciones. Esas desigualdades se relacionan con una diferente capacidad fiscal de las provincias, fruto de la desigual coparticipación de los recursos federales, tema examinado en un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En ese trabajo, al medir la coparticipación en las distintas jurisdicciones, se destacan las notables diferencias entre las que más recursos reciben y las que menos reciben por habitante: así, por ejemplo, Tierra del Fuego, $ 14.954, y Santa Cruz, $11.343, y, en el extremo opuesto, la CABA, $ 1073, y la provincia de Buenos Aires, $ 2103, también por habitante.

Esa revisión de algunos datos relevantes muestra la necesidad de reordenar con equidad la transferencia de recursos federales que dispone el gobierno central y asimismo plantea una necesaria reflexión. El incremento del presupuesto educativo al 6 por ciento del PBI (establecido por ley) ha sido una buena noticia para el país. Este incremento se ha destinado a aumento salarial docente, lo cual puede ser una medida acertada en un plan integral de mejora de calidad educativa. Lamentablemente, esto no ha sido así. En la última década, las pruebas muestran que los alumnos argentinos no reúnen los saberes mínimos en lectura, matemáticas y ciencias. Tanto las diferencias salariales docentes como las desigualdades regionales requieren nuevas políticas y la acción de nuevos líderes de la educación que corrijan estos desajustes.

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