Dirigismo periodístico

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires han cometido una evidente equivocación al lanzarse a opinar públicamente sobre el mayor o menor acierto con que los medios periodísticos del país han cubierto la información relativa al conflicto entre el campo y el gobierno nacional. Al proceder de ese modo, quienes conducen los destinos de esa casa de altos estudios han demostrado un preocupante desconocimiento del respeto que debe inspirar a los órganos del Estado la misión del periodismo independiente en un país comprometido con la causa de la democracia y con el respaldo irrestricto a las libertades de pensamiento y de expresión. Es desalentador que la institución educativa consagrada a la tarea de formar a los futuros profesionales del periodismo se haya sometido en este caso tan rígidamente a los deseos y a las instrucciones de un gobierno cuya tendencia al autoritarismo y a la intolerancia es sobradamente conocida.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ha desmentido, así, la tradición de independencia que fue, en todas las épocas, uno de los honrosos y frecuentes timbres de honor de las universidades públicas argentinas. Desde los días memorables de la Reforma Universitaria de 1918, los claustros universitarios de nuestro país se han mantenido a saludable distancia de los sectores del poder político y han rechazado las directivas -muchas veces unilaterales y arbitrarias- que los sucesivos gobiernos pretendieron imponerles. Si se repasa la historia política del país, se advierte que nada distinguió tan claramente a nuestras universidades públicas como la dignidad y la firmeza con que supieron casi siempre enfrentar a los sucesivos gobiernos autoritarios que gobernaron a la Nación con intenciones hegemónicas, tanto a los que poseían legitimidad popular como a los que provenían de golpes militares.

Faltan a la verdad los que aseguran que la información surgida de los órganos periodísticos en la cuestión agropecuaria se ajustó, en estos días, a un discurso único o a un interés uniforme vinculado con un determinado sector económico. De ninguna manera fue así. Tanto en la prensa gráfica como en el periodismo electrónico, unos medios adoptaron una postura decididamente coincidente con la del Gobierno y otros se identificaron, en cambio, con la posición defendida por el sector rural. Y eso es justamente lo que cabe esperar de un periodismo independiente en el que están representadas las más diversas corrientes y los más diferentes matices de opinión.

La libertad de prensa se define, más que nada, por la multiplicidad y variedad de opiniones y criterios que aparecen reflejados en las columnas de los distintos medios. Una sociedad en la cual los organismos dependientes del Gobierno interfieren en los debates informativos a fin de asegurar una versión de los hechos que conforme y satisfaga a quienes ostentan el poder político contradice abiertamente los principios de libertad y pluralismo que exige la democracia. El Estado no debe reprobar ni aplaudir a los medios del periodismo independiente: su misión es aceptar la pluralidad de informaciones y opiniones que conviven en la sociedad y que se expresan a través de los diferentes órganos de prensa. No corresponde que el Estado -ya lo dijimos otras veces en esta columna- establezca mecanismos de seguimiento y vigilancia de los medios periodísticos, tendientes a controlarlos o a refutar sistemáticamente sus prédicas o sus puntos de vista. Pero menos aún corresponde que esa función sea cumplida por una Facultad de Ciencias Sociales que tiene la importante obligación de formar a los futuros hombres de prensa y que debería abstenerse, por lo tanto, de intervenir en los debates relativos a las cuestiones mediáticas y políticas más candentes de la actualidad. La misión de esa facultad es otra. Su deber es impartir la formación cultural y profesional de quienes aspiran a adquirir conocimientos en materia de comunicación social, estimulando en todos los casos la diversidad y el pluralismo informativo. De ningún modo es deseable que el Estado aliente políticas favorables a la imposición de controles informativos directos o indirectos y mucho menos que dedique a esos menesteres a sus facultades de periodismo y ciencias sociales.