Drogas y despenalización: otra cortina de humo

No es la primera vez que el gobierno nacional intenta por medio de sus representantes en el Congreso avanzar en una ley de despenalización del consumo de drogas. Y, precisamente, porque no es la primera vez, la pregunta que vale hacerse es por qué se insiste en una cuestión que no encuentra consensos en nuestra sociedad, ni siquiera dentro del propio bloque del oficialismo, que, en esta oportunidad, cuenta con el visto bueno de la Presidenta para flexibilizar la actual legislación. Para ello, Cristina Kirchner encargó al sacerdote titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, que trabaje en la propuesta con la indicación de que quiere verla convertida en ley antes de fines del corriente año.

No quedan muchas otras interpretaciones en torno a semejante urgencia, que no sean generar otra densa cortina de humo que tape, o al menos disimule, la grave caída del empleo y de la producción; el constante agravamiento de la situación penal del procesado vicepresidente de la Nación; la absurda pelea con los holdouts basada en el desconocimiento por parte del país de los contratos que él mismo suscribió; la creciente inflación; la inseguridad; los aprietes e intentos constantes de sometimiento a ciudadanos, empresarios, periodistas y medios de prensa, y, muy especialmente, el procesamiento por parte de la justicia de ex funcionarios kirchneristas de primera línea, acusados de haber ingresado en el país materias primas destinadas a la fabricación de drogas, a las que dieron un destino distinto del declarado oficialmente, valiéndose incluso de contactos telefónicos que complican hasta a la propia Casa Rosada.

Ese sentido oportunista, habitual en el kirchnerismo, se remonta también a la elección del padre Molina como titular de la Sedronar, tras nueve meses de haber mantenido acéfala esa secretaría cuya finalidad es combatir el cada vez más extendido flagelo de la droga en el país. Cristina Kirchner lo ungió tardíamente, recortándole facultades, y como respuesta inmediata a un crítico documento de la Iglesia que denunció el avance del narcotráfico y la complicidad del Estado.

No puede esperarse más que un nuevo fracaso de una eventual ley de despenalización si el Gobierno sólo la entiende como un remozado intento por recuperar la iniciativa política y no como un debate de fondo que el país merece darse en torno a las principales víctimas de las adicciones a las drogas: los jóvenes y sus familias, a quienes la liberación de su uso sumirá aún más en el infierno del que el Estado nada ha hecho por sacarlos.

Hace muy pocos días, esa preocupación fue expresada durante la 168a reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que los obispos volvieron a alertar sobre los peligros que conllevan la despenalización del consumo de drogas.

El sacerdote Molina, cuyo mérito casi excluyente es ser amigo de la familia Kirchner, llegó a la Sedronar con la convicción de "no criminalizar al adicto a las drogas", sino que el Estado se focalice en perseguir a los narcotraficantes.

La intención de no criminalizarlos es compartida por buena parte del arco político, pero la mayor preocupación de quienes hoy se oponen a una despenalización del consumo radica en la inexistencia de políticas de prevención y en los nefastos efectos que ya está largamente comprobado que el uso de estupefacientes provoca en la salud de las personas, en las familias y en la sociedad. Entre otros, el consumo de marihuana, por ejemplo, produce consecuencias negativas en la memoria del trabajo y en la capacidad para retener información por cortos períodos, además de multiplicar la posibilidad de accidentes de tránsito. Sus efectos, especialmente en menores de 25 años, que es cuando termina de estructurarse el cerebro, son la principal causa de los trastornos en el aprendizaje, disminuyendo el rendimiento educativo y anulando la atención, lo cual implica una pobre evolución en los logros académicos, laborales y sociales.

El respetado National Institute of Drug Abuse (NIDA) de los Estados Unidos sostiene que aún no se sabe con seguridad si la marihuana es menos peligrosa que el alcohol o el tabaco –drogas legales y que ésa es precisamente la cuestión por tener en cuenta cuando se habla de despenalización. Los tremendos costos que significan los daños que hacen las drogas lícitas, que son muchos mayores que las ilegales, lleva a pensar realmente si es necesario legalizar otras más, se plantean los expertos del NIDA.

Otros especialistas critican que se diga que la legalización hará desaparecer o reducir el narcotráfico o el narcocomercio, del cual el narcotráfico es un eslabón. Consideran que son hipótesis ingenuas, insostenibles. Como también califican de absurdas las interpretaciones respecto de un menor consumo si éste está legalizado. El consumidor no se conforma con que haya fracciones despenalizadas. Eso es no entender la mente y la terrible necesidad de un adicto.

Por otro lado, no hay nadie que pueda afirmar con basamento científico que la despenalización o la tolerancia a las drogas baje los niveles de violencia. Son intentos imprudentes, más dirigidos a maquillar la impotencia de un Gobierno que no puede o no quiere desarmar la compleja trama delictual que se ha instalado en el país en torno al narcotráfico.

Recordemos la creciente cantidad de casos de bandas narcocriminales que actúan aquí asesinando gente a la luz del día. Traigamos una y otra vez a la memoria el atentado a balazos al domicilio del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti; las amenazas telefónicas a jueces y la infiltración narco en la cúpula de la policía de Córdoba. Volvamos sobre las palabras del ministro de Salud, Juan Manzur, cuando públicamente reconoció hace ya bastante tiempo que la Argentina es un país de consumo, además de tránsito.

Repasemos con qué desprejuicio e irresponsabilidad el Gobierno sacó a los gendarmes del cuidado de las fronteras para destinarlos a otras tareas, dejando esos límites territoriales como declaradas invitaciones para que los narcos desarrollen sus actividades en el país sin mayores obstáculos.

Releamos las informaciones y causas judiciales en las que se denuncia la cada vez más extendida red de pistas clandestinas y las eternas demoras en instalar radares en las fronteras, radares que, por otro lado, cuando se instalaron parcialmente sólo sirvieron para contar los vuelos ilegales, pero no para prevenirlos. Y qué decir del debilitamiento de los controles del Registro de Precursores Químicos, que continúa en la órbita de la Sedronar, a pesar de que la lucha contra el narcotráfico pasó a Seguridad.

Entonces, ¿de qué prevención se habla cuando se propicia despenalizar a quienes reciben el fruto maligno de toda esa inacción y desidia oficiales?

Hoy la ley pena con prisión toda tenencia de drogas. Pero, a partir del fallo de la Corte conocido como "Arriola", de 2009, es inconstitucional castigar a una persona adulta por tener y consumir marihuana si ese acto no pone en peligro a terceros. A partir de esa sentencia, arreciaron las diferencias de interpretaciones, la policía sigue actuando bajo la ley que castiga al consumidor y una enorme cantidad de causas se siguen abriendo, aunque casi todas terminan en la nada.

Quien ha ido más lejos con este tema ha sido el secretario de Seguridad, Sergio Berni, al reclamar no sólo la despenalización del consumo, sino también la regulación por parte del Estado de la cadena de producción y de comercialización de todas las drogas, algo similar al caso de Uruguay, que recientemente despenalizó el consumo de marihuana, a contramano de una importante proporción de la ciudadanía que se declaró y se declara en contra de ello. Es más, el propio presidente José Mujica no ha demostrado apuro ni en reglamentar la norma –lo hizo fuera de plazo– ni en ponerla en práctica. Muy por el contrario, a sabiendas de que buena parte de los uruguayos reclama su derogación, se estima que la ley sólo estará plenamente en vigor cuando ese país sortee su próxima fecha electoral.

En nuestro caso, ¿estarán nuestras autoridades decididas, una vez más, a ir a contramano de los cambios de fondo que necesita el país en materia de narcotráfico y drogadicción? ¿Se animarán a alentar un debate sobre despenalización de estupefacientes a las apuradas y con el solo fin de desviar la atención?

Es de esperar que ello no suceda. El negocio del narcotráfico no puede ni debe seguir prevaleciendo por sobre la salud y el futuro de los habitantes de la Nación.