Educación inclusiva: nivelar es humanizar

Parecía que veníamos camino a superar un histórico prejuicio discriminatorio. Parecía también que habíamos incorporado el principio moral y legal que impone la educación igualitaria e inclusiva para todos, en todas las comunidades educativas. Sin embargo, nos sorprende la noticia de que el establecimiento Magno College, de Pilar remitió un mail sin firma a siete padres de niños con distintas discapacidades informándoles, “con el tiempo necesario para que puedan planificar la continuidad pedagógica de sus hijos en otra institución educativa”, que ya no podrían continuar su educación allí durante 2023.

Como era de esperar, los padres de Emanuel –quien padece síndrome de Hunter–, Pablo Basz y Doretta Di Palma, pidieron explicaciones al dueño del colegio. Sebastián Boix Mansilla adujo que, tratándose de una escuela privada, podía tener sus razones y que era él quien decidía quién se quedaba en la escuela y quién no. Preguntado acerca de cuáles serían dichas razones, informó a los padres de Emanuel que “su hijo baja la vara del curso y el nivel de la clase y lo que busca el colegio es elevar los estándares académicos. Yo quiero –agregó– que mi escuela se distinga por la excelencia”.

El niño cursaba desde hacía cinco años, con acompañante terapéutica y maestra integradora, sin otra dificultad que la propia y con gran beneficio para el curso.

No hubo argumento que convenciera a Boix Mansilla, pese a que los compañeros de Emanuel, toda su clase, pedía que no lo separaran del curso. Uno de ellos apeló a una excelente metáfora: juntos eran como un rompecabezas al que no podía faltarle una pieza. Una madre agregó que estaba convencida de que su presencia potenciaba y mejoraba a todos sus compañeros. Otro de sus jóvenes pares agregó, sobre la dificultad para comunicarse de Emanuel: “Él me enseñó que se puede hablar de muchas formas”.

Los padres hicieron la denuncia en el Inadi, lo que nos lleva a recordar dos casos de discriminación similares ocurridos años atrás que comentamos desde estas columnas. En ambos intervino la Justicia, reconociendo el derecho de los niños a recibir la educación y a no quedar excluidos.

Los casos mencionados fueron hitos en el largo y arduo camino que deben transitar los representantes de estos jóvenes en procura de un trato igualitario y no discriminatorio. El sistema escolar parecería no haber comprendido aún que el problema no es del alumno, sino de la institución educativa. Dicho esto más allá de las lamentables declaraciones del señor Boix Mansilla que confirmarían la presunción.

Mucho menos entiende este dueño de un colegio que su función no consiste en excluir del sistema a quienes “no dan el nivel”, sino en educar a todo el alumnado, porque todos somos iguales, al tiempo que todos somos diferentes. Implica enseñar que nivelarlos no es otra cosa que humanizarlos, y que tratarlos como tales es la enseñanza más valiosa que puede impartir la escuela. Claro que para poder enseñarlo los “dueños” deben haberlo comprendido antes. Nos referimos por extensión a los directivos de los colegios, los docentes, los equipos escolares y la comunidad educativa en su conjunto, sin que sea necesario que una autoridad escolar o la propia Justicia tengan que recordárselo imperativamente.

Una escuela no es una fábrica de autopartes. La excelencia no se mide con una regla de cálculo. Se trata de formar a los hombres del mañana, y es mucho más valiosa la enseñanza que hasta acá recibió cada compañerito de Emanuel que el hecho de que pueda o no recitar el teorema de Pitágoras.

Sí lo comprendieron en La Pampa, la primera provincia del país en incluir alumnos con discapacidad en colegios comunes, un proceso iniciado en 2003 que hoy la Unión Europea elogia y que debe replicarse sin demoras. Las escuelas especiales se reconvirtieron en espacios de apoyo y se sumaron docentes para acompañar al maestro de grado en el trabajo de integración. En ese espíritu, Fundación LA NACION junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Grupo Art. 24 han lanzado una campaña bajo el lema “Una sociedad inclusiva empieza en el aula”. Como en el abordaje de otros importantes temas, también en este caso incluyen una valiosa guía con tips para maestros y familias.

Es de esperar que el Inadi, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires o, finalmente, la Justicia pongan las cosas en su lugar, cumplan con los numerosos tratados internacionales en la materia y, si fuera necesario, se disponga una medida cautelar que obligue al discriminador a mantener el statu quo de los siete alumnos, ordenando su reinscripción para 2023 hasta que se resuelva definitivamente la cuestión, que descontamos les permitirá seguir concurriendo a su colegio hasta que concluyan su educación.