Educación virtual y marginalidad

Son numerosos y concordantes los estudios nacionales e internacionales que dan cuenta del profundo deterioro de la educación global como consecuencia de la falta de presencialidad en las escuelas durante la pandemia. Como es de suponer, esa lamentable situación es mucho más acuciante en los países menos desarrollados como el nuestro, en el que la educación a distancia tropieza con potentes dificultades que la hacen casi imposible en extensas regiones.

El propio gobierno nacional, mediante la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, ha publicado resultados de una encuesta destinada a generar información sobre la respuesta del sistema educativo durante la etapa que se conoció como Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abarcó desde marzo hasta empezado noviembre de 2020, prácticamente todo el año escolar. Ese trabajo arrojó que menos de la mitad de los hogares cuenta con acceso fijo de buena calidad en la señal a internet, que tres de cada diez hogares no tienen acceso fijo a la red, que el 27% accede solo por celular y el 3% no tiene internet de ningún tipo. En hogares con Internet fija, en tanto, la tercera parte tiene problemas en la señal. Pudo saberse, además, que el 53% no cuenta con una computadora exclusiva para uso educativo y que el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que asisten al sector estatal.

Según un informe del Banco Mundial sobre la situación educativa durante la pandemia en América Latina y el Caribe, debido al cierre masivo de establecimientos educativos, alrededor de 120 millones de niños en edad escolar habían perdido o corrían el riesgo de perder, a febrero de 2021, un año completo presencial del calendario escolar, con los graves impactos educativos y de todo tipo que ello implica.

Según ese estudio, la “pobreza de aprendizaje”, definida como el porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple, podría haber crecido del 51% al 62,5%. Esto equivaldría a 7,6 millones adicionales de alumnos en educación primaria “pobres de aprendizaje” en la región.

“Esta es la peor crisis educativa jamás vista y nos preocupa que pueda tener consecuencias graves y duraderas para toda una generación, en especial entre los sectores más vulnerables. Los gobiernos deben actuar en forma urgente para recuperar el terreno perdido y aprovechar la oportunidad para mejorar los sistemas educativos aprovechando nuevas tecnologías, opinó Carlos Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina.

La última inconsulta y polémica decisión del presidente Alberto Fernández de clausurar las clases presenciales durante 15 días en el AMBA y su periferia frente al crecimiento de casos de Covid y a la creciente demanda sanitaria, entre otros “pecados de ilegalidad” que conlleva el decreto, no solo da la espalda a los miles de alumnos que no tienen acceso a internet o a dispositivos que les permitan seguir cursando de manera virtual, sino que cierra los ojos frente a la dura realidad que midió su propio gobierno y que acaban de reforzar movimientos sociales que responden al oficialismo. Estos realizaron una encuesta sobre la educación a distancia entre más de 16.000 casos, en las 4400 villas de emergencia y barrios populares del país donde se asientan unas cuatro millones de personas.

Entre otros datos alarmantes, ese trabajo reveló que más del 18% de los encuestados dijo no tener ningún tipo de conectividad y que el 44,3% sostuvo que durante la pandemia estudió menos que cuando concurría a clases.

De manera desagregada, registró que alrededor del 70% de los sondeados solo pudo acceder al uso de WhatsApp y que apenas el 4,8% pudo usar algún tipo de plataforma educativa. Tuvo acceso a Zoom y a otros servicios de videoconferencia el 14,1% de esa población, mientras que apenas el 4,3% tuvo contacto con contenidos educativos por redes sociales.

Según explicaron esas organizaciones sociales, los mayores inconvenientes de los alumnos de las zonas más vulnerables para estudiar a distancia están directamente vinculados con la falta de dispositivos tecnológicos aptos para comunicarse y poder llevar a cabo las tareas. También, con el hecho de que en las casas donde existe algún dispositivo, este debe ser compartido por varios miembros de una misma familia y con que la conexión a internet no está disponible en muchísimas viviendas. Eso derivó, por ejemplo, en que los alumnos del 56% de esos hogares no pudieran cumplir con las tareas asignadas por los docentes.

Aquella decisión del Presidente fue celebrada, entre otros mandatarios por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien en su afán por restringir la circulación del virus, impulsó y apoyó el cierre de escuelas en su distrito, cuando está comprobado que la incidencia de las clases presenciales en la cantidad de contagios de Covid-19 ha demostrado ser muy baja, de alrededor del 1%, mientras nada se hace con el descontrol de los centros comerciales informales que se llenan de gente cada semana en buena parte del conurbano sin respetar protocolos de ningún tipo.

La contradicción es flagrante: por un lado, un Presidente que decide en soledad cortar las clases presenciales cuando no hay ninguna evidencia científica seria que diga que es allí donde el virus causa los mayores estragos. Por otro, una pléyade de mandatarios y gremialistas dispuestos a aplaudir las limitaciones a la educación presencial sin poder argumentar seriamente esa posición. Y, por otro, que muchos dirigentes del mismo sector del oficialismo que presionó al Gobierno para suspender las clases presenciales por la suba de contagios a nivel general, sean los que reclaman a las autoridades soluciones que reviertan esa dramática situación basados en el resultado de la encuesta que no ha hecho más que confirmar que, sin presencialidad, se deteriora el aprendizaje y se ensombrece aún más el futuro de toda una generación de chicos que están hoy en edad escolar.

A esa contradicción hay que sumarle la improvisación e imprevisión de las autoridades frente a lo que ya se presumía que ocurriría en nuestro país: la llegada de la segunda ola de la pandemia. Mientras en otros puntos del planeta se prepararon escuelas, se dedicaron recursos a asistir a las poblaciones de riesgo para que no quedaran fuera del sistema educativo un año más, se fortalecieron los canales de enseñanza y se empezaron a establecer estrategias para recuperar el tiempo perdido, nosotros parecemos habernos quedado en un peligroso estado de suspensión dominado por la politiquería, asistiendo a la lamentable actuación de ministros que por la mañana defendían la presencialidad en las aulas y, por la tarde, apoyaban las restricciones impuestas por el Presidente sin sentir que semejante indignidad es impropia de cualquier persona, pero más aún de un funcionario público.

Es de esperar que si el propio Ministerio de Educación de la Nación reconoció que cerca de un millón de alumnos perdieron contacto con sus escuelas durante 2020, se haga algo urgente para intentar revertir semejante despropósito, que no se soluciona con el simple hecho de repartir computadoras, incluso en zonas donde no hay conexión.

Como siempre insistimos desde estas columnas, se precisa de humildad, estudios serios, diálogos sinceros y productivos con vistas a la formulación de verdaderas políticas de Estado que pongan la mirada en el largo plazo. Es una generación de jóvenes la que está en juego.