Efectos de una norma ambigua

Aunque un millón de argentinos pueden estimarse como alcohólicos, la ley de lucha contra esa enfermedad fue modificada
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31 de julio de 2011  

Tras una encuesta realizada en 2010 por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) ha informado sobre la presencia en el país de un núcleo de un millón de personas entre los 16 y los 65 años que pueden estimarse como alcohólicos. Un dato obviamente penoso que, por una parte, convoca a promover el tratamiento del mayor número de enfermos, y, por otra, a prevenir de la mejor manera que nuevos adictos se agreguen a esa triste cifra.

Sin embargo, es igualmente penoso recordar lo que ocurre actualmente con la ley de lucha contra el alcoholismo vigente en nuestro país. Después de una inexplicable espera de doce años, se reglamentó en marzo de 2009; fue una buena noticia en un país donde más de 30.000 personas mueren anualmente por patologías asociadas con el alcohol, y alrededor de 4500 más, en su mayoría jóvenes, a causa de la siniestralidad vial producida por la ingesta excesiva de alcohol de los conductores.

Pero solo tres meses después, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner revocó su propio decreto anterior –aquel por el que había dictado que se reglamentara la ley de lucha contra el alcoholismo– mediante otro que sutilmente volvió las cosas al estado anterior a la ley, en lo referido a la permisividad total en materia publicitaria para las grandes firmas fabricantes de bebidas alcohólicas.

Si en el texto primero se especificaba que la prohibición alcanzaba a toda publicidad que fuera a emitirse en espectáculos públicos (deportivos, culturales o artísticos) con libre acceso a menores, ahora, según el decreto más reciente, sólo alcanza a aquellos contenidos principales que estén dirigidos a menores o público infantil, es decir, cuando se trate de un contenido explícitamente dirigido a los menores. Lo mismo ocurre con la publicidad relacionada con espectáculos en los que aparezcan deportistas, a cuya emulación, ya se sabe, es tan proclive el público infantil. Allí también volvió a quedar limitado el contenido a aquello que pudiera estar sugerido en dichos o conductas que lleven al consumo.

Lo que había estado dirigido en origen a impedir cualquier promoción del alcohol a menores en todo momento y lugar –tanto en el domicilio por vía televisiva y en horario de protección al menor como en encuentros deportivos, culturales, artísticos, etcétera–, ya no existe en esa legislación, porque las situaciones contempladas por el decreto posterior son tan hipotéticas que ninguna firma fabricante de bebidas alcohólicas caería en incitaciones tan burdas y riesgosas.

Ahora, conocidas las cifras que difundió la Sedronar, cabe preguntarse cuánta responsabilidad tienen esos cambios en el espíritu de una ley que estaba bien formulada. Una vez más, entonces, habrá que confiar en el rol vigilante que pueda cumplir la sociedad en la figura de los padres y los mayores de las familias para evitar que los jóvenes contraigan precozmente una adicción que, en su forma extrema, puede conducir al coma y a la muerte.

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