El acuerdo con el FMI

El trabajoso acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una nueva esperanza para enfrentar la aguda crisis de financiamiento que soporta la Argentina, pero no debe hacernos perder de vista que el objetivo central sigue siendo la recuperación de la confianza y que esta tarea es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad.

A la crítica situación actual se llegó después de varios años de indisciplina fiscal, con incrementos en el gasto público que el Estado no estaba en condiciones de solventar; de erogaciones en el terreno político que no se condicen con una sana administración; de políticas tributarias erráticas que no hicieron más que agravar el fenómeno de la recesión económica, y de una evasión impositiva que ha alcanzado niveles intolerables. En los últimos meses, el dramatismo de la crisis aumentó en virtud del brutal ascenso del riesgo país y de las tasas de interés, que han puesto al Estado argentino al borde del default y a la economía ante una virtual ruptura de la cadena de pagos.

La situación se ha agravado también por la importante caída en el nivel de los depósitos bancarios, que perdieron casi 9000 millones de pesos desde principios de julio hasta la semana última, y la disminución de las reservas del Banco Central, con los consecuentes temores acerca de una devaluación de nuestra moneda.

Como se puede observar, la crisis que sufre hoy la Argentina es financiera, pero, por encima de eso, es una crisis de credibilidad. A esa desconfianza de los mercados domésticos e internacionales ha contribuido en buena parte el incumplimiento de los ajustes en el sector público prometidos en distintas ocasiones por la dirigencia política. Basta recordar que, hacia fines de 1999, el Congreso de la Nación sancionó una ley de responsabilidad fiscal que preveía un descenso progresivo del déficit y que un año después se firmó un pacto entre los gobiernos nacional y provinciales por el cual éstos se comprometieron a una fuerte reducción del gasto público. Ninguna de las dos iniciativas se cumplieron efectivamente.

La única oportunidad para regenerar la confianza en un país que viene viviendo de prestado porque lo que recauda no llega a cubrir lo que gasta es cumplir la regla de déficit cero rigurosamente.

No es ésta, por cierto, una empresa sencilla, teniendo en cuenta la resistencia que despierta entre no pocos caudillos políticos, sobre todo a tan poco tiempo de realizarse elecciones nacionales. No se advierte, sin embargo, en quienes resisten el ajuste una propuesta alternativa clara. Podrá hablarse, desde luego, de la necesidad de cimentar una estrategia de crecimiento, pero nadie puede ignorar que su instrumentación no puede obviar la reconstrucción de la credibilidad institucional y que ésta sólo comenzará a lograrse cuando se advierta una firme voluntad política para iniciar una nueva era, con finanzas públicas equilibradas.

Las señales no sólo deben provenir de la dirigencia política, sino también de vastos sectores de la sociedad, que algunas veces no parecen reaccionar a la altura de las dificultades que vive el país. Uno de los muchos ejemplos es el representado por los grupos sindicales que convocan a la huelga en el sector público, levantando consignas que en algunos casos pueden resultar legítimas, pero que en muchos otros sólo apuntan a la persistencia de verdaderos nichos parasitarios que, en los últimos años, han tenido un costo insostenible para el conjunto de la sociedad y que han terminado ahogando al sector privado al forzar el imparable encarecimiento del crédito.

Es de esperar que el acuerdo con el FMI traiga la necesaria tranquilidad que permita detener el creciente proceso de desconfianza que viene retroalimentando la recesión económica y que los distintos sectores de la sociedad, empezando por la clase política, estén esta vez a la altura de las graves circunstancias.