El acuerdo por YPF y una muy tardía rectificación

Le llevará mucho tiempo a la Argentina recuperar la confianza perdida tras la brutal expropiación de las acciones de la petrolera en manos de Repsol
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28 de noviembre de 2013  

El acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y Repsol, acerca de una compensación por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que se hallaban en manos de la empresa española, representa una muy tardía rectificación que tal vez ayude a morigerar sólo algo del desprestigio ganado por nuestro país en el mundo, como consecuencia de una medida que resultó violatoria del derecho de propiedad y de la seguridad jurídica que reclama cualquier inversor extranjero.

Cuando en abril del año pasado, fue anunciada la apropiación de la mayoría accionaria de YPF por parte del Estado, señalamos desde esta columna editorial que más que de una expropiación debía hablarse lisa y llanamente de una confiscación violatoria de la Constitución. Es que nuestra Ley Fundamental establece con absoluta claridad que la propiedad es inviolable y que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada, algo que no ocurrió en este caso.

Resulta imposible olvidar la forma patoteril en que representantes del gobierno argentino se hicieron presentes en la sede de YPF y obligaron a los ejecutivos españoles a desalojar el edificio, sin orden judicial y exhibiendo un simple decreto de necesidad y urgencia, que hasta ese momento ni siquiera había sido tratado por el Congreso. Tampoco serán fáciles de olvidar las palabras del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, en el sentido de que Repsol no tendría derecho a indemnización alguna, al tiempo que otros funcionarios hacían gala de que la compañía española hasta tendría que indemnizar al Estado argentino por ser responsable de un proceso de vaciamiento y desinversión, y de eventuales daños ambientales. Horas atrás, el propio Kicillof debió volver sobre sus dichos y aclarar que "el pago a Repsol será justo y razonable".

La actitud plagada de soberbia y de ilegalidad del gobierno argentino en abril del año pasado mereció severas críticas en distintos rincones del mundo, donde se habló de actos de patoterismo y hasta de "piratería" por parte de la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

Diferentes medios periodísticos internacionales no se privaron de comparar el autoritarismo y la arbitrariedad del gobierno argentino con rasgos propios de la Venezuela chavista. Del mismo modo, miembros de 30 países del Parlamento Europeo condenaron el "asalto a la legalidad internacional" por la expropiación a Repsol, empresa que no dudó en iniciar acciones ante el Ciadi.

Es muy difícil estimar cuántos años tardaremos en recuperarnos del grave daño a la imagen sufrido por nuestro país. Puede decirse que, como mínimo, se ha perdido el año y siete meses transcurrido desde la brutal expropiación, período en el que la capacidad para atraer inversores del nuevo CEO de YPF, Miguel Galuccio, chocó con la desconfianza del mundo en la Argentina. Pero es probable que las consecuencias se extiendan por bastante más tiempo, aun cuando alguien pueda pensar que el yacimiento de Vaca Muerta pueda seducir a numerosos inversores internacionales.

En el ínterin, el déficit energético de nuestro país continuó creciendo hasta cerca de 6000 millones de dólares en lo que va del año, al tiempo que el país exhibe un estancamiento en la producción de los principales combustibles.

A esta situación, la Argentina deberá sumar nuevo endeudamiento por el pago de los aproximadamente 5000 millones de dólares que se comprometerá a pagarle a Repsol en concepto de compensación por la expropiación de sus acciones en YPF.

Es de esperar que este giro del Gobierno, que representa un gesto de sensatez más allá de las contradicciones discursivas de sus funcionarios, sirva de punto de partida para recomponer una confianza internacional que fue perdiéndose en forma cada vez más acelerada durante los últimos años, en los que, a las innegables debilidades del modelo económico kirchnerista, se sumaron severas restricciones a la libertad económica y una exacerbación de la tensión entre las autoridades gubernamentales y las empresas, que hizo que la Argentina perdiera cada vez más terreno dentro de América latina como eje de interés de los inversores extranjeros y también locales.

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