El ajuste a los jubilados y la realidad de un sistema fundido

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12 de noviembre de 2020  • 01:20

La dirigencia argentina debe abandonar los relatos populistas y debatir la reforma profunda de un régimen previsional que es cada vez más inviable

La nueva fórmula propuesta por el gobierno de Alberto Fernández para ajustar las jubilaciones en función de una variable de actualización que contempla la variación de los salarios y la recaudación de impuestos que van a la Anses, y que dejará de tener en cuenta la inflación, ha despertado airadas controversias, al tiempo que puso una vez más de manifiesto el agotamiento de los relatos populistas y de las promesas electorales.

Es más que probable que, con las actuales proyecciones económicas, que dan cuenta de que la elevada inflación de este año se acrecentará en los próximos meses, los jubilados vuelvan a perder poder adquisitivo de sus ya históricamente magros ingresos. Y no puede menos que llamar la atención que quienes protagonizaron a fines de 2017 ruidosas movilizaciones, que casi terminan con el incendio del Congreso, hoy acepten complacidos esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La hipocresía y la mentira de algunos dirigentes y funcionarios actuales no puede sorprendernos. El sistema previsional ha sido durante muchas décadas una variable de ajuste para paliar gigantescos gastos del Estado que terminaron solventando los aportantes con haberes jubilatorios vergonzosos en función de las contribuciones efectuadas a lo largo de su vida laboral. Los fondos de la seguridad social fueron con frecuencia una monumental caja de la que, en distintas épocas, se sirvieron discrecionalmente los políticos para hacer frente al déficit fiscal derivado de la irresponsabilidad y de la corrupción del sector público. El kirchnerismo lejos ha estado de ser la excepción.

En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner mintió y estafó a los aportantes cuando el Estado confiscó los dineros depositados en administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que funcionaban desde la reforma previsional de 1993. Se pudieron haber solucionado los defectos del sistema privado de jubilaciones con algunos retoques, que incluyeran una baja de las elevadas comisiones que cobraban las AFJP a sus afiliados; sin embargo, las autoridades optaron por incautar los fondos y por pasar a todos sus aportantes al régimen de reparto estatal, que se tornó aún más inviable.

Por si esto fuera poco, el anterior gobierno kirchnerista puso en marcha dos moratorias que aumentaron en alrededor de cuatro millones de personas los beneficiarios de jubilaciones, con la particularidad de que la mayoría de ellas no habían contribuido jamás al sistema previsional o no habían efectuado los aportes de ley en forma completa. Su resultado fue un achatamiento de la pirámide, y gran número de jubilados pasaron a percibir un haber mínimo o cercano al mínimo, que derivó en miles de juicios contra el Estado.

La discusión de hoy no debería pasar solo por cómo recomponer los haberes previsionales, sino también por cómo devolverle sustentabilidad a un sistema que, con un gasto público desbordado y la irresponsabilidad de varias generaciones de dirigentes, está fundido.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el porcentaje de personas mayores de 65 años por cada 100 entre 20 y 64, pasó del 20% al 31% en las últimas cuatro décadas, y seguirá creciendo hasta el 58% hacia el año 2060. Este fenómeno se replica en la Argentina, por el efecto del crecimiento en la expectativa de vida, al tiempo que la relación entre el número de retirados y el de trabajadores que aportan a la seguridad social se acerca peligrosamente a 1 a 1. Se trata de una situación que el alto porcentaje de trabajadores en la informalidad, que se estima en más del 40%, ha contribuido a agravar. Promover la generación de empleos registrados es otra forma de mejorar la ecuación, aunque hoy parezca improbable ante la incapacidad oficial para alentar la inversión.

Se ha acabado el tiempo de engatusar a la llamada clase pasiva con falsas promesas de aumentos jubilatorios. No hay margen para el populismo ni para esconder la realidad. El Gobierno y la oposición deberán admitir que el sistema previsional argentino es insostenible y que requiere la búsqueda de un amplio consenso para modernizarlo y darle la sustentabilidad necesaria, a través de una profunda reforma.

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