El compromiso ético digital para las elecciones

Es de destacar el acuerdo de partidos políticos ante una convocatoria de la Cámara Nacional Electoral para no influir indebidamente en los electores
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7 de junio de 2019  

No hay demasiadas ilusiones sobre la posibilidad de que se cumpla al pie de la letra el compromiso ético digital de cara a las elecciones , acordado por los 39 partidos políticos con personería en todo el país ante una convocatoria de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Nuestro escepticismo, compartido por la mayoría de los actores en el escenario público, se funda en los antecedentes que comprometen la conducta de esos mismos partidos en los procesos electorales de 2011, 2013, 2015, 2017 y, más todavía, por las conjeturas de lo que serán esos comportamientos en la campaña electoral. No hay inocentes en todo esto que puedan tirar la primera piedra, y menos cuando las expectativas adelantan que la lucha a través de las redes sociales será encarnizada y hasta decisiva para los resultados.

De modo que no queda por ahora sino celebrar el espíritu por el cual la CNE reunió a políticos, a organizaciones de prensa, como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), y a representantes de plataformas y redes sociales con el fin de dejar sentado, por un lado, el interés por preservar la integridad de los procesos electorales que abarca un concepto más amplio que el de legalidad. Por el otro, que alguien debe hacerse cargo de que el derecho de votar, ínsito en un sistema institucional representativo y democrático, no debe ser menoscabado por confusión deliberada o influencia indebida en la voluntad de los electores.

Sobran indicios basta recordar operaciones digitales indebidas durante los prolegómenos del Brexit o en las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos de que no será sencillo desarticular la instrumentación engañosa que las nuevas tecnologías de la información facilitan para captar votantes. La malversación informativa es un fenómeno de consecuencias gravísimas: afecta, como bien dijo la CNE, el derecho constitucional de acceder y difundir información, y pone en juego la garantía de la libertad de expresión.

Respaldándose en la tesis del gran juez que fue Carlos Fayt, los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, integrantes de la CNE, recordaron que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Lograron así convencer a quienes serán protagonistas de la campaña en ciernes de promover en sus respectivos ámbitos la honestidad del debate democrático y a mitigar los efectos de la divulgación de informaciones falaces.

No fue menor, tampoco, la importancia de haber vencido alguna resistencia inicial de los grandes operadores de internet y de haberlos inducido a reconocer "la complejidad y tensión que puede existir en los procesos electorales", comprometiéndolos a colaborar para que se respeten los valores democráticos en la puja comicial.

Las resonantes trampas y engaños que se cometen, minuto a minuto, por redes y plataformas contaminan tecnologías que no fueron concebidas en su origen para funcionar como medios de comunicación, tal el caso de WhatsApp, por ejemplo. Firmaron el compromiso que comentamos Facebook, Twitter y Google, pero los voceros de WhatsApp han insistido en que se trata de un sistema de mensajería privada y encriptada destinada a conversaciones personales.

En un país sin legislación suficiente para cubrir todas las derivaciones de esta novedosa materia, la Cámara Electoral ha tenido el mérito de dar el puntapié inicial. La circunstancia de que en el lanzamiento público del compromiso ético digital que ha promovido hayan estado presentes los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Senado de la Nación auguran que dos instituciones de suma relevancia se involucren en debates que están resonando en el mundo.

Se achican los espacios para que los grandes operadores de internet se declaren ajenos a responsabilidades por los contenidos que circulan en su ámbito o actúen como si ignoraran que el derecho de propiedad intelectual tiene desde antiguo, en casi todo el mundo, jerarquía constitucional.

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