El costo de atacar la corrupción

Con celeridad inusitada, el Superior Tribunal de Entre Ríos rechazó el amparo presentado por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. Dejó así a la funcionaria judicial a las puertas de su destitución a manos de un jury de enjuiciamiento al que Goyeneche le adjudica una abierta intención de separarla del cargo como castigo por haber avanzado contra el poder en una medida ejemplificadora para desalentar futuras investigaciones.

Goyeneche coordinó el equipo de fiscales que logró una condena de ocho años de prisión para el exgobernador provincial y exembajador en Israel Sergio Urribarri y lideró el grupo que investigó una gigantesca estafa en la Legislatura entrerriana, de alcances todavía desconocidos, que compromete, de mínima, al oficialismo local.

El máximo tribunal entrerriano se había negado originalmente a tratar el amparo de Goyeneche, pero la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pedido de la fiscal, le ordenó que analizara la presentación de la funcionaria sobre la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su rol acusador en el jury que se le sigue. En respuesta a esa orden, el Superior Tribunal rechazó el planteo de Goyeneche y sostuvo que no correspondía analizar el amparo. Otra vez, la justicia entrerriana se negó a tratar el planteo sobre la inconstitucionalidad de un jury que avanza.

Cabe recordar que en los fundamentos de la decisión del más alto tribunal del país por el que se ordenó fallar nuevamente al tribunal provincial se sostenía que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local [entrerriana] carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.

El viernes último, consciente de que su suerte ya está definida, la fiscal le pidió a la Corte que volviera a intervenir ante tan “evidente injusticia”.

Esta situación resulta altamente preocupante para la Justicia en particular y el Estado de Derecho en general. Es nada más ni nada menos que una grosera muestra del formidable andamiaje que protege en nuestro país a dirigentes políticos acusados –y en el caso de Urribarri– condenados por corrupción.

Goyeneche está segura de que la van a destituir. Sabe lo profundo que han calado sus investigaciones y que la causa que se le imputa para separarla del cargo –su relación con un acusado al que no hay pruebas de que ella haya favorecido– es a todas luces insustancial frente a la investigación de fondo que viene realizando.

“En Entre Ríos esta causa no está siendo tratada con herramientas jurídicas, no se respeta el derecho, sino que se actúa con un objetivo político claro: lograr la destitución y el disciplinamiento de los investigadores de corrupción”, dijo la fiscal a LA NACIÓN.

En apoyo de Goyeneche ya habían viajado a Entre Ríos representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la Argentina. El presidente de esa asociación, Alejandro Gullé, había dicho a este diario: “Estamos ante una situación de alta gravedad institucional. El mensaje que se está dando con esto es: si te metés con la corrupción, te va mal”.

La entidad del caso de Goyeneche es tal que trascendió las fronteras. El relator especial para la Independencia Judicial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, expresó su preocupación y reclamó que el país informe qué medidas se tomaron para asegurar un juicio justo a Goyeneche y para garantizar la continuidad de las investigaciones en la provincia.

Una instancia tan delicada como lo es un jury contra una fiscal anticorrupción debería estar exenta de cualquier duda sobre el respeto del debido proceso.

Como hemos afirmado recientemente, el caso de Goyeneche desnuda, una vez más, la desesperación de ciertos sectores del poder político por trabar las investigaciones sobre hechos de corrupción y pone de manifiesto, además, el creciente y preocupante estado de indefensión en el que se encuentran jueces y fiscales reacios a garantizarles impunidad a los gobiernos. La estrategia de cooptación de la Justicia persigue avanzar hacia la destrucción de la división de poderes como eje central de nuestra Constitución. Lejos de constituir un acto de justicia sería otro ajusticiamiento destinado a imponer disciplina por vía del miedo.