El costo del relato

El gasto del Gobierno en propaganda oficial ha aumentado 182 millones de pesos en el último día hábil de 2014 y no es un dato aislado: fue la cuarta ampliación presupuestaria decidida por el Poder Ejecutivo a expensas del Congreso. Las anteriores, también dispuestas por decreto, fueron en junio de ese año (210 millones de pesos), en julio (110 millones) y en octubre (300 millones). En total, el año último, el gobierno nacional dispuso de 1750 millones de pesos para la "difusión de actos oficiales", es decir, unos 5 millones de pesos por día.

Tanto la Presidenta, a mediados del año pasado, como el jefe de Gabinete tras conocerse las críticas a este último incremento del gasto en publicidad oficial, lo consideraron "ínfimo" comparado con lo que invierten las empresas privadas en publicidad, comparación que, por otra parte, no es válida. No es cierto que sea ínfimo y no lo es por varias razones. En primer lugar, porque ese dinero proviene de los aportes de todos los ciudadanos y no debe ser usado para propaganda del partido gobernante. En segundo término, porque representa apenas una parte del enorme paquete de fondos que el Gobierno destina a ensalzar su propia imagen, ya que a esos 1750 millones de pesos hay que sumar todo lo que anualmente se gasta en campaña oficial en Fútbol para Todos (costó más de 1400 millones de pesos en 2014), en Ficciones para Todos y Automovilismo para Todos, en Canal 7, Radio Nacional, Televisión Digital Abierta, Télam, los canales Paka Paka y Encuentro, DeporTV, la Anses, YPF, el PAMI y Aerolíneas Argentinas, entre otros "vehículos" útiles para que las autoridades refuercen su relato de la realidad.

Ese poderío comunicacional estatal convierte claramente al Gobierno en uno de los principales anunciantes del mercado, un mercado que además maneja a su antojo, privilegiando el reparto de la pauta oficial de manera absolutamente discrecional o generando cepos publicitarios en perjuicio de determinadas empresas privadas.

Otra forma de populismo está vinculada con las digitadas y costosas contrataciones de productoras, actores, músicos y cineastas, entre otros servicios profesionales, mediante el otorgamiento de beneficios y subsidios de los que no se rinde debida cuenta, a tal punto que ha debido ser la Justicia la que obligara en algunos casos a que se dieran a conocer las condiciones y los montos de contratos que se pagan con el dinero de todos los ciudadanos.

A esa perversa utilización de fondos públicos para fines electorales, confundiendo el Estado con el Gobierno, se debe sumar la aplicación interesada, selectiva y manifiestamente abusiva de la polémica ley de medios, que permite concretar a algunas empresas lo que prohíbe a otras firmas condicionando gravemente la libertad de prensa.

Baste enumerar tres datos concretos para comprender que nada tiene de ínfimo ese gasto estatal: aun si fueran sólo cinco millones de pesos diarios los que las autoridades destinasen a publicidad de los actos de Gobierno, ese monto equivale a 2.800.000 asignaciones universales por hijo por año, unos 7700 beneficios de ese tipo por día; si se sumaran los gastos de propaganda disimulados en distintas carteras, áreas y programas, superarían ampliamente los presupuestos anuales para 2015 de ministerios como el de Cultura, el de Industria y el de Turismo (unos 1800 millones de pesos promedio), y, según un informe de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia, LED (http://www.fundacionled.org), con la última reasignación de gastos para difusión oficial decidida en diciembre pasado, el costo del relato se incremento en 3811 por ciento respecto de 2003.

La manipulación de las cifras, si bien no es nueva, es cada día más grosera. Mediante el mecanismo de dividir los gastos para hacerlos aparecer menores, el Gobierno profundiza su ya marcado desprecio por el esfuerzo económico de todos los argentinos. Cabe preguntarse también de dónde salen los fondos de las costosísimas campañas electorales que despliegan por estas horas principalmente los candidatos del oficialismo.

Es fundamental que los ciudadanos controlemos el destino, la distribución y el uso de los fondos públicos. El kirchnerismo ha hecho y sigue haciendo un grave desvío de poder de los dineros del Estado en beneficio de la construcción del mayor aparato comunicacional al servicio de un Gobierno del que se tenga registro en nuestro país. Constituye otro atropello y otra burla al esfuerzo de todos los argentinos, pero, especialmente, al de aquellos que menos tienen.