El desafío de gobernar frente al loteo del poder

Que haya numerosas dependencias donde su titular y quien le sigue pertenecen a distintas fracciones del peronismo abre un desafío para la eficiencia de la gestión
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28 de diciembre de 2019  

Alberto Fernández ha asumido la presidencia de la Nación con múltiples desafíos. El primero es bastante obvio: dejar atrás una angustiante situación económica y social, con causas profundas y en algunos casos lejanas, que explican una inflación anual que ronda el 55%, un nivel de pobreza del 40% que aumenta en las capas más jóvenes de la sociedad, una tasa de desempleo superior al 10% y una abultada deuda pública generada principalmente por un déficit fiscal crónico, derivado de la errónea creencia de que el Estado puede gastar eternamente mucho más de lo que recauda. Pero la nueva gestión presidencial tendrá otro desafío, consistente en superar una grieta que divide a la sociedad argentina, para lo cual el primer mandatario deberá en forma permanente moderar, con un discurso democrático y republicano, la mirada autoritaria de sectores que integran la coalición gobernante.

Conciliar con muestras de tolerancia y respeto por el pluralismo el autoritarismo que aún pareciera caracterizar a la vicepresidenta de la Nación ayudará a modificar nuestra cultura política. El fraternal abrazo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri durante la ceremonia de traspaso del poder, en la Asamblea Legislativa, que contrastó con el gesto de desprecio de Cristina Kirchner hacia el presidente saliente, puede ser un buen ejemplo. Sin embargo, no alcanzará con gestos para dejar atrás la grieta social. Para que ello ocurra es imprescindible la existencia de un proyecto de país compartido por la inmensa mayoría de los argentinos, más allá de las diferencias partidarias o incluso ideológicas.

Alcanzar un consenso semejante resultará muy difícil cuando los odios y los resentimientos estimulados desde parte del propio poder político se imponen sobre el diálogo, o cuando quienes regresan después de cuatro años al gobierno exhiben actitudes propias de quien siente que viene a apoderarse del mismo Estado como si fuera un botín de guerra.

Ha llegado el momento en que las políticas de Estado para el bien común dejen atrás la vieja concepción de que el Estado es un instrumento al servicio de una clase política que persigue sus intereses particulares. Los consensos y la transparencia deben desterrar los privilegios y la corrupción, al tiempo que la profesionalización y la meritocracia dentro de la administración pública deben ser la regla y no ceder frente al clientelismo, el amiguismo y la acción de los cortesanos del poder.

La inusual configuración del nuevo oficialismo parte de un dato peculiar: quien hoy preside la Nación, antes de su convalidación por el voto popular, fue elegido por quien es su vicepresidenta. Ambas figuras representan diferentes estilos dentro de un espacio político en el que se viene perfilando un particular reparto o parcelamiento del poder, que consiste en formar planteles de funcionarios no basados en la idea de equipo, sino de favores extendidos a las distintas partes que sumaron sus esfuerzos para obtener el triunfo electoral (fracciones partidarias, movimientos sociales, sindicatos y mandatarios provinciales que comulgan con el actual oficialismo).

La práctica de premiar lealtades con cargos públicos es nociva básicamente por dos razones: porque le quita homogeneidad a la función pública y porque conspira contra la búsqueda de excelencia.

No solo Cristina Kirchner expresa el voto mayoritario del conurbano bonaerense y se ha quedado con los principales resortes de poder en el Senado. También controlará, a través de su hijo Máximo Kirchner, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, y ha obtenido importantes lugares en el gabinete ministerial y en otros órganos esenciales de la administración pública nacional. No obstante, la mayoría de los ministros expresan cercanía al presidente Fernández y no hay por qué pensar, como se ha insinuado en ciertos círculos políticos, que el Presidente será un títere de su compañera de fórmula; por el contrario, le sobran carácter y experiencia para que se lo pueda comparar con otras figuras que cumplieron ese triste papel en el pasado de la Argentina.

El hecho de que, en no pocos casos, el presidente Fernández haya optado por la configuración de ministerios "mestizos", donde el ministro y el viceministro pertenecen a distintas fracciones de la coalición peronista, abre también un desafío para la eficacia de la gestión y despierta no pocas dudas sobre la futura coherencia en la gestión. Se trata de un esquema que siguió en su momento Carlos Menem, cuando asumió la presidencia en 1989, y que también fue repetida por Fernando de la Rúa, en 1999; en ambos casos, con resultados que no fueron satisfactorios.

Desde ya, hubiera sido deseable que la integración del gabinete haya estado signada fundamentalmente por el principio de idoneidad antes que por lo que parece ser un loteo o reparto de espacios de poder, en función del peso específico de cada sector interno del peronismo en la coalición electoral triunfante.

Pero no puede desconocerse que la designación de sus colaboradores es una facultad exclusiva del presidente de la Nación y que, con su indudable experiencia en la función pública, Alberto Fernández sabrá muy bien qué es lo más conveniente en términos políticos. Es claro que el nuevo jefe del Estado ha privilegiado la necesidad de articular una convivencia entre los distintos sectores que apoyaron su candidatura y de tratar de evitar conflictos internos que puedan dejarlo herido a poco de iniciado su mandato.

Es de esperar que ni el resentimiento ni la venganza, ni el dogmatismo ni el sectarismo, tan propios del núcleo duro del cristinismo, se impongan sobre el criterio proclamado por el Presidente en su mensaje de asunción, cuando afirmó que "el sueño de una Argentina unida no necesita unanimidad ni mucho menos uniformidad".

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