El estado de la educación, también revelado en las PISA

Una vez más, los argentinos podemos comprobar con tristeza, frustración y preocupación crecientes que el nivel de calidad educativa en nuestro país sigue retrocediendo, ahora según los resultados que la Argentina obtuvo en la última prueba PISA, conocidos esta semana.

El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un serio y respetado instrumento de medición que se aplica cada tres años, a fin de establecer el nivel de los aprendizajes alcanzados por alumnos de 15 años pertenecientes a distintos países o ciudades del mundo. Los resultados permiten elaborar un ranking en función de los puntajes obtenidos por los estudiantes en tres áreas del conocimiento y habilidades del aprendizaje: matemática, comprensión de la lectura y ciencias. La correcta interpretación del sentido de la prueba PISA trasciende al ranking internacional, aunque éste por sí mismo genere un impacto. Importa y mucho la información que se desprende sobre el estado de la enseñanza media, su nivel actual y las demandas lógicas con relación al futuro de la escuela secundaria.

El actual informe corresponde a las pruebas tomadas en 2012 a 5900 alumnos argentinos, dentro de un universo total de 510.000. El puntaje promedio obtenido por nuestros adolescentes (388) los ubica en el puesto 59º, lo que supone un descenso continuado desde el año 2000, cuando alcanzó el puesto 35º, para luego declinar: en 2006, 51º; en 2009, 58º, vale decir, uno de los últimos puestos entre los alumnos de 65 ciudades y países que concursaron. Diferenciado por temas, el promedio de la Argentina es de 406 en ciencias, 396 en lengua y 388 en matemática.

Debe señalarse que, en ese declive de los rendimientos, los números obtenidos por los estudiantes de la Capital Federal fueron un poco mejor que los de la Argentina, pero no alcanzan para frenar la caída constante en el ranking. En la ciudad de Buenos Aires, el promedio fue: 418 en matemáticas, 429 en lengua y 425 en ciencia.

Los ocho países sudamericanos que participaron quedaron todos entre los últimos puestos. Chile, el mejor entre los participantes de América latina evaluados, quedó en el puesto 51º, y Perú, en el 65º, es decir, último en la tabla mundial.

Duele, sin duda, la constancia objetiva de un declive continuado en la calidad de nuestra enseñanza, pero ya no sorprende, porque hace tiempo que se vienen manifestando fallas y problemas que no han encontrado respuesta apropiada para su corrección. En ese conjunto de aspectos negativos podemos incluir los promedios de bajas calificaciones que, según las estimaciones del Ministerio de Educación, el año pasado afectaban al 45 por ciento de los estudiantes. Sabido es que ese pobre rendimiento se encadena luego con un alto número de repetidores y futuros desertores del sistema. Tan dura realidad se vincula con el crecimiento de la pobreza y la indigencia que han ahondado las brechas de desigualdad social que repercuten en el comportamiento de los alumnos, para quienes el principio de la igualdad de oportunidades es un enunciado vacío de verdad. Puede sumarse a esa consideración el hecho del avance de la matriculación en la escuela privada sobre la escuela pública, signo evidente de una opción determinada por una baja en la calidad y regularidad de los cursos en numerosos establecimientos estatales.

En esa decepción por la escuela oficial –tan apreciada en el pasado aquí y en el exterior? ha gravitado la frecuencia de las huelgas docentes, movidas por reclamos salariales en especial. Esas rupturas del ritmo de trabajo escolar y la pérdida de jornadas de clase han perjudicado no sólo el curso de la enseñanza y la consolidación de los aprendizajes, sino también la motivación de los adolescentes por el estudio, que se resiente con la ruptura de un ritmo de trabajo.

Lo enunciado no alude a males desconocidos, lo que ocurre es que no se corrigen. En esa realidad decadente, las medidas positivas se diluyen, como ocurrió con el mejor financiamiento de la educación de 2005 que no generó los avances esperados, ni tampoco los logró la reforma educativa que impuso la ley sancionada en 1993, que concluyó en un fracaso, en tanto que la ley nacional 26.206/06, que actualmente rige, es un programa por cumplir todavía no concluso.

El análisis de la situación actual conduce a diversas consecuencias. Las culpas sobre las fallas de nuestro sistema no dejan inocentes. Las autoridades que la planean y dirigen, los docentes que enfrentan la labor de ponerla en marcha y hacerla productiva en aprendizajes, los padres que deben estar aliados a la escuela para alentar a sus hijos al estudio, la comunidad educativa que tiene la misión de acompañar y ser útil al funcionamiento escolar, los alumnos cuyos ojos han de abrirse para comprender lo que la escuela puede dar en términos de presente y futuro y, por fin, la sociedad argentina y su misión de promover la escuela con inteligencia y tenacidad: todos estamos comprometidos y nos corresponde asumir que, tanto los éxitos como los fracasos educativos, tienen mucho más de un responsable. Si no hay conciencia de ello, persistiremos en la frustración.