El inviable sistema de jubilaciones

Desde hace varias décadas el sistema previsional argentino se ha mostrado desequilibrado. A partir de las cajas de jubilaciones con las que el sistema tuvo comienzo, se evolucionó hacia un régimen de reparto pretendidamente unificado, aunque desordenado y crecientemente deficitario. El balance entre aportes y prestaciones fue inicialmente positivo cuando por cada beneficiario las cajas recibían aportes de más de cuatro aportantes activos. Se recuerda cómo esos excedentes fueron capturados por el gobierno a fines de los años cuarenta, mediante el artificio de colocar títulos públicos que luego se licuaron con la inflación.

El envejecimiento de la población, el trabajo femenino y la ampliación del sistema cambiaron aquella proporción reduciéndola a menos de dos aportantes por beneficiario. La insuficiencia de los aportes genuinos obligó a recurrir a la recaudación de otros impuestos. Esta necesidad se hizo más evidente cuando, en 1995, se introdujo el régimen de capitalización, al cual se mudó voluntariamente un alto porcentaje de los aportantes activos. La masa ya existente de jubilados y pensionados, por el contrario, permaneció en el régimen estatal de reparto. Esto determinó un previsible incremento del desequilibrio, que debió ser resuelto derivando la recaudación de más impuestos nacionales. Esta necesidad iría reduciéndose con el transcurso del tiempo a medida que, por fallecimientos, se reduciría la masa de pasivos atendidos. Sin embargo, esa situación en la que el sistema de capitalización individual hubiera permitido que no se exigiera gasto estatal, no se alcanzó. En 2008 se suprimió ese régimen, y el gobierno de Cristina Kirchner se apropió de los aportes mensuales de quienes habían optado por el nuevo sistema. Además, confiscó los fondos acumulados, conformando el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ese momento, este fondo alcanzaba los 90.000 millones de dólares. Actualmente se valoriza en 51.000 millones, aplicados principalmente en títulos públicos argentinos y en créditos otorgados a proyectos de infraestructura de escasa o nula capacidad de repago.

Una reforma es necesaria. Tal vez deba comenzar por un aumento de la edad jubilatoria

Pero ha habido otras medidas que contribuyeron a incrementar el gasto y el desequilibrio previsional, tanto el que administra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) como el de los otros regímenes nacionales, como el de las fuerzas armadas y de seguridad. El factor de mayor impacto fue el de las moratorias que hicieron posible jubilarse a personas que no habían realizado todos o ninguno de los aportes requeridos. Por esa vía se acogieron a la jubilación alrededor de 3,5 millones de personas. Este número sigue creciendo. En el primer trimestre de 2022 el 65% de las jubilaciones otorgadas fueron para personas que se acogieron a esas moratorias. Y días atrás el kirchnerismo introdujo en el Senado un nuevo engendro de proyecto de ley tendiente a que se permita jubilarse con beneficio pleno a quienes, teniendo la edad, no alcanzaran los 30 años de aportes indispensables. Se trata de una iniciativa que ignora la situación de virtual quiebra del sistema previsional.

Se han creado varios regímenes diferenciales, como los de los trabajadores judiciales y los investigadores científicos. Subsisten 13 cajas provinciales que aún no fueron transferidas a la Anses y que suelen ser generosas en los beneficios otorgados. Cuando las provincias transfirieron las cajas a la Nación, las que no lo hicieron exigieron que el Tesoro cubriese también sus déficits para tener un trato igualitario. Y lo lograron.

Fuera de la Anses, hay unas 80 cajas profesionales, en general bajo legislación provincial. Reciben aportes propios, pero muchas de ellas gravan servicios, lo que puede asimilarse a un impuesto más. También deben observarse los regímenes de privilegio, cuyo exponente más notable es el de exministros, secretarios y subsecretarios. Hay casos de beneficios extraordinarios, como el de la actual vicepresidenta, que percibe cerca de 3,5 millones de pesos mensuales.

Gradualmente, se deberían generar mecanismos de ahorro y capitalización

Puede concluirse que el sistema de jubilaciones y pensiones de la Argentina es altamente complejo, matemáticamente insostenible e inequitativo, y requerirá crecientemente fondos del gobierno o la apropiación de otros impuestos. Se suman fallos judiciales, en su gran mayoría justos, aunque algunos reconocen derechos muy superiores a lo aportado. El actual sistema de reparto se financia en alrededor del 60% con aportes genuinos; el resto proviene de ingresos tributarios específicos o de aportes del Tesoro. Las jubilaciones y pensiones se ajustan trimestralmente de acuerdo con el promedio entre el crecimiento de los ingresos tributarios de la Anses y el índice de variación salarial. No hay licuación que el fisco pueda lograr con retraso de ajustes y tampoco sería justo que lo hiciera.

La inviabilidad presente y futura del sistema es cada vez más evidente y una reforma es necesaria. Tal vez deba comenzar por el aumento de la edad jubilatoria y su equiparación entre mujeres y varones. El aumento de la esperanza de vida impone esta consideración. Gradualmente, se deberían generar mecanismos de ahorro y capitalización. Lo que no se puede es seguir asfixiando a una sociedad con impuestos que tampoco resultan suficientes para sostener mínimamente a una castigada clase pasiva, posponiendo la introducción de los cambios que la nueva realidad impone. La mayor longevidad ha comenzado a abrir las puertas a nuevas oportunidades en aquellos sistemas económicos que han resuelto adaptarse.