El narcotráfico destruye todos los límites

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18 de agosto de 2020  • 00:00

Si la actividad económica sintió el duro golpe impuesto por la cuarentena, esta no impactó sobre el flujo de dinero que generan las mafias de la droga

El narcotráfico arrasa con la ley y con cualquier otro límite. Deja al Estado a la intemperie frente a un problema que se profundiza y gana complejidad, con tramas que atraviesan las fronteras del delito para extender sus raíces en una cultura asociada al narco, robustecida en medio de profundas debilidades sociales, perforada por una situación de crisis casi permanente, ahora acuciada por la pandemia.

Jóvenes nacidos y criados con autos lujosos y pistolas 9 milímetros en la cintura se consagran como modelo del triunfador que, aun con un poder fragmentado y momentáneo, son los que mandan en su territorio frente al "gil", como califican a cualquier persona que trabaje legítima y esforzadamente para ganar su sustento.

Esa clase de protagonistas regentean su zona de manera efímera y en permanente desenfreno, porque su vida es corta. Su carrera termina de manera abrupta, en la cárcel o con la muerte, sin esperanzas de alcanzar la posibilidad de un retiro "próspero" en ese rubro delictivo.

La historia de Jorgelina Selerpe, en Rosario, es un caso testigo. Junto a su exnovio Alan Funes, ambos procesados por asociación ilícita y tráfico de drogas, responden perfectamente a ese perfil.

Chipi, como la llaman, es la tercera generación Selerpe en el narcotráfico. Su abuelo Froilán y su padre, Jorge, fueron pioneros en la instalación de las primeras cocinas de cocaína en Rosario. Allí trabajaba su tío Domingo y también Rosa, la madre de esta joven, que se crio entre olores fuertes emanados de los bidones de ácidos clorhídrico y sulfúrico, éter y acetona, los precursores químicos que usaban para transformar domésticamente en cocaína la pasta base que les llegaba de Bolivia.

El rol del antiguo puntero político mutó en el narco, que es hoy quien habilita el ingreso pacífico al barrio, teje acuerdos de convivencia con la policía y controla parte del tejido social

Esta nueva generación de delincuentes muy jóvenes y violentos tiene, sin embargo, una matriz diferenciada respecto de sus antecesores. Estos chicos no conocieron la pobreza ni la marginación. Nacieron y vivieron en una situación acomodada, construida a partir del delito. El mandato heredado es seguir siendo el más malo del barrio. Y, sobre todo, desplegar ese poder cada vez con mayor violencia.

El Estado se encuentra hoy en desventaja para competir con ese submundo precario, pero al mismo tiempo robusto, que abandonó las sombras de la clandestinidad para infiltrarse en las grietas de una sociedad que recompensa con fascinación a esos oscuros personajes.

Si la actividad económica sintió el duro golpe impuesto por la cuarentena, esta no impactó sobre ese flujo permanente de dinero que genera el narcotráfico. "No hubo abstinencia durante la cuarentena, lo que prueba que el narcotráfico se adapta a cualquier circunstancia, muchas veces más rápido que la economía formal, porque tiene aceitados los mecanismos a nivel de organización", considera Horacio Tabares, autor del libro Drogas. Debate sobre políticas públicas y miembro de la asociación civil Vínculos.

La política entra de prestado, y muchas veces con consenso, en esos territorios dominados por el narcotráfico. El rol del antiguo puntero mutó en el narco, que es hoy quien habilita el ingreso pacífico al barrio, teje acuerdos de convivencia con la policía y controla parte del tejido social. El narcotráfico ha creado un Estado propio dentro del Estado.

La investigadora mexicana Lilian Paola señala en Las fronteras de la narcocultura que el narco no es solo una imagen identificada por el conjunto social, sino que pasó a ser una categoría social objetiva. Esta relación aparece en un escenario de alto nivel de impunidad e ilegalidad, que se configura en un orden que funciona en paralelo al del poder legitimado, con actores que juegan un mismo papel, tanto en el lado legal como en el ilegal. "La mezcla de impunidad, armas de fuego y la sensación de poder que los acompaña genera contextos de transgresión inadmisibles", advierte la especialista.

La relación detectada por la Justicia Federal entre el narcotraficante y puntero Daniel Celis con el exintendente de Paraná Sergio Varisco, que terminó con la condena del dirigente radical a seis años y seis meses de prisión, reveló cómo el vínculo se extiende por fuera del esquema de un negocio criminal que alcanza otros horizontes, como el despliegue territorial de la política.

El mayor peligro radica en que, dentro de este esquema, ambas puntas se necesitan o, peor aún, permite a las personas más vulnerables comprobar que muchas veces los narcotraficantes les proveen más "servicios" que el propio Estado.

El Estado formal, ese que nunca debió haber cedido espacios para terminar siendo reemplazado por el delictivo, llega con dinero a través de planes sociales. Pero no tiene ni capital propio ni decisión para enfrentar un problema que, como el del narcotráfico, trasciende ampliamente a una mera cuestión de seguridad pública. Nunca en nuestro país se ha podido avanzar en serio contra la narcocriminalidad. Una de las principales razones es que desde el propio Estado se teme que si se rompe ese esquema nefasto de poder delegado en las mafias se generen más tensiones que soluciones, sobre todo en los conurbanos más populosos, como los de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Las graves falencias de los Estados, en todos sus niveles de acción, quedan al descubierto y se hacen más visibles cuando la impunidad refrenda esa impotencia. Matías Dewey, sociólogo y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Rostock, Alemania, señala que no hay emprendimiento criminal que no tenga al menos algún grado de regulación del Estado. "La venta de protección es un mecanismo que permite la intervención gubernamental en sectores donde la autoridad formal del Estado se encuentra neutralizada", advierte en El orden clandestino: política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales.

"Cuando se mandan una cagada, que me venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias". La reveladora frase del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que el jefe comunal pretendió ridículamente minimizar, pone al descubierto cómo funciona esa estrecha relación entre política y delito.

Los peligrosos mecanismos de asociación y connivencia delictual son una constante, tal como se confirmó recientemente al desbaratarse la banda integrada por policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, abogados y funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal de Investigaciones Criminales Claudio Scapolán, quien reveló cómo funcionaba esta asociación ilícita.

Se concretó también la detención del fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, acusado de recibir coimas por anticipar y desviar pesquisas judiciales en beneficio de un complejo entramado que incluye a empresarios del juego y a miembros de la banda Los Monos.

Desde estas columnas hemos exhortado a que, antes de que sea demasiado tarde, los gobiernos afronten este dramático problema con políticas de Estado serias, consistentes y duraderas.

La situación es crítica y va camino de empeorar. Lo saben los especialistas, lo conocen los gobernantes y lo padecen los ciudadanos de bien. Es de esperar que, de una vez por todas, haya voluntad política para intentar derrotar esta otra pandemia, tan mortal como nociva, que está a la vista de todos.

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