El nombre Kirchner y el culto a la personalidad

Un proyecto de ley pide acabar con la práctica indiscriminada de ponerle a bienes públicos el apellido del fallecido presidente
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15 de octubre de 2014  

Aunque parezca paradójico a esta altura de la historia de la Argentina como país democrático, se hace necesario volver a resaltar ciertos conceptos básicos y elementales. Por ejemplo, que los bienes públicos son de todos y no de un partido o de una persona en particular. Concretamente, para aplicarlo a nuestra realidad de esta última "década ganada", que los bienes públicos no son "del kirchnerismo", como bien enfatizó la legisladora nacional por Pro Laura Alonso al presentar su proyecto de ley para regular las denominaciones de los bienes públicos.

La propuesta de este excelente proyecto es que sea el Congreso de la Nación el que tenga la facultad exclusiva e indelegable de definir los nombres para los bienes muebles e inmuebles del Estado, vías de circulación, obras, monumentos, espacios, universidades y eventos, con el objetivo claro de acabar con prácticas antidemocráticas, como "el culto a la personalidad, la acción pública guiada por la idolatría política, la confusión permanente entre Estado, partido y líder". También se recuerda que, por desgracia, en la Argentina no es novedad la inclinación por los homenajes en vida o sobre figuras políticas recientemente fallecidas para glorificarlas o utilizarlas ideológica o políticamente.

En efecto, esta nefasta "tradición" se ha manifestado hasta el cansancio en los últimos años y ha tenido prácticamente un solo nombre en mente y en boca: Néstor Kirchner. Desde su muerte, se desató una desenfrenada carrera por bautizar todo con su nombre. Como lo destacó en su momento este diario en un artículo, hay calles, avenidas, monumentos, plazas, barrios, escuelas, hospitales, puentes, gasoductos, torneos deportivos y hasta un aeródromo llamados Presidente Néstor Kirchner, Dr. Néstor Carlos Kirchner o Néstor Kirchner a secas. Santa Cruz es la provincia que lidera el ranking, como no podía ser de otra manera, debido a la grosera desproporción con que asignó fondos y obras públicas a lo que fue el feudo que utilizó como trampolín para luego intentar (debemos admitir que con cierto éxito) convertir en un feudo mucho más grande al país. Y no debemos dejar de lado, también, que en esta costumbre por la denominación indiscriminada, negativa costumbre, se sustituyó el nombre del general Julio Argentino Roca, dos veces presidente de la República, por el del ex presidente Kirchner en la avenida más importante de Río Gallegos cuando sólo habían transcurrido días de la muerte de este último.

A tanto ha llegado este despropósito, que existe un blog sobre el tema, en el que, gracias a aportes espontáneos, se contabilizan ya 140 espacios con el nombre de Néstor Kirchner (que incluyen hasta una pileta climatizada). Sin embargo, esto no es nuevo en la historia del partido gobernante. Baste recordar que en 1951, y por ley, se crearon las provincias de "Eva Perón" y "Juan D. Perón", en lo que hoy son las provincias de La Pampa y Chaco.

Justamente lo que busca el proyecto presentado por la diputada Alonso es no sólo poner límites a una práctica absolutamente antidemocrática como es el culto a la personalidad, característico de regímenes totalitarios –como ocurrió durante el gobierno de Mussolini en Italia, el de Stalin en Rusia o el de Mao en China o, más acá en el tiempo, el de los Kim en Corea del Norte, por citar sólo algunos ejemplos–, sino ampliar o hacer confluir anteriores normas sobre este tema. Existe un decreto ley 5158/55, ratificado por ley 14.467 de 1958, que estableció por primera vez –como cita Alonso– la prohibición de "rendir homenaje a personas vivientes con estatuas o monumentos, o mediante la designación con sus nombres de divisiones territoriales o políticas, calles, plazas y, en general, otros lugares o bienes públicos o privados".

La ética pública, valor republicano fundamental, no debe ser olvidada por ninguno de los funcionarios que ejerzan una responsabilidad en los ámbitos de gobierno argentinos. Sin embargo, esto es lo que viene ocurriendo reiteradamente, violándose sistemáticamente todas las disposiciones que reglan las posibilidades de imposición de nombres a sitios públicos de todo tipo. Por ello, es de esperar que este proyecto logre ser aprobado por unanimidad para hacer cesar una situación que no es razonable ni justa, desde el momento en que se arroga una representación del pueblo argentino para poner o quitar nombres de acuerdo con situaciones político-partidarias que, finalmente, serán pasajeras. Pero la sociedad también deberá estar atenta para que se cumplan estas leyes que protegen el pasado común de cualquier avasallamiento caprichoso y tiránico.

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