El plan de seguridad

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21 de abril de 2004  

El plan de seguridad anunciado por el gobierno nacional merece ser apoyado en líneas generales, al margen de algunas dudas que genera en torno de la transición hacia los cambios propuestos y sobre cómo se resolverán ciertas urgencias del cortísimo plazo.

Debe verse como un gesto positivo que, en el discurso que pronunció al anunciar el plan, el presidente Néstor Kirchner haya dejado de lado ideologismos estériles y haya llamado a las cosas por su nombre: "El delito es delito, sea de guante blanco, de derecha, de centro o de izquierda".

Más de una vez se ha señalado en esta columna la necesidad de consensos políticos y sociales amplios, que se traduzcan en auténticas políticas de Estado. Resolver el acuciante problema de la inseguridad, hoy por hoy la principal demanda de buena parte de la sociedad argentina, requiere justamente de una importante participación de todos los sectores. El plan de seguridad anunciado por el Gobierno llega sin haber estado precedido de ese diálogo tan necesario, sobre todo teniendo en cuenta que se propician medidas para el largo plazo; sin embargo, cabe esperar que esos consensos se logren en el Congreso de la Nación, donde sería provechoso escuchar a organizaciones no gubernamentales y a especialistas en el tema, con el fin de que las nuevas leyes que se derivarán del plan tengan un amplio respaldo social y político.

El proyecto oficial tiene como uno de sus ejes fundamentales la creación de una nueva fuerza federal de seguridad, que integrarán unos 6000 hombres de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval y constará de dos divisiones: una para investigaciones, que actuará en delitos complejos como narcotráfico, secuestros extorsivos, terrorismo y tráfico de armas, y otra que se llamará Fuerza Federal para la Paz, que se desenvolverá en áreas críticas a pedido del Consejo de Seguridad, que integrarán todas las provincias.

Esta propuesta genera algunas dudas porque la nueva fuerza especializada conviviría con otras cinco fuerzas federales, incluyendo a la SIDE, y resulta difícil no imaginar problemas de competencia. La idea de quienes insisten en que sería más conveniente constituir definitivamente una policía metropolitana para la Ciudad de Buenos Aires y que la Policía Federal pueda focalizar su labor en los crímenes federales debería ser considerada antes de conformar una nueva fuerza de seguridad.

La apertura de concursos para que los civiles puedan ocupar cargos de comisario y la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales aprueben o veten promociones es una medida que parece apuntar a dotar de transparencia a la policía y a elevar la hoy deteriorada confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden. Su éxito dependerá naturalmente de la forma en que se instrumente y de los requisitos que se le exigirán a cualquier civil para aspirar a puestos semejantes.

Varias de las iniciativas contenidas en el plan merecen un enfático apoyo. Entre ellas, cabe mencionar la reforma del Código Penal para que el delito de asociación ilícita se aplique tanto a delincuentes comunes como a funcionarios públicos; la puesta en marcha de programas de protección a testigos e imputados; el pase a competencia de los jueces provinciales de los delitos menores relacionados con el tráfico de droga; la disminución de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad penal de los menores, aunque en el contexto de otro plan de asistencia a la familia y recuperación de los jóvenes; la construcción de ocho cárceles que incrementen en un 50% la capacidad del sistema penitenciario federal; la realización de juicios rápidos, en no más de cinco días, para los detenidos sorprendidos in fraganti , y la limitación del beneficio de la excarcelación que determina el Código Procesal Penal.

Otro eje del plan es la reforma judicial que propicia la unificación en un único fuero de los juzgados federales de la Capital Federal, de instrucción, correccionales y en lo penal económico. Aunque poco tiene que ver esta iniciativa con el problema de la inseguridad, merecería ser evaluada, siempre que no esté oculta la intención del Gobierno de acumular poder erosionando el de los jueces.

En síntesis, el plan gubernamental podría ser criticado por ser excesivamente abarcativo y por la falta de instrumentos más concretos para paliar la delicada situación actual en el corto plazo. No obstante, resulta sumamente positivo que de una vez por todas pueda comenzar una discusión seria sobre las dificultades estructurales que padecen nuestras instituciones y nuestras fuerzas de seguridad con el fin de superarlas.

El éxito final de las medidas dependerá de la voluntad política para llevarlas a efecto, teniendo en cuenta que quienes las aplican son hombres -que, a veces, como en el reciente desplazamiento de un alto jefe policial y de los fiscales Pablo Quiroga y Jorge Sica, toman decisiones apresuradas-, y de la suficiente búsqueda de consensos que generen políticas de Estado, que alienten a una sociedad no pocas veces temerosa de denunciar hechos que están fuera de la ley a participar activamente.

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