El primer juicio oral contra Cristina Kirchner

Ensuciar al acusador y denunciar confabulaciones y persecuciones judiciales, políticas y mediáticas ha sido permanentemente la estrategia de Cristina Kirchner y de muchos de los exfuncionarios de su gobierno a quienes se les imputan delitos vinculados con la corrupción pública. Ha sido y es el recurso preferido de quienes se saben culpables.

Durante demasiado tiempo, los escándalos de malversación de fondos públicos, exacciones ilegales, negocios incompatibles con la función pública y asociaciones ilícitas enquistadas en la administración estatal han convivido con la impunidad. La iniciación, el martes pasado, del primer juicio oral y público por sospechas de corrupción contra la expresidenta de la Nación abre una esperanza de que, de una vez por todas, comience a hacerse justicia.

Cristina Kirchner está acusada de ser la cabeza de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado por un monto que, a valores de hace tres años, representaba unos 46.000 millones de pesos -hoy deberíamos hablar de al menos unos 100.000 millones de la misma moneda-, mediante el direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz, en favor de Lázaro Báez.

En diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de la exjefa del Estado, de los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Carlos Santiago Kirchner -primo de Néstor Kirchner- y del propio Báez, además de exintegrantes de la Dirección Nacional de Vialidad. La investigación reconocía como patrón inicial la adjudicación a este último del 80% de la obra pública vial santacruceña y había sido iniciada por una demanda del gobierno de Mauricio Macri, aunque desde 2008 diputados de la Coalición Cívica venían presentando denuncias que fueron desestimadas por la Justicia santacruceña. Se estima que el juicio oral y público que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, podría extenderse a lo largo de un año.

La empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, se constituyó en 2003 con un capital social de apenas 12.000 pesos y un año después, sin mayor experiencia, comenzó a recibir algunas de las 51 obras públicas que se le adjudicaron en el territorio santacruceño. Una idea de lo desproporcionado de estas concesiones es que, en los tres años y medio de la gestión presidencial actual, la empresa que más contratos de obras públicas obtuvo en todo el país llegó a apenas cinco. Y mientras el promedio de tiempo que una empresa que hacía obras de vialidad tardaba en cobrar era de siete meses por encima de los 60 días que corresponden por normativa, la empresa de Lázaro Báez recibía los pagos 25 días antes del vencimiento de ese plazo legal.

Los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, pudieron determinar que la mitad del medio centenar de obras que la Dirección de Vialidad le entregó al grupo de Báez no fueron concluidas, pese a lo cual el Estado pagó por las obras completas. También, que Báez era el único contratista que cobraba en término y al que no se le adeudaba dinero al término del mandato de Cristina Kirchner.

Otro de los aspectos que llaman la atención es que se haya derivado nada menos que el 12% del total de los fondos para obras de vialidad a una sola provincia, que representa apenas el 0,2% de la población argentina.

Entre los tantos ejemplos de estas escandalosas contrataciones figura el de la ruta nacional 3, que uniría Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia. Esa obra debía terminarse en tres años; nueve años después de adjudicada, en 2015, cuando asumió el actual gobierno nacional, solo se había construido un 30%. Relicitada la obra, se adjudicó a un precio equivalente a la mitad del que había obtenido Austral Construcciones.

Paralelamente a este juicio, el Poder Judicial viene avanzando en otras dos investigaciones, las de Los Sauces y Hotesur, relacionadas con parte de la presunta retribución que los Kirchner habrían recibido de Báez y de Cristóbal López mediante alquileres de departamentos y habitaciones de hoteles, y que cerrarían perfectamente el círculo de este esquema de corrupción del que se beneficiaban concesionarios de obras públicas y funcionarios.

Lo paradójico de la política argentina es que quien está acusada de ser la máxima responsable de la edificación de ese esquema sea quien hoy se propone, junto a su exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, como alternativa para solucionar los problemas de la Argentina, reivindicando una forma de gobernar que ha avalado el saqueo del Estado por el camino del autoritarismo y del alejamiento de los principios de transparencia que deben guiar a una república democrática.

No menos poderosamente llama la atención que el flamante candidato presidencial del kirchnerismo, quien hasta no hace mucho acusaba a su actual jefa política de pretender "subordinar la Justicia al poder político", hoy señale que Cristina Kirchner "es una víctima del sistema judicial" y amenace con "revisar sentencias" si llega a la Casa Rosada, cuando el Poder Ejecutivo carece de esa facultad.

Frente al proceso electoral que se avecina, es útil que recordemos que jamás podremos dejar atrás una crisis institucional y moral si seguimos apoyando a quienes fueron los primeros en promoverla, a quienes hoy defienden con cinismo su deshonesto accionar y pretenden convencernos de que la búsqueda de justicia es tan solo una conspiración planetaria contra ellos.