El proyecto de presupuesto

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27 de septiembre de 2005  

El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso el proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional para el año próximo, cuyo contenido lleva explícitas o implícitas las políticas que se propone llevar adelante en materia fiscal, cambiaria y financiera.

Previo a cualquier juicio sobre el proyecto debe entenderse que esta ley tiene un carácter distinto cuando se refiere a gastos que cuando proyecta recursos. Las partidas de erogaciones constituyen en cada caso una autorización para gastar, en tanto las cifras de recursos son un mero pronóstico que podrá concretarse o no.

Si se considera la necesidad siempre presente de contener el gasto, resulta conveniente que los recursos sean proyectados de la forma más prudente posible. Si hubiera un pronóstico excesivamente optimista que luego no se convierta en real ya no se estará a tiempo de corregir el gasto autorizado y entonces el resultado será peor que el presupuestado, y con consecuencias gravosas. Este riesgo es mayor que el de equivocarse en el sentido opuesto.

Dicho esto, puede afirmarse que las hipótesis macroeconómicas son prudentes y que este aspecto de la elaboración del presupuesto no es el que deba ser criticado. Sin embargo, la proyección de recursos será difícil de alcanzar debido a las serias dudas de que pueda sostenerse sin cambios el nivel actual de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios.

Esto es lo que postula el proyecto presentado, enfrentándose a la realidad de que los costos agrícolas han ido incorporando los aumentos de salarios y de precios, trasladados tardíamente luego de la devaluación.

La información disponible indica que la superficie sembrada de ciertos cultivos se reducirá como consecuencia de la aparición de márgenes negativos en las zonas de menor rendimiento o de mayor distancia de transporte. No se trata de evaluar la fortaleza política del Gobierno para resistir los reclamos de los productores, sino del daño que se ocasionará al país y a las exportaciones.

A la vista de esta circunstancia, resulta poco recomendable, además de escasamente creíble, que el alto nivel de las retenciones sea mantenido sin cambios durante todo 2006. Los ingresos proyectados con ese recurso respaldarán teóricamente el 60 por ciento del superávit primario previsto. Otro tributo distorsivo, el impuesto a las transferencias financieras, soportará el 40 por ciento restante. Es evidente el daño de este tributo sobre la bancarización y el control de la evasión, por lo cual -también en este caso- la decisión del Gobierno de no reducirlo genera, al menos, dudas que no son irrelevantes.

En la iniciativa presentada la semana última en el Congreso Nacional por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, no se expone ninguna reforma en el aparato estatal que pueda ser observada a través de reducciones del gasto. De hecho, éste crecerá un 13,7 por ciento en términos nominales, que equivale a un 4,2 por ciento real, sin considerar los servicios de la deuda.

Se proyecta para el año próximo un aumento de 6230 empleados en la administración nacional (equivalente a un incremento del 2,5 por ciento del personal) y un crecimiento del 15,3 por ciento del gasto por remuneraciones.

Algo más de la mitad del aumento de la partida salarial se explica por la vigencia durante doce meses de aumentos que se han aplicado durante plazos menores en el ejercicio vigente. En lo que va del segundo semestre del año actual se otorgaron mejoras que van del 23 por ciento al 30 por ciento a empleados judiciales, universitarios, investigadores e integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otros. Considerando eso y la incorporación de personal, restaría un 4 por ciento de crecimiento nominal promedio del salario público durante 2006. Con una inflación proyectada del 9,1 por ciento se estaría proponiendo, entonces, una reducción real de los sueldos del orden del 5 por ciento. Se trata, sin duda, de un supuesto extremadamente duro frente al fuerte retraso que hoy muestran los salarios públicos y de la alta conflictividad laboral registrada en este sector.

Similares consideraciones caben para la proyección de erogaciones prevista para jubilaciones. Se propone un aumento nominal del 12,9 por ciento en esta partida, que lleva a calcular una caída importante del ingreso real medio por jubilado. No es imaginable una situación de este tipo, particularmente en el caso de los haberes del sector pasivo superiores a la mínima, que ya han tenido una pérdida prácticamente destructiva de su poder adquisitivo al no haber recibido incrementos en los últimos años.

Algunos analistas han criticado la proyección de los recursos presupuestarios, interpretando que el Poder Ejecutivo los subestima intencionalmente para que luego la realidad le permita obtener un superávit mayor, que pueda ser usado discrecionalmente. Esta crítica podría encontrar fundamento en lo ocurrido en 2004 y 2005. Sin embargo, la situación en 2006 puede ser diferente. Hay un riesgo cierto de no obtener el superávit primario necesario para atender la deuda pública y para conservar la solvencia fiscal lograda desde la devaluación. El modelo basado en el aprovechamiento fiscal de una macrodevaluación tiende a agotarse y se requieren reformas de fondo sobre el gasto público y la estructura tributaria, que no están a la vista.

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