El que se mueve engancha una changuita

Desde Dalmacio Vélez Sarsfield (1862), durante casi cien años tuvimos ministro de Finanzas. A partir del gobierno de Arturo Frondizi, su función se amplió de las finanzas públicas a impulsar todas las actividades productivas. Así era la estrategia del presidente desarrollista, quien en 1958 tomó juramento a Emilio Donato del Carril, su primer ministro de Economía.

Más de sesenta años después, las cosas han cambiado y el Ministerio de Economía se ha convertido en exterminador de las actividades productivas, para privilegiar las finanzas públicas. Una verdadera paradoja. El riesgo país superior a los 1500 puntos refleja, en una sola cifra y sin “sarasa”, lo que el mundo inversor opina sobre la Argentina como lugar donde colocar capitales.

El sector privado es el único que genera empleo genuino, basado en la producción de bienes y servicios que son demandados voluntariamente por personas dispuestas a pagar de su bolsillo por ellos. En el mercado interno o en el exterior.

Hay otros trabajos muy dignos, pero son remunerados por el Estado a través de exacciones compulsivas, como los impuestos o la emisión monetaria. Porque el endeudamiento, al final del camino, debe cubrirse con alguno de esos dos recursos.

El afable ministro Martín Guzmán, quien recurre frecuentemente a expresiones muy sensatas, como la “sustentabilidad” de las cuentas públicas o la “alineación” de expectativas, hace recordar al famoso Theodore “Teddy” Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos (1901-1909), quien decía “hablar suavemente, pero con un palo en la mano”.

Nadie ignora que el moderado Guzmán dejó su toga en la Universidad de Columbia cuando aceptó los condicionamientos impuestos por el Instituto Patria, para subordinar la racionalidad, la sustentabilidad o la alineación a la política electoralista. Y esa subordinación implica, entonces, asfixiar al sector privado hasta las últimas consecuencias.

Con un palo en la mano, ha ajustado el cepo cambiario, cerrando importaciones y giros al exterior, obligando a un default forzoso a quienes debían en moneda extranjera. Con impasividad doctoral, combate la inflación mediante atraso cambiario y controles de precios, recordando a las empresas que “el Estado y los sindicatos ya han hecho su parte”, por si alguna no entendió el mensaje. Incluyendo el nuevo sistema informativo Sipre para la implementación de políticas de “reactivación económica”, fina ironía castellana de Paula Español, secretaria de Comercio Interior.

Con tono quedo, funde a las empresas de servicios públicos congelando sus tarifas. Y, con igual propósito, ha dado tratamiento de “servicio público” a actividades que no lo son, como la telefonía móvil e internet o la medicina privada. Con talante académico, ha eliminado el crédito bancario, colocando letras para absorber toda liquidez prestable. Con irreflexión manifiesta, ha consentido el fin del pacto fiscal, liberando el aumento de Ingresos Brutos, el impuesto más distorsivo. Con porte progresista, ha apoyado el impuesto a la riqueza y, recientemente, el aumento del impuesto a las ganancias a la mayoría de las empresas.

Como si la rentable y siempre floreciente industria del juicio no fuese suficiente, ahora los menores de edad podrán iniciar denuncias contra las empresas por disconformidad con alguna prestación. La Argentina no es Noruega: como ocurre en el fuero laboral, los especialistas locales ya se están preparando para reclamar y transar.

El apacible ministro espera aumentar las exportaciones sin advertir que ello requiere prefinanciación, capital de trabajo y abrir mercados perdidos. Tampoco menciona el “costo argentino”, compuesto por presión fiscal, atraso cambiario, impuestos al trabajo, costo “camionero”, industria del juicio y las mil regulaciones contrarias a la producción.

No es de sorprender que en la Argentina hayan aumentado la pobreza, la informalidad y el desempleo. Y no es de sorprender que ese espacio sea ahora ocupado por el Ministerio de Desarrollo Social, a medida que el sector privado se contrae. Un ministerio que, siendo mucho más joven que el de Economía, ha crecido hasta la desmesura para paliar los efectos sociales de la inflación y la ausencia de un plan económico.

El dinámico Daniel Arroyo, titular de esa cartera, ha declarado que “este año nuestra tarea es crear 300.000 puestos de trabajo”, además de urbanizar barrios populares e incrementar la Tarjeta Alimentar como forma de paliar el hambre y reactivar el consumo interno. Todo con fondos públicos: más emisión, más impuestos y mayor contracción crediticia. Eso Arroyo no lo sabe ni es su responsabilidad.

Mediante el programa Potenciar Trabajo intenta dar empleo, generando nuevas propuestas productivas. Y en ausencia de crédito bancario (absorbido por el Estado), cuenta con un Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social, que otorga subsidios no reintegrables para la compra de maquinarias a emprendedores para la “producción popular”, a través de provincias y municipios.

Según Arroyo, se trata de “un Estado presente para que haya trabajo, con créditos no bancarios, con máquinas e insumos, con acompañamiento técnico y apoyo a la comercialización”. Mientras tanto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, corea: “El Estado genera trabajo como ordenador social necesario, sacando a la Argentina de la especulación financiera y poniéndola de pie con producción y trabajo”.

Por si quedase alguna duda, ahora el Gobierno otorgará la “personería social” como gremio a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, un paso previo a ser reconocida como sindicato, quizás el mayor del país, agrupando a los trabajadores informales y a los piqueteros. ¿Con quién celebrará convenios colectivos? ¿A quién reclamará aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo? Al Estado, el eterno pagador de planes y subsidios.

La Argentina va al revés del mundo. En Cuba, Raúl Castro dijo que al país le sobraban 1,5 millones de trabajadores en el sector público y con las reformas que emprendió logró reubicar a medio millón en el sector privado. Siguiendo el modelo de Vietnam, el gobierno de Miguel Díaz-Canel, para salir de la crisis, acaba de ampliar los trabajos autorizados, que ocupaban a ese medio millón, permitiendo ahora cualquier actividad, salvo una lista negativa de 124 excluidas. Los cubanos desbordan de iniciativas para trabajar por su cuenta, sin planes ni subsidios. Esa miseria ya la vivieron.

En la Argentina, el gran país de América Latina, el país de las clases medias, de la educación común y la tierra de promisión, la política económica kirchnerista consiste en destruir al sector privado y expandir la pobreza para lograr votos en las elecciones.

Quien mejor ha definido el éxito rotundo del modelo ha sido el propio Daniel Arroyo: “Hoy el que se mueve engancha una changuita”.