El relato acerca de más y mejor salud

La falta de reglamentación de algunas leyes impide que éstas se apliquen,con lo cual termina negándose el derecho que se pretende ampliar
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25 de junio de 2014  

Hay escasas -por no decir nulas- cuestiones más sensibles para las personas que el derecho a la salud. Cualquier avance científico, por más pequeño que sea, implica una enorme esperanza. De la misma manera, toda ley que fomente la ampliación de derechos en materia sanitaria es un paso importantísimo en el desarrollo de cualquier nación. La salud es un derecho fundamental y, como tal, debe estar garantizado y protegido por el Estado.

Lamentablemente, en los últimos tiempos, esa garantía deja mucho que desear en nuestro país. La salud en la Argentina juega el juego de la oca, con resultados que casi siempre terminan siendo perdidosos para sus ciudadanos. Nos referimos a la nutrida cantidad de leyes sanitarias que no pueden aplicarse porque no cuentan con la correspondiente reglamentación por parte del Poder Ejecutivo (PE) o porque no se las reglamenta de forma clara o porque no se sanciona debidamente a quienes las incumplen.

La falta de reglamentación es un problema gravísimo. El Poder Ejecutivo está obligado a hacerlo, pues se lo exige el artículo 99 de la Constitución Nacional. Sin embargo, muchas leyes nunca son reglamentadas. Es lo que actualmente sucede, por ejemplo, con las tan promocionadas leyes sobre enfermedades poco frecuentes, sancionada en 2011, cuya aplicación beneficiaría a unos 3,2 millones de personas, o con la ley sobre diabetes, del año pasado (se calcula que 2,5 millones de argentinos padecen esa enfermedad en el país).

Más tiempo ha pasado aún sin que se reglamente la ley sobre ligaduras tubarias y vasectomía para mayores de 18 años, que data de 2006. Y, por cierto, no son los únicos casos.

Otros nuevos instrumentos legales como el destinado a la atención de enfermos celíacos, de 2009, tardó casi dos años en ser reglamentado. Peor suerte corrió la ley de salud mental: hicieron falta 907 días para que el Poder Ejecutivo cumpliera con su obligación constitucional.

Así, los anuncios rimbombantes, matizados de un inocultable oportunismo político transforman muchas leyes en letra muerta. Si bien es cierto que las normas rigen desde el momento en que se promulgan, hay determinados artículos que requieren ser reglamentados para que puedan ser efectivas. Por ejemplo, cuando se exige al PE la creación de un registro de personas afectadas o que disponga de un determinado presupuesto para hacer frente a los gastos que acarreará un nuevo sistema.

Hay casos de leyes que no pueden aplicarse porque, en el momento de tratarse en el Congreso, tampoco se han evaluado debidamente los costos que representarían para los privados obligados a cumplirlas. Es el lamentable resultado de legislar ligeramente, anteponiendo el impacto político al económico que, de ningún modo, puede ser minimizado.

Numerosos especialistas en cuestiones sanitarias coinciden en que, aun siendo reglamentadas, numerosas leyes también se tornan inaplicables, pues han sido pensadas como algo aislado y no como parte de un plan de salud general. Dicho en forma más llana: la salud no está exenta del "relato" marketinero con que se presentan presuntos logros que finalmente no son tales.

En no pocos casos, esos silencios y distorsiones profundizan la situación de vulnerabilidad que se pretendió evitar o corregir. Es así como los pacientes no ven más salida que recurrir a la Justicia, en reclamo por la aplicación irregular, parcial o discrecional que los prestadores de salud hacen de determinadas normas. Ello, sumado a la frustración que produce haber trabajado incansablemente para conseguir los cambios -campañas, recolección de firmas, pedidos de audiencia, dolorosos testimonios-, y que después nadie se haga cargo del problema.

Todos los casos que hemos mencionado están referidos a leyes nacionales, pero lo cierto es que lo mismo ocurre con la falta de reglamentación de normas en todos los niveles de la administración estatal.

Al no reglamentar las leyes los Ejecutivos se transforman en superpoderes. Se ponen ilegalmente un escalón por arriba de las decisiones que toman los poderes legislativos de cada jurisdicción. Se trata de un avasallamiento de la decisión del legislador. Si el Ejecutivo tiene algo para objetar, puede hacerlo mediante el mecanismo del veto parcial o total, que es explícito. No reglamentar implica un veto implícito, absolutamente ilegítimo y condenable. Cuando la Presidenta, en su carácter de titular del PE, no reglamenta una ley, legisla ella. Y esa facultad le está expresamente prohibida.

Cuando los pacientes no encuentran otro mecanismo que acudir a la Justicia para que se les reconozcan los derechos contenidos en una ley, con los altísimos costos humanos y materiales que eso significa, es porque el "relato" le sigue ganando la batalla a la realidad.

La ley que no se aplica es una mera ilusión. El derecho que no se puede ejercer no es derecho. El "superpoder" que niega el derecho a la salud es, lisa y llanamente, criminal.

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