El respeto a la Constitución no admite matices

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26 de septiembre de 2020  • 00:55

Resulta inaceptable que el presidente de la Nación oculte información a un organismo de control; de él no se esperan evasivas, sino que dé el ejemplo

La doble negativa de Alberto Fernández a proveer información a la Oficina Anticorrupción (OA) sobre sus clientes en el ámbito oficial y privado, previamente a asumir como presidente de la Nación, y a suspender su tarea como docente universitario hasta que concluya su mandato constituye una discrecionalidad que, por varios motivos, no debería serle aceptada. Ante todo, porque viola la Constitución nacional, que en su artículo 92 prohíbe al primer mandatario ejercer otro empleo.

En la actualidad, Alberto Fernández es profesor interino en la Facultad de Derecho de la UBA. Si bien renunció a cobrar por esa labor, ha dicho que no dejará de dar clases, entre otras cuestiones, porque "la importancia de seguir participando en un claustro académico permite, además de transmitir conocimientos y experiencias, tomar contacto directo con las vivencias de los estudiantes, sus reflexiones, sus inquietudes y sus cuestionamientos". Una apreciación que, desde lo conceptual, resultaría inapelable, si no fuera porque quien la esgrime solo intenta justificar que viola la Ley Fundamental.

En segundo término, el primer mandatario tampoco accedió a ofrecer información sobre los vínculos comerciales que desarrolló durante los tres años previos a ejercer la presidencia, aduciendo que ha presentado en tiempo y forma la declaración jurada patrimonial que exige la ley de ética pública y que no cree haber incumplido normativa alguna que lo obligue "a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada".

Específicamente, la OA le había requerido la nómina de aquellas personas y sociedades con las que interactuó comercialmente durante su trabajo como abogado y consultor y que hayan trabajado o sido concesionarias o proveedoras del Estado o realizado actividades reguladas,.

El dictamen de la OA tiene fecha de febrero y en él se le requería que renunciara a su mandato como presidente de la firma Inmueble Callao 1960 SA, titular del departamento donde funciona su estudio, y tomara licencia en su labor universitaria docente. Pero no fue por propio impulso que la OA se dirigió al Presidente en esos términos, sino que respondía a una presentación que, sobre el particular, le habían efectuado legisladores de la Coalición Cívica. Los movilizó la preocupación de que el propio Fernández, en declaraciones públicas, había dicho que tuvo vinculaciones con el Grupo Indalo, de Cristóbal López , empresario que terminó siendo beneficiado por la ley de moratoria impositiva, sancionada el mes pasado, a pesar de que la principal empresa de López, Oil Combustibles, es investigada por la Justicia por haber evadido el pago de 8000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. Con ese monto, López financió la compra de distintas empresas durante el gobierno de Cristina Kirchner. A esa causa por defraudación al Estado se sumaron decenas de expedientes en su contra; entre ellos, una denuncia de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), presentada durante el gobierno de Mauricio Macri, por la que también se lo acusó de defraudación al Estado, de haber recibido fondos injustificados para una licitación en Chubut y de no haber concluido la obra.

En una nota publicada por LA NACIÓN en mayo del año último, poco después de conocerse su candidatura, Fernández había negado cualquier vinculo comercial con Cristóbal López, al tiempo que comentó que, en su momento, Oil Combustibles le había emitido por error una factura por asesoramiento en materia penal por 435.000 pesos, que nunca fue cobrada. Agregó que mantenía marcadas diferencias con ese empresario. No obstante, aseguró ser amigo de Fabián de Sousa, socio de López y también acusado de varios delitos.

Si el jefe del Estado siempre tuvo "una relación distante" con Cristóbal López, como dijo en aquella entrevista periodística, cabe preguntarse por qué ese empresario se encontraba el pasado 10 de diciembre sentado en una de las primeras filas de la platea que asistió a la toma de juramento de Alberto Fernández a los ministros de su gabinete, en el Museo del Bicentenario, de la Casa de Gobierno. Esa presencia tuvo lugar dos meses después de que López saliera de la cárcel tras haber estado más de un año detenido preventivamente por defraudación al Estado, causa que sigue vigente. ¿Se habrá infiltrado López en semejante acto, como en su momento se quiso dar a entender que había ocurrido con el venezolano Antonini Wilson, que apareció en un acto de la Casa Rosada dos días después de haber ingresado en el país una valija con 800.000 dólares sin declarar?

En su reciente respuesta a la OA, Alberto Fernández también rechazó desprenderse de la titularidad del directorio de la sociedad Inmueble Callao 1960, por entender que "en modo alguno podría ser pasible de quedar incurso en un conflicto de intereses". Cabe destacar que la Constitución indica que "la presidencia de la Nación exige una exclusividad que impide presidir una sociedad anónima". Si, como declara el Presidente, esa firma no tiene actualmente operaciones comerciales, habría que preguntarse cuál sería el problema de dejar de ejercer su titularidad. Tampoco es justificable la razón por la cual sigue negándose a brindar la identidad de quiénes fueron sus clientes.

Resulta cuando menos jactancioso que el jefe del Estado responda a un delicado requerimiento oficial dictaminando él mismo sobre la legalidad o no de las tareas que realiza, cuando lo que se le está requiriendo es que deje de ejercerlas. ¿Y cómo tildar su pretensión de desoír un precepto constitucional porque le resulta provechoso seguir con su trabajo de profesor?

La obediencia a los preceptos constitucionales no admite matices. Mucho menos cuando es el propio jefe del Estado quien debería dar el ejemplo. Las leyes están para cumplirse. Claro está que el partido gobernante viene largamente demostrando una profunda vocación por pisotearlas o ignorarlas, y, más grave aún, por rediseñarlas a su voluntad y conveniencia, asegurando la impunidad presente y futura de sus cuadros.

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