El sindicalismo docente y sus desvíos

Desde el año pasado, el Sindicato Único de Educadores Unidos (Seduca) viene acusando al gobierno nacional de destruir el sistema educativo en alianza con los principales gremios de la provincia de Buenos Aires y la Capital. En representación de sus 5100 afiliados –3500 de CABA y 1600 de la provincia–, busca diferenciarse de quienes han apoyado la conculcación del derecho a la educación presencial o medidas de fuerza que siempre tienen a los alumnos como rehenes. En la voz de una mayoría silenciosa de docentes que quieren ir a trabajar pero que temen la persecución, la asociación ha expresado largamente su desacuerdo con los paros como modo de reclamo sindical. De hecho, cosechó un aumento del 30% de afiliados desde junio de 2020, cuando comenzó su campaña de regreso a las aulas, en oposición a la de otros tradicionales dirigentes gremiales que funcionan más como brazos políticos que como genuinos representantes de los trabajadores.

Días atrás, este gremio envió una carta al Gobierno exigiendo la aceleración de la vacunación docente, por cuanto solo el 13% de sus afiliados porteños y el 11% de los bonaerenses recibieron las dos dosis. El año pasado había colaborado también en la confección de los protocolos para el regreso a la educación presencial.

Las diferencias entre el gobierno del distrito porteño, partidario de la presencialidad educativa, y el de la provincia de Buenos Aires, defensor de la educación remota, parecen ahora haberse igualado en favor de la tesis porteña. Los resultados de algunas encuestas que reflejan el apoyo a la presencialidad parecen haber movido el amperímetro bonaerense aun cuando unos 46 municipios gobernados por Juntos por el Cambio reclaman contra cierta discrecionalidad en el retorno a las aulas.

Por eso no ha dejado de sorprender que esta posición en favor de la educación presencial no se haya extendido a la mayoría de los gremios docentes. La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) despliega una campaña de huelgas y protestas en la ciudad de Buenos Aires que dificulta seriamente la prestación educativa, mientras que en el distrito bonaerense el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que dirige Roberto Baradel, no se ha opuesto ni dificultado la tan ansiada presencialidad, y solo pide que se cumplan los protocolos sanitarios en las escuelas. Estos, dicho sea de paso, se vienen cumpliendo bien, de allí el casi nulo poder de contagio en las aulas, que las estadísticas confirman.

La diferencia de criterios sindicales no encuentra otra justificación que la intencionalidad política que inspira a referentes sindicales dispuestos a torpedear de todos los modos posibles la gestión de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Las acusaciones de Angélica Galeano, líder del gremio porteño, de llevar una política de “enfermedad y muerte” no tienen justificación alguna, y solo demuestran la finalidad política de los dirigentes, soldados obedientes en las filas del oficialismo.

La actividad gremial, más allá de ciertos desvíos muchas veces señalados, encuentra su nobleza y razón de ser en la defensa de los intereses de los trabajadores representados. Por eso es condenable la actuación gremial, dirigida a fustigar al gobierno capitalino cuando el reclamo de retorno a la presencialidad está cada vez más extendido.

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