El tan necesario diálogo nacional

Celebramos la convocatoria por parte de diversas entidades y personalidades a deponer mezquindades para avanzar en la búsqueda de consensos

Si hubiera que preguntarse qué hay de nuevo en la Argentina como respuesta a la crisis política, económica y moral que se acentúa velozmente, habría que contemplar que se difundió un valioso documento que urge al presidente de la Nación a convocar "a una mesa de diálogo nacional".

La importancia de tal convocatoria se transparenta en la mención de las entidades y personalidades aunadas en este petitorio público. Entre las primeras, firman la Asociación Empresaria Argentina, la DAIA, el Foro de Convergencia Empresarial, IDEA, el Club Político Argentino, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la B’nai B’rith y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. La nómina de los firmantes a título personal abarca desde figuras del peronismo e intelectuales independientes hasta integrantes de la Unión Cívica Radical, de Pro y de otros movimientos cívicos: José Octavio Bordón, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Graciela Giannettasio, Alieto Guadagni, Luciano Laspiur, Martín Lousteau, Alicia March, Eduardo Menem, Emilio Monzó, Mario Negri, Miguel Ángel Pichetto, Jesús Rodríguez, Adalberto Rodríguez Giavarini, Margarita Stolbizer, Juan Manuel Urtubey, María Eugenia Vidal, Santiago Kovadloff, José María Poirier, Hilda Sabato y Daniel Sabsay, entre otros.

Graciela Fernández Meijide, en su carácter de presidenta del Club Político Argentino, y Eduardo Duhalde han sido activos promotores de la gestación de este documento que recuerda otros, de fines de 2001. Fue cuando la Argentina se hundió en conflictos de la gravedad de los que provocaron la caída del presidente Fernando de la Rúa, la sucesión de cinco presidentes en menos de dos semanas y la baja, tan abrupta del PBI, como no se ha conocido otra en la historia nacional hasta llegar a estos días aciagos.

Sería harto difícil dudar del amplio consenso que debería haber en favor de una propuesta como esta, que demanda la elaboración de un plan de coincidencias mínimas de gobernanza entre los partidos políticos, los sectores de la producción y del trabajo, los representantes de la economía informal, las organizaciones sociales, la comunidad educativa y las congregaciones religiosas. "Una situación de extraordinaria gravedad –dicen los firmantes– requiere esfuerzos también extraordinarios".

Tanto o más que en cualquier documento de igual naturaleza del pasado, tan pródigo en las circunstancias dramáticas en que el país recae a menudo, este revaloriza, párrafo tras párrafo, el papel de las instituciones democráticas. Se reconoce que desde la perspectiva ciudadana la confianza en esas instituciones es débil y por eso mismo se convoca a los tres poderes a cumplir con el deber de restaurarla.

Es un documento despojado de imputaciones a facciones o a dirigentes políticos. Está revestido de un tono dramático que surge hasta de las entrelíneas y de los rasgos implícitos en el contexto en que ha sido elaborado. Coincide con un momento en que la pandemia suma nefastas secuelas a una crisis económica y social como pocas hay en el mundo. Después de siete meses, el gobierno nacional se jacta de carecer de un plan económico y ha corregido "por última vez" tres propuestas a los acreedores privados de la Argentina, de modo de evitar el noveno default de una serie sobre cuyos efectos para el honor de una sociedad ante las naciones que la observan los argentinos no hemos reflexionado lo suficiente.

El llamamiento cierra cualquier espacio a las aventuras autoritarias: "Saldremos de la emergencia –afirma– con más democracia, no con menos". Y al advertir que el Poder Judicial tiene que cumplir con su papel "sin injerencias de los otros poderes del Estado", se hace cargo del escándalo que la vicepresidenta y el núcleo duro cada vez más aislado del kirchnerismo están ocasionando al país para garantizarse a toda costa la impunidad en los múltiples juicios que afrontan por corrupción. Hay allí procesamientos y condenas en firme y, sin pudor alguno, se pretende desplazar a jueces independientes por otros complacientes.

Ningún kirchnerista notorio firma el documento, hecho con tal esmero que evita a la expresidenta la incomodidad de pronunciarse en cualquier sentido y desviar la atención de donde la tiene dirigida. En el punto en el que se insta al Poder Ejecutivo Nacional a la convocatoria "a una mesa de diálogo nacional", se propone que lo haga con apoyo del Congreso, "a través de las autoridades de los bloques". Más claro, imposible.

Habrá incluso que sobreponerse al recuerdo de un pasado cercano en el que, fruto de la necesidad de robustecerse, el kirchnerismo exhibió algunos signos de apertura hacia la oposición que apenas jalonaron su eterno afán por silenciar y aniquilar cualquier crítica. Y la propia oposición deberá articular su cohesión interna para convalidarse como interlocutora.

Un párrafo especial mereció para los firmantes el hecho de que la pandemia haya puesto en evidencia con mayor crudeza "la desigualdad social que impera en la Argentina". La invitación que se hace a "deponer mezquindades" debería llegar a oídos de quienes lo comprometen todo en la vida pública nacional –incluso la dignidad de las instituciones y la división de los poderes–, ya de por sí trastornada hasta el extremo. Eso de "deponer mezquindades" alcanza a muchos, y en particular a quienes hacen un uso ruin de la política, valiéndose de los cargos que ejercen sin otro propósito más directo que el de los fines personales, carentes por tanto de la mínima sustentabilidad moral.

Hacemos votos para que la nueva iniciativa continúe despertando adhesiones y abra un camino de cambio en paz que el país necesita recorrer.