El “vacunagate” peruano

Como ocurriera en la Argentina, también en Perú hubo funcionarios públicos privilegiados que se vacunaron contra el Covid-19 postergando a conciudadanos con derecho a ser inoculados antes que ellos.

Entre esos representantes de la dirigencia política estuvo el expresidente Martín Vizcarra, a quien el Congreso peruano acaba de prohibir por tal motivo el ejercicio de cargos públicos por un plazo de 10 años. El castigo dispuesto no tuvo votos en contra, ni generó abstenciones. Como resultado de él, Vizcarra no podrá ocupar la banca de diputado que obtuvo en las recientes elecciones celebradas en el país andino.

Al no poder ejercer su derecho de defensa, Vizcarra anunció que apelaría la condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además del citado expresidente peruano, dos funcionarias que pertenecieron a su gabinete nacional fueron sujetos de sanciones parecidas, por el mismo motivo. Unas 470 personas integran el lote de “vacunados vip” en Perú, donde se ha bautizado al episodio como “vacunagate”.

El debate parlamentario fue tan intenso como acalorado y uno de los legisladores, visiblemente exaltado, llegó a sugerir que Vizcarra debía ser fusilado por la tropelía cometida en evidente perjuicio de sus connacionales. Sin aprobar que se llegue a tales extremos, debemos celebrar desde la Argentina que el país hermano brinde un ejemplo tan contundente acerca de cómo las instituciones al servicio de los ciudadanos de bien castigan a quienes han querido burlarse de ellos.

Mientras tanto, en nuestro país, el destino real del total de las vacunas recibidas es matemáticamente aún incierto, al tiempo que la lista de nombres de privilegiados continúa engrosándose vergonzosamente sin que nuestros legisladores procedan como sus pares peruanos.

Cabe recordar que el propio presidente Alberto Fernández, aun cuando admitió que hubo irregularidades en la vacunación de unas 70 personas –que, en rigor, fueron muchas más– y forzó la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, minimizó la cuestión, al esgrimir que “no es delito saltearse la cola de vacunación”.

Está visto que, para el Parlamento peruano, conductas semejantes van mucho más allá de “saltearse la cola” y exigen castigos ejemplarizadores.