Embriones congelados: otro debate pendiente

Se necesita una amplia y seria discusión sobre un tema tan delicado que hace a la vida humana y a las decisiones que sobre ella se adopten
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31 de mayo de 2019  

Los debates sobre la vida ganan espacio encendiendo polémicas argumentaciones, cuando no peligrosos fanatismos. En este contexto, se vuelve a analizar legislativamente el delicado tema del destino de los embriones congelados que aguardan en centros especializados sin ser implantados.

Si pensamos que en nuestro país se realizan unos 23.000 procedimientos de fertilización asistida al año, se estima que serían más de 50.000 los embriones en 46 bancos o centros, un 40% de los cuales no han sido reclamados en la última década por quienes los generaron, asumiendo un costo anual de unos 36.000 pesos que no es cubierto por empresas de medicina prepaga ni obras sociales.

Impulsado por el diputado Daniel Filmus (FPV-Ciudad de Buenos Aires) y otros 14 legisladores, y con el asesoramiento del Conicet, ingresó en el Congreso un proyecto de ley que busca regular la materia en un nuevo intento de cubrir un vacío legal. Anteriores iniciativas no pudieron resolver el tema desde 2014.

Muchas son las aristas que plantea esta discusión. La primera, relativa a si se ha de considerar o no que se habla de personas humanas. En consonancia con lo establecido por el Código Civil y Comercial, muchos defienden la tesis de que la persona humana existe desde el momento de la concepción, mientras que otros sostienen que solo se considera persona humana a partir de la anidación, esto es, una vez que el embrión es implantado en un útero, pues sin ello no alcanzará su desarrollo. Esta última mirada encierra múltiples derivaciones y consecuencias, dado que, normalmente, entre la concepción y la anidación transcurren unos 14 días, por lo cual, durante ese lapso, a juzgar por esta tesis, no habría persona humana.

Ahora bien, si no podemos hablar de persona, deberíamos entonces poder hablar de objetos o de cosas. Desafectado de aquella condición, el embrión podría adquirir un valor comercial a partir de los múltiples destinos que podrían asignársele, planteando un sinnúmero de controversias éticas y jurídicas. Más allá de que el proyecto de ley mencionado propicia la prohibición de la comercialización de embriones.

Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida proponen generar varios embriones y muchas veces implantar más de uno para aumentar las oportunidades de que alguna anidación prospere. En la actualidad, los embriones que no llegan a transferirse a un vientre se criopreservan, ya sea para una eventual utilización posterior o bien pasan simplemente a formar parte de una enorme cantidad de embriones abandonados de los cuales nadie se hará responsable, quedando incluso al arbitrio de la institución que los cobija qué hacer con ellos.

Cuando una pareja decide preservar embriones no prevé una eventual ruptura de su relación ni el fallecimiento de alguno de los procreadores. La disputa sobre el destino de los embriones congelados no es un tema menor. La Cámara Nacional en lo Civil, Sala J, resolvió años atrás el conflicto de una pareja de divorciados: el padre expresaba no tener más voluntad parental respecto de estos y la madre pedía que se los implantaran. El tribunal se inclinó por lo último. En Francia, un tribunal de París negó a una viuda el derecho a que se le implantara el embrión congelado por ella y su marido en una resolución cuanto menos discutible, pues no se puede imaginar mejor destino.

La iniciativa presentada destaca que si la protección del embrión no implantado debe ser objeto de una ley especial y no corresponde su inclusión en el Código Civil y Comercial es porque no se lo considera persona humana; tema este de difícil determinación en un proyecto de ley.

Establece que no se podrán generar embriones fuera de las técnicas de reproducción asistida, que no podrán ser comercializados y que se puede detener su criopreservación. La transferencia embrionaria en cada ciclo reproductivo no ha de superar el máximo de uno, con excepción de que el profesional recomiende que sean dos o tres excepcionalmente. Habilita que los embriones puedan ser donados con fines tanto reproductivos como de investigación y estipula también un plazo máximo de diez años de criopreservación, pasado el cual deberá contactarse a sus titulares antes de cesar el procedimiento de guardado. Propicia que, en caso de modificación del destino de los embriones, este debe ser acordado por todas las personas titulares de estos y que, si hubiera desacuerdo, sean destinados a investigación. Los titulares, en tanto, pueden decidir donarlos en cualquier momento del proceso.

Lejos queda la letra de la ley de proponer medidas de fondo y vinculantes para que no haya embriones sobrantes. Tampoco clarifica el estatus jurídico del embrión entre su fecundación y la implantación.

Cosificar al embrión contribuye a una indeseable y peligrosa finalidad eugenésica y favorece su destrucción sistemática.

Al prohibir la comercialización de embriones, destinada a los más diversos usos, muchas veces no debidamente difundidos, de algún modo se les reconoce su carácter de personas. Alguno acotará que también está prohibida la venta de órganos, pero autorizar su donación o cesión a otras parejas o con fines de investigación abre una puerta por la cual se pueden colar muchas transacciones prohibidas. Basta considerar una práctica cada vez más extendida, como la de los alquileres de vientres y su carácter "gratuito".

En conclusión, a las legítimas necesidades vitales de muchas personas se suma una realidad fáctica que plantea la posibilidad de un negocio en torno a la controvertida cuestión que ha de regularse también. El proyecto presentado deja sin abordar cuestiones claves y, de acuerdo con no pocas opiniones, puede vulnerar el derecho a la vida. Por eso, se deberá abrir el debate con amplitud y evaluar las ventajas de limitar al máximo determinadas prácticas con el fin de evitar que quede un tendal de embriones sin destino. Sea que se los considere personas o no, no deberían quedar sin uso ni ser descartados sin más.

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