Explosión de empleo público

El exorbitante crecimiento del empleo público es una de las muestras más claras del fracaso de la política económica en un aspecto clave como la creación de puestos de trabajo genuino en el sector privado.

El hecho de que en un año, de acuerdo con estadísticas oficiales, el sector público haya acrecentado su planta laboral a razón de 177 personas por día constituye un dato que transparenta la gravedad de una situación insostenible para el país y un hierro candente que el próximo presidente tendrá que agarrar más temprano que tarde.

Según un informe de Evolución de Puestos de Trabajo y Promedios de Remuneraciones y Costo Salarial de los Asalariados Registrados elaborado por el Indec, entre el segundo semestre de 2014 y el primero de 2015, ingresaron al Estado 64.676 nuevos empleados públicos, con lo cual el total en ese rubro se elevó a 1.678.426.

Dado que el cálculo se realiza con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), esa cifra total no incluye el número de trabajadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, pues estos distritos nunca pasaron al Estado nacional sus cajas de jubilados y pensionados, pero a los que es válido contar a la hora de las estadísticas reales, con lo cual, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, el total de trabajadores públicos sería de 3.487.027 a fines del año actual.

Los datos oficiales revelan también que el empleo privado crece casi la mitad que el público -2,76% contra 4%- o directamente está estancado según otras mediciones. Queda claro que el empleo público es una herramienta falaz para evitar que las cifras del desempleo trepen a niveles históricos.

El informe oficial indica que en 2015 se crearon en el sector público nacional 27.659 puestos más que en 2014, pero también se advierte que el mayor incremento se registró en las empresas públicas, tales como Aerolíneas Argentinas, YPF, AySA, Correo Argentino, Enarsa y Arsat.

A esto hay que sumar el copamiento de distintas áreas del Estado por agrupaciones ultrakirchneristas, como La Cámpora. El último eslabón de esa cadena serían los seis organismos que se crearían con la proyectada ley de promoción de juventudes.

El desproporcionado aumento de empleados públicos no constituye, por cierto, un fenómeno exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional, sino que también se registra en otros poderes del Estado; en la totalidad de las provincias, con Formosa al tope, y en los municipios.

Y tampoco es nuevo: desde enero de 2003, el empleo público creció el 67% contra sólo el 22% del empleo privado, y los saltos más bruscos se produjeron justamente en años electorales.

Semejante desproporción no puede extrañar en un escenario que presenta una economía estancada, alta inflación, crecientes impuestos al trabajo y sectores productivos castigados por políticas que desalientan la inversión.

El drama que dejará como una de sus pesadas herencias el período kirchnerista tiene otro rostro no menos desagradable, pues el incesante crecimiento del empleo público muy lejos estuvo de derivar en mejores servicios del Estado. Por el contrario, están a la vista de todos sus deficiencias en los rubros centrales que debe atender educación, justicia, salud y seguridad, con lo cual castiga a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Es exactamente lo contrario de lo que sucede en los países escandinavos, que están por encima de la Argentina en materia de empleo público, pero donde los ciudadanos no tienen necesidad de recurrir al sector privado para gozar de esos servicios esenciales.

Y ello es así porque la gestión kirchnerista en la materia destruyó lo que se conocía como carrera en la administración pública, los ingresos por concursos, y puso a la fidelidad política como único requisito para la entrada a la planta del Estado o de las empresas públicas. Y lo mismo ocurrió en las provincias y municipios, en especial en aquellos cuyos gobernadores estuvieron alineados con la Casa Rosada.

En las actuales circunstancias, sólo cabe esperar que la situación descripta se profundice, entre otras cosas por la tentación de muchos gobernantes, empezando por la Presidenta y sus satélites, de continuar hasta el final de su mandato la siembra de amigos en la administración pública. Generar las condiciones para desmantelar tan perversa trama constituirá para el próximo presidente un desafío ciclópeo.