Falsas amenazas de bomba

En las grandes metrópolis, el tema de la seguridad encierra cientos de aristas. Una de ellas se asocia con las amenazas de ataques o de explosiones por bombas en lugares con alta concentración de personas, tales como escuelas, shoppings, edificios privados o públicos, estaciones y templos, que activan protocolos y conductas prefijadas para cada situación y organización. El incremento del peso que adquirió en los últimos tiempos la acción terrorista tiñe peligrosamente cualquier escenario.

Ante cualquier llamada sospechosa, los expertos recomiendan evitar caer en pánico, formular las preguntas correctas y considerar que de ellas pueden surgir datos indispensables, como la localización del artefacto o su forma, y de inmediato realizar la correspondiente denuncia al 911.

Escuadrones antibombas, brigadas de explosivos, bomberos y perros adiestrados involucrados en la exhaustiva búsqueda de artefactos extraños, sumados a ambulancias, personal de tránsito y protección civil, fueron algunas de las muchas piezas logísticas que se movilizaron semanas atrás en operativos, tras una seguidilla de amenazas de bomba que en todos los casos dieron negativo, pero que implicaron un alto costo económico, además de intranquilizar a la comunidad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó a minimizar el efecto de las amenazas de bomba y destacó la necesidad de introducir los cambios que demanda el protocolo para actuar con mayor rapidez. "Ningún acto de este tipo va a quedar impune", agregó. Explicó que los autores de las amenazas que fueron identificados habían sido detenidos y que se les inició una investigación, y aclaró que había entre ellos menores de edad que ya habían sido liberados, mientras que algunas llamadas incluso habían sido realizadas desde centros penitenciarios.

Prevenir incluye no solo proponer las medidas de seguridad que correspondan y respetar los protocolos, sino también acelerar los tiempos de los procesos y elevar las penas para estos delitos con el fin de desalentarlos. Nótese que hablamos de episodios de intimidación pública con penas de dos a seis años de prisión, según lo establece nuestro Código Penal, para quien "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".

Si la identificación del autor condujera a menores de edad, el castigo debería también caer sobre los padres, como ocurrió recientemente con un fallo ligado a la toma de un colegio. Deben ser también las instituciones educativas las que tomen medidas. Por un lado, organizando charlas con los jóvenes para advertir sobre las implicancias de estos actos. Por otro, recuperando las clases perdidas y castigando a los alumnos identificados como culpables con severas sanciones o la imposición de actividades extracurriculares. En provincias como Chubut, por ejemplo, además del castigo que fija la ley, se evalúa que quien lleve adelante amenazas y luego sea identificado pague también el operativo al que dio lugar su acción, o lo hagan sus padres si fueran menores.

Mientras datos oficiales dan cuenta de que los delitos contra el orden público aumentaron el 695% entre 2016 y 2017 y se descuenta que las cifras para 2018 serán también elocuentes, la ministra de Seguridad ha afirmado que "no se permitirá que alguien crea que puede asustar a la gente sin tener consecuencias". Es de esperar que así sea para reducir las situaciones de alarma y los tiempos perdidos, a los que quedamos expuestos con indeseable frecuencia.