Fuerzas de seguridad: que prime la cordura

La extrema tensión generada en las últimas horas por la inédita protesta salarial de los integrantes de la Prefectura Naval y de la Gendarmería Nacional requiere un retorno a la cordura de las distintas partes que intervienen en esta disputa. Es menester que los uniformados retornen a sus labores mientras se desarrollan las tratativas salariales, al tiempo que es imprescindible que el gobierno nacional deje de alentar temores infundados y asuma su responsabilidad en la caótica situación salarial.

Es evidente que, en los actuales tiempos caracterizados por una galopante inflación, nadie consiente alegremente una rebaja de su sueldo. No podía esperarse otra cosa que un estallido de furia por parte de miembros de fuerzas de seguridad que, de la noche a la mañana, vieron reducidos sus sueldos entre un 30 y un 60 por ciento en promedio, como consecuencia de la eliminación de determinados suplementos salariales mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Más allá del justificado reclamo, la rebelión masiva de los integrantes de la Prefectura y de la Gendarmería seguramente resulta desmesurada, en tanto se desatienden tareas de seguridad interior que dejan desprotegidas a la población y las fronteras del país.

Pero los episodios que derivaron en la protesta también demuestran una clara mala praxis en la gestión gubernamental, además de la falta de coordinación que reina en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.

La actitud del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien virtualmente se lavó las manos frente a los errores en la instrumentación de la nueva política salarial para las fuerzas de seguridad, al anunciar que se investigará la razón de lo ocurrido, también resulta inadmisible.

El reclamo salarial formulado por los integrantes de la Prefectura Naval refleja un malestar general de los uniformados que se remonta a una vieja situación, profundizada en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

El problema tiene su origen en un decreto emitido en 1993 por el gobierno de Carlos Menem, por el cual se crearon cuatro suplementos particulares al salario del personal en actividad de las fuerzas armadas y de seguridad. Se trataba de aumentos no remunerativos, exentos de cargas sociales.

Entre 2005 y 2009, el Poder Ejecutivo Nacional dictó cuatro decretos mediante los cuales fue incrementando hasta niveles desmesurados aquellos suplementos. A tal punto que la suma de los adicionales por no ocupar vivienda del Estado y por cargo o función terminaron siendo exorbitantemente superiores al haber básico.

El sistema salarial creado provocó que cada miembro de las fuerzas armadas o de seguridad tuviera un cálculo particular de su ingreso, ya que su retribución pasó a depender mucho más de aspectos secundarios que de la jerarquía.

La situación perjudicó los haberes del personal retirado, además de reducir drásticamente los aportes a las cajas previsionales y a las obras sociales, por la existencia de pagos lisa y llanamente "en negro", que no tardaron en derivar en una ola de juicios laborales y previsionales.

Fue así como se produjeron importantes sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como en los casos Salas y Zanotti, que reconocieron el carácter general y por lo tanto remuneratorio de los suplementos salariales.

Esto dio lugar, a su vez, a un mayor desorden en las escalas salariales, por cuanto quienes tuvieran sentencias favorables podían llegar a cobrar hasta el triple de alguien de su misma jerarquía y función. Paralelamente, se multiplicaron los recursos de amparo de oficiales y suboficiales de la Prefectura y la Gendarmería, que derivaron en medidas cautelares que beneficiaron a los miembros de esas fuerzas.

En marzo último, la ministra Garré instruyó a los jefes de esas fuerzas para que dejaran de pagar lo dispuesto por aquellas medidas cautelares. Los jefes le explicaron al viceministro Sergio Berni que tal determinación provocaría serios problemas y no se aplicó la medida. Sin embargo, en agosto pasado, se dictó el decreto 1307, que dejó de lado esos pagos, estableció nuevas escalas salariales y derogó los numerosos decretos cuestionados por fallos judiciales, eliminando así los suplementos particulares. Al mismo tiempo, creó dos nuevos suplementos, cuyo monto también resulta superior al haber normal.

El nuevo cálculo llevó a un salario final que, en muchos casos, resulta inferior al que se venía cobrando, lo que dio lugar a la protesta.

El actual desaguisado salarial es, entonces, fruto de una equivocada política que se remonta a 1993, pero que fue profundizada durante la era kirchnerista y que, de acuerdo con lo expresado por la propia Corte Suprema, se basaba en un esquema de pagos "en negro".

Frente a esta situación, corresponde que el Estado nacional se haga cargo del problema, asumiendo el costo fiscal eludido durante años y poniendo orden en un esquema salarial que se ha tornado anárquico, como producto de evidentes errores de gestión.

Más difícil resultará paliar el daño institucional, derivado de la ruptura de la cadena de mandos y del descrédito de quienes tienen a su cargo en el Gobierno la conducción de las fuerzas de seguridad, hoy más preocupados por alentar fantasmas del pasado que por hallar soluciones.

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