Hacia la colonización de la Procuración General

El oficialismo ha vuelto a impulsar el tratamiento en la Cámara de Diputados del cuestionable proyecto de ley de reforma del Ministerio Público, que obtuvo media sanción en el Senado el año último. Como señalamos desde esta columna editorial, es una iniciativa orientada a la colonización de la Procuración General de la Nación, cuyo propósito, junto a otras reformas en la Justicia, no es otro que garantizar impunidad de la vicepresidenta de la Nación y de exfuncionarios implicados en casos de corrupción.

Resulta claro que esta reforma no figura en la agenda de la ciudadanía, que sí reclama soluciones a otras cuestiones realmente urgentes. Solo puede estar en los planes de funcionarios preocupados por el avance de distintas causas judiciales que podrían llevarlos a la prisión.

De acuerdo con la reforma de la Constitución nacional de 1994, a través de la cual se creó el Ministerio Público Fiscal, este debe ser un órgano extrapoder independiente, con autonomía funcional y financiera. De allí que, acertadamente, la ley que reguló su funcionamiento dispusiera que el procurador general o jefe de los fiscales debía ser designado con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado.

El proyecto que impulsa el oficialismo propicia la modificación de ese número, con el fin de que la Cámara alta pueda elegir al procurador con la mitad más uno de sus miembros, algo que dejaría su nombramiento prácticamente en manos de la fuerza mayoritaria de turno; es decir, de una mayoría meramente ocasional.

Como la norma proyectada estipula también que, en caso de vacancia, hasta que se elija el procurador, una comisión bicameral podrá nombrar al procurador interino, el sector oficialista que domine ese grupo legislativo podría designar a un jefe de fiscales afín por un tiempo prolongado mientras no se proceda a la elección de quien encabece el Ministerio Público.

Actualmente, en caso de vacancia, el cargo de procurador general interino recae en el fiscal de mayor antigüedad, razón por la cual está al frente de la procuración el doctor Eduardo Casal. Con la reforma propuesta, el oficialismo podría proceder a nombrar como interino a cualquier fiscal con diez años de ejercicio.

Del mismo modo, la reforma proyectada también afecta la independencia de este órgano, al propiciar un tribunal de enjuiciamiento de los fiscales politizado, donde el oficialismo tendría prácticamente garantizada la mayoría y en el cual las destituciones de fiscales podrían llevarse a cabo por simple mayoría (4 de 7) y no por una mayoría agravada (5 de 7), como en la actualidad.

La tarea del procurador general de la Nación es más que relevante, teniendo en cuenta que instruye a los fiscales en los juicios orales, fija las líneas de la política criminal y elabora las acusaciones ante la Corte Suprema en las causas que arriban al máximo tribunal.

Horas atrás, el presidente Alberto Fernández incurrió en una falacia cuando señaló: “Estamos discutiendo esta reforma porque la oposición nunca quiso aceptar el procurador que les propuse”, en referencia a Daniel Rafecas, cuyo pliego envió en marzo del año pasado al Senado. En rigor, ese pliego quedó desde entonces cajoneado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Si no se trató en la Cámara alta no fue por la actitud de la oposición, donde las opiniones sobre el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo están divididas, sino porque el sector liderado por Cristina Kirchner mantiene resistencias a la figura de Rafecas.

Por si alguna duda queda de los oscuros propósitos del kirchnerismo en relación con esta iniciativa, basta recordar que el propio ministro de Justicia, Martín Soria, desnudando su vocación autoritaria, anunció que buscará “comenzar la transformación del Poder Judicial”, “liberar de culpa y cargo” a Cristina Kirchner, “nombrar un nuevo procurador” e imponerle una “nueva dinámica” a la Corte Suprema de Justicia. A confesión de parte, relevo de pruebas.