Hacia planes sociales más eficientes

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22 de agosto de 2001  

La Argentina viene postergando desde hace mucho tiempo dos reformas de segunda generación imprescindibles para la existencia de un Estado más eficiente. Una de ellas es la reforma administrativa; la otra es la referida al gasto social.

Ambas transformaciones pendientes tienen un objetivo común: lograr una mejor calidad del gasto público vinculado con servicios y políticas sociales, para que las inversiones del Estado lleguen efectivamente a la población necesitada y no se diluyan en las encrucijadas de burocracias, aparatos partidarios y redes de corrupción.

Los anuncios formulados por la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, acerca de una reforma integral de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y de la proyectada reestructuración de los planes nacionales de empleo pueden ser un buen punto de partida -aunque tardío, por cierto- para llevar a la práctica los objetivos enunciados.

Ningún plan de reforma integral en estas áreas tendrá éxito sin un claro diagnóstico que contemple el daño que los intereses y las intrigas de índole política les han hecho a las instituciones de la seguridad social. Tampoco logrará su cometido sin una fuerte voluntad política que, salvo casos aislados, hoy no se advierte.

La opinión pública presiente desde hace tiempo que el PAMI y la Anses han sido utilizados como instrumentos para el financiamiento de la actividad política, más que para atender de la mejor manera las necesidades sociales. El pago de favores políticos ha llevado a lo largo de muchos años a dotaciones de personal sobredimensionadas y también a prestaciones a precios superiores a los del mercado que hicieron evaporar los recursos disponibles, con el consecuente deterioro de los servicios para quienes deberían ser los únicos beneficiarios del sistema de seguridad social.

Podría decirse algo parecido sobre los programas de empleo para paliar las penurias de las personas desocupadas. La falta de transparencia y el clientelismo han sido la constante en la asignación de buena parte de los planes Trabajar -verdaderos subsidios encubiertos disfrazados de modalidades de trabajo transitorio, utilizados con fines políticos- por parte de la dirigencia política y sindical nacional y provincial.

La comprobación de que muchos de quienes conducen los piquetes distribuían irregularmente esos beneficios, condicionando su otorgamiento a la presencia de las personas carecientes en los piquetes o quedándose con un porcentaje del subsidio a modo de mecanismo de financiamiento de su organización, puso de manifiesto la manipulación de esos planes de trabajo, cercana a la extorsión.

Todo esto demuestra que el adecuado gerenciamiento del gasto social está muy lejos de haberse cristalizado en nuestro país.

Pese a ello, merecen destacarse algunas ideas lanzadas desde el gobierno nacional, tales como el reemplazo de los actuales planes Trabajar por otros que contemplen subsidios para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo por tiempo indeterminado, o que obliguen a la persona desempleada que recibe un beneficio a realizar cursos de capacitación y a inscribirse en una bolsa de trabajo.

De la misma forma, cabe apoyar los cambios proyectados en la Anses con el propósito de controlar probables irregularidades en el área de liquidación de sentencias y de evitar otros hechos de corrupción, tales como los registrados en varias cajas provinciales.

Las políticas sociales deben encaminarse hacia criterios de eficiencia, que sólo serán factibles con personal técnico idóneo, seleccionado rigurosamente, y no en función de demandas provenientes de las estructuras políticas partidarias.

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