Impuestos: que prime la racionalidad

Distintas voces empresarias, académicas y profesionales continúan manifestando su oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que propicia la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, del 35 al 30%, en vez de permitir algún método de ajuste impositivo por inflación.

Con razón se señala que la instrumentación de ese ajuste para los ejercicios cerrados a partir del 6 de enero último es una necesidad imperiosa, a fin de que las utilidades sean calculadas sobre bases reales y no ficticias, y para que se mida correctamente la capacidad contributiva de los sujetos del impuesto.

La adopción del ajuste por inflación haría legítima y equitativa la imposición a la renta. De no ser así, habrá contribuyentes notablemente beneficiados, mientras que otros se perjudicarán significativamente y verán transformado su impuesto, lisa y llanamente, en un tributo al capital, de claro corte confiscatorio.

La necesidad de la adopción de un mecanismo de ajuste no responde a capricho alguno, ni está dirigido a eludir la correspondiente obligación fiscal. Está basado en el informe que el 11 de octubre último emitió una comisión especial formada por reconocidos tributaristas convocados, al efecto, por el propio Ministerio de Economía de la Nación, según la resolución 100/02.

Asimismo, el Poder Ejecutivo, por el decreto 1269/02, ante las distorsiones producidas por la devaluación y los altos índices inflacionarios, consideró imprescindible otorgar precisión y veracidad a los estados contables, resolviendo que se tuvieran en cuenta para su confección las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.

De manera similar, otros entes gubernamentales, como la Comisión Nacional de Valores, las superintendencias de Seguros y de AFJP y la Inspección General de Justicia se han pronunciado en el mismo sentido, en concordancia con lo sostenido por todo el arco de las entidades profesionales y académicas.

La medida propiciada por el Poder Ejecutivo, de claro corte recaudatorio, se inserta dentro de lo que podría definirse, con plena razón, como un nuevo "impuestazo", sobre todo si se tiene en cuenta que está en análisis, además, la posibilidad de eliminar los convenios de competitividad.

De prosperar estas iniciativas se atentará contra la incipiente reactivación de la economía, pues se le succionarán al sector privado recursos que le son indispensables para la generación de riqueza y la creación de empleos. Y todo eso en nombre de una voracidad fiscal insaciable.

Es oportuno recordar, al efecto, que este fuerte incremento de la presión fiscal ya ha sido iniciado por el actual gobierno con el restablecimiento y posterior aumento, de los derechos de exportación, los que le restan legítimos recursos a todo el espectro exportador.

Les cabe a los legisladores la responsabilidad de sancionar las leyes tributarias, atendiendo a los justos reclamos de toda la ciudadanía. También deben velar por la sanción de iniciativas que no conduzcan, irremediablemente, a la conculcación de garantías constitucionales, como el derecho a la propiedad, que terminarían, inexorablemente, en una avalancha de presentaciones judiciales.

Es de esperar que prime la racionalidad en materia impositiva, en beneficio del conjunto de la sociedad.