Impunidad asegurada por ley

Si se aprobaran los cambios introducidos por el PE al proyecto de unificación de códigos, la responsabilidad civil de los funcionarios quedaría impune
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8 de septiembre de 2012  

Cuando resta que la Justicia determine las responsabilidades del accidente ferroviario en Once, en el que hubo 51 muertos y más de 700 heridos, el Congreso deberá analizar un aspecto clave del proyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial, es decir, de la ley que rige los efectos jurídicos de las vidas de las personas.

El punto en estudio es sumamente polémico, pues se refiere a la responsabilidad de los funcionarios del Estado. La comisión de expertos, que redactó el anteproyecto de reforma de esos códigos, integrada por los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y por Aída Kemelmajer de Carlucci, ex miembro del máximo tribunal mendocino, estableció que el funcionario o empleado público "es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo" y que esas responsabilidades son "concurrentes" con las del propio Estado.

Sin embargo, cuando el anteproyecto llegó al Poder Ejecutivo (PE), esos términos fueron modificados por otros que, en los hechos, terminan diluyendo aquella responsabilidad. El nuevo texto propuesto por el PE dispone ahora que esas acciones de los funcionarios públicos "se regirán por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda". Es decir, deja librados los presupuestos y alcances de la responsabilidad de los funcionarios a una futura legislación, que todo apunta a asegurar que será menos gravosa para aquellos, si se tiene en cuenta que –también por iniciativa del PE– se excluyó en el anteproyecto original la posibilidad de imponer sanciones conminatorias pecuniarias a los funcionarios que no cumplen con una resolución judicial, a lo que cabe agregar el reciente decreto del Ejecutivo que limita la responsabilidad de los funcionarios públicos que actúen como directores en representación del Estado en empresas privadas en que este último tenga participación accionaria.

En otras palabras, el PE no aceptó mantener los principios que fueron receptados por el anteproyecto de la comisión de expertos, lo que implica dar un paso atrás en el juzgamiento de las acciones de los funcionarios públicos.

Hoy, por ejemplo, un damnificado de la tragedia de Once puede accionar contra los particulares concesionarios del servicio y contra el Estado.

Ante esos actores se puede hasta hoy reclamar un resarcimiento civil por los daños sufridos. Con la modificación propuesta por el PE se desdibujarán de seguro las consecuencias de la responsabilidad civil de los funcionarios.

Por esa razón, las modificaciones propuestas por el PE resultan a todas luces interesadas y capciosas. Y podrían conducir a postular que se acepte que los funcionarios estatales nunca cometen errores, que los médicos de los hospitales públicos jamás podrán ejercer mala praxis o los policías chocar con sus patrulleros provocando daños a las personas por los cuales éstas puedan reclamar un resarcimiento.

El gobierno nacional ha hecho gala de un reduccionismo que, incluso, desprecia la opinión de los juristas a los que convocó. Los expertos habían avanzado en un sentido más amplio y, desde ya, más justo.

En la actualidad, la responsabilidad del Estado se rige por principios y normas propias del derecho público y, por lo tanto, distintas del derecho privado. El Congreso no ha dictado leyes específicas sobre ese tipo de responsabilidad, de modo que ese vacío es resuelto por los jueces recurriendo al derecho civil. En consecuencia, si finalmente el Congreso sancionara la modificación introducida por el PE, todo conduce a suponer que quedará impune o aminorada la responsabilidad civil de los funcionarios, lo que consagrará una inequidad frente a los ciudadanos no funcionarios, e impunidad.

Cuando la Presidenta anunció la creación de la comisión de expertos para evaluar esas modificaciones dijo sentirse Napoleón Bonaparte. Tal afirmación tuvo lugar durante la apertura del último período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional en el que la jefa del Estado, en un discurso de más de tres horas, justificó la reforma en la necesidad de crear "un verdadero acto de codificación, similar al que hizo Vélez Sarsfield.

Para entonces, la jefa del Estado enunciaba otras varias modificaciones que deberán debatir los legisladores nacionales, entre ellas, la simplificación de los trámites de divorcio y de adopción, la inclusión de los contratos prenupciales y de las sociedades comerciales de un solo socio, y la legislación sobre fertilizacion asistida, temas que también están dando lugar a encendidas discusiones en varios ámbitos, tanto dentro como fuera del Parlamento.

Es de esperar que los legisladores estén a la altura de la tarea que se les ha encomendado y, en el caso de la responsabilidad de los funcionarios del Estado, sean capaces de rever la posición del PE que, tal como ha quedado redactada, parece orientada a proteger a los funcionarios públicos lavando sus responsabilidades en perjuicio del resto de los ciudadanos.

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