Imputaciones erróneas e ideologizadas

Ha tomado estado público el procesamiento del exsubdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -entidad que manejaba dineros de la Anses- Luis María Blaquier, a quien se le imputan negociaciones incompatibles con la función pública. El tema es especialmente delicado, pues, como en muchos otros casos, si no se pone especial cuidado en la formulación de este tipo de denuncias, desestimándolas y sancionando a los temerarios denunciantes, lo que se logra es no solo afectar la imagen pública de personas muchas veces intachables, comprometiendo su honra y su patrimonio, sino también ahuyentar de la función pública a individuos idóneos que se muestran dispuestos a aplicar a la actividad estatal conocimientos y experiencias, en beneficio del patrimonio público, aun a costa de su propio perjuicio cuando renuncian a la actividad privada y a una mayor rentabilidad y quedan a merced de denuncias fundadas exclusivamente en razones políticas, como la que nos ocupa. El manejo de la cosa pública queda así condenado a la gestión de burócratas de dudosa eficiencia y expulsa a quienes con méritos sobrados y generosa disposición podrían alcanzar mejores resultados.

En este caso, se trata de acusaciones reformuladas por el fiscal Franco Picardi, exfuncionario del Ministerio de Justicia durante el kirchnerismo, vinculado a la agrupación Justicia Legítima y embanderado en el kirchnerismo al punto de haber sido aportante para la campaña K. El juez Sebastián Casanello fue quien dictó el arbitrario procesamiento de Blaquier, al disponer un embargo sobre sus bienes por más de 12 millones de pesos.

Los hechos imputados consistieron en la suscripción, por parte del FGS de la Anses, de obligaciones negociables (ON) de las empresas Cablevisión y Arcor. Se le cuestionó a Blaquier su intervención en esa operación por haber sido, con anterioridad, director del Grupo Clarín y de Arcor.

La razón de ser del fondo es servir de garantía sustentable del patrimonio de la Anses. Cabe notar que el porcentaje de suscripción por parte del FGS en las operaciones negociables en cuestión fue muy menor. En este sentido, es importante tener en cuenta que las ON fueron muy demandadas por el mercado: hubo propuestas de compra que superaron en seis veces lo que ofreció Cablevisión y en cuatro veces lo ofrecido por Arcor. Esto demuestra la atracción que despertaron tales papeles, que ofrecieron un interés del 6,50% y un 6% anual en dólares, respectivamente. A su vez, para despejar cualquier duda respecto de lo conveniente de la inversión que se cuestiona, a la hora de considerar la preservación del patrimonio estatal, debería tenerse en cuenta que, además del interés, las ON se revalorizaron en dólares: un 3,75% las de Cablevisión y un 5,8% las de Arcor en los seis primeros meses. Considerando que las normas solo permiten invertir en títulos locales, dentro de las opciones posibles, ambos bonos estaban muy bien calificados en términos de riesgo local por reconocidas evaluadoras crediticias.

En ninguno de los dos casos, ni la idea, ni la iniciativa, ni tampoco la decisión de la suscripción fueron de Blaquier. Como es de rigor, los casos fueron evaluados favorablemente por las distintas áreas que habitualmente intervienen y por una comisión tripartita de prestigiosos funcionarios. Y es el director de la Anses quien toma la decisión.

Puntualmente en el caso de Arcor, Blaquier fue procesado pese a no haber tenido ningún tipo de intervención, pues se encontraba fuera del país cuando se sucedieron los hechos, circunstancia que revela una clara animosidad.

Tal como quedó registrado en el trámite del expediente administrativo, en el que constan fundadas y coincidentes opiniones a favor de la conveniencia de la suscripción de las referidas obligaciones negociables, surge con claridad que Blaquier no se interesó en ellas con miras a un beneficio personal. Tampoco desvió ni direccionó la voluntad del Estado, como erróneamente se consignó en la resolución.

Muy por el contrario, Blaquier actuó estrictamente en el marco de sus funciones y fue el patrimonio estatal el indiscutido beneficiario de la inversión que paradójicamente se cuestiona. De hecho, durante su gestión, el patrimonio de la FGS creció el 13,5% en dólares, algo poco habitual -hemos de reconocer- cuando del patrimonio estatal se trata. Si el funcionario no tuvo poder de decisión ni menos aún existió una intervención indebida o un desvío intencionado en la operación y esta resultó tan beneficiosa para el erario público, resulta no solo preocupante, sino también peligrosa, la aviesa imputación que se formula toda vez que no contempla la ausencia de elementos como el dolo que la jurisprudencia y la doctrina en la materia establecen para considerar la configuración de un delito.

Lamentablemente, cuando la ideología y la política se filtran en ámbitos de la Justicia, se generan preocupantes situaciones como esta en la Anses a la que nos referimos. No ha de llamar la atención que, tras el paso de Blaquier por el FGS, convertido en blanco de infundadas denuncias penales, el puesto se encuentra vacante al día de hoy, pues nadie ha querido asumirlo, con el consecuente perjuicio para la adecuada administración de los fondos públicos.

Estas decisiones emanadas de algunos tribunales revelan claramente un hostigamiento basado en motivos político-ideológicos o por simple portación de apellido, que resultan siempre inaceptables.