Inseguridad: consecuencias de una medida absurda

La falta de seguridad es una de las cuestiones que más preocupan a la población y uno de los aspectos de la gestión gubernamental con peor valoración, de acuerdo con sondeos de opinión pública.

Cuando se tomó la decisión de liberar presos de las unidades penitenciarias debido a la pandemia, sonaron con toda lógica las alarmas y no fue una sorpresa que no tardaran en sobrevenir algunos de los males que fueron presagiados.

El presidente Alberto Fernández aseguró, en aquel momento, que su gobierno no fomentaba una liberación generalizada de presos, aunque señaló que apoyaba la recomendación de organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de excarcelar presos para prevenir contagios. Simultáneamente, su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, bregaba por la liberación de detenidos emblemáticos de la anterior gestión nacional kirchnerista.

Distintos expertos en el tema coincidían en que el sistema de seguridad argentino carecía de la capacidad operativa para garantizar que los reclusos que pasaran a gozar del régimen de prisión domiciliaria fueran a estar controlados y encerrados en sus casas.

Las consecuencias de la irresponsable medida que avalaron algunos jueces, influenciados por una presión política proveniente del oficialismo, se advirtieron nuevamente con claridad en estos días, conocido el caso del motochorro que asaltó y le provocó la muerte a una psicóloga social en Ramos Mejía, luego de haber dejado el año pasado la cárcel de Batán, beneficiado por la liberación masiva, a pesar de tener un prontuario de dos condenas por ocho robos bajo la misma modalidad, llevados a cabo en su totalidad contra mujeres.

El citado delincuente, Alejandro Miguel Ochoa, de 55 años, que luego de este hecho volvió a ser capturado, había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria en abril del año pasado, gracias a una decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, firmada por el juez Marcelo Riquert. Ochoa había sido condenado en 2017 a ocho años y cuatro meses de prisión, acusado de robo agravado y lesiones graves; había cometido un delito similar al que días atrás causó la muerte de la psicóloga María Rosa Daglio. Se investiga además si es la misma persona que cuatro días antes había herido a otra mujer en Castelar en idénticas circunstancias.

Por supuesto que no es el único caso que se registró debido a la inexplicable decisión de abrir las cárceles. En la ciudad de Buenos Aires, un delincuente que fue liberado recientemente por la excusa del coronavirus volvió a ser detenido por la policía porteña luego de que integrantes de su familia llamaran al 911 para denunciarlo porque los había agredido físicamente. El convicto, que fue liberado en función del Covid-19 y que era portador de HIV, estaba cumpliendo una condena por robo y violencia de género.

Parece inverosímil que, mientras durante mucho tiempo la población tuvo que estar encerrada en sus casas a raíz de las disposiciones de aislamiento y cuarentena, delincuentes peligrosos y con condena hayan sido liberados alegremente con la excusa del peligro de la pandemia.

A pesar de que la inseguridad es una preocupación crónica, a tal punto que hoy el 76,4% de la población la considera el mayor problema de la Argentina, según una reciente encuesta de la consultora Giacobbe y Asociados, el Sistema Penitenciario Federal y el Bonaerense confirmaron oficialmente que concedieron la prisión domiciliaria a 1120 presos, muchos de los cuales ni siquiera eran personas de riesgo frente al coronavirus.

En su momento, la ahora exministra de Justicia, Marcela Losardo, señaló que por fallos de distintos tribunales nacionales y federales se les concedió la prisión domiciliaria a 320 internos, mientras que la Justicia bonaerense la dispuso para 800 detenidos en penales provinciales.

Uno de los motivos que generó un repudio generalizado de la opinión pública estuvo fundamentado en que, si bien la recomendación de la ONU era solo otorgar prisión domiciliaria a presos que cometieron “delitos de escasa lesividad o no violentos”, algunos jueces aprobaron ese beneficio para reclusos condenados por crímenes graves, incluyendo la violación.

En este sentido, causó particular indignación el caso que involucró a un hombre de 68 años, acusado de haber violado a una vecina de 13 años, a quien se le permitió regresar a su hogar, lindante al de la menor abusada.

A este panorama se le agrega una denuncia del intendente de San Miguel, Jaime Méndez, quien alertó que en su distrito habían regresado a vivir a sus domicilios presos detenidos por “robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad y venta de drogas”.

Por todo lo consignado, esta medida nos remite a una frase hecha pero muy gráfica para esta circunstancia, que señala que el sentido común es el menos común de los sentidos. Algo que queda totalmente demostrado ante la absurda decisión implementada por los actores responsables en cuestiones de justicia y seguridad, y las gravísimas consecuencias de ese despropósito que deben sufrir los ciudadanos de bien.