Jaque a la infancia

Espanto. Consternación. Sobrecogimiento. Solo son algunas de las muchas palabras que estallaron estruendosamente tras el resonante caso del médico del Hospital Garrahan detenido una semana atrás, quien, en palabras de la Sociedad Argentina de Pediatría, "mancilló con vileza" la profesión.

Ante una demanda insatisfecha, el marketing habla de nicho de mercado para el desarrollo de un negocio: habrá quien se beneficie ofertando lo que la resuelva. Y, para ello, habrá de producirlo. En tiempos de internet, en la web superficial, que solo concentra el 10% de la información, una enorme cantidad de transacciones legales se gestionan sin que dos personas se conozcan. El 90% restante circula por las llamadas "web profunda" y "web oscura" porque sus contenidos, generalmente cifrados, infringen la ley de servicios y noticias, a los cuales se ingresa de forma diferente de la habitual, mediante programas especiales. Entre los distintos niveles de esta peligrosa web circulan objetos robados, armas para la venta, drogas, datos de tarjetas de crédito, trata de personas y abuso sexual infantil.

Si bien en algún momento se la consideró una acción privada, afortunadamente nuestro Código Penal hoy castiga con penas de seis meses a cuatro años de prisión la tenencia de material que registra a niños siendo abusados sexualmente, mal identificado como "pornografía infantil", incluidas situaciones en las que simplemente se los registre expuestos en su intimidad. A mayor demanda de estos materiales, el abuso sexual de chicos se incrementa. Por respeto a los niños víctimas de abuso sexual se recomienda evitar el uso de la palabra "pornografía", reservándola exclusivamente para los adultos, una distinción en el uso de la terminología sobre la que conviene insistir. Hemos de educarnos en estas cuestiones para impulsar un cambio cultural que nos permita llamar las cosas por su verdadero nombre, respetuosamente.

Los pedófilos, que a diferencia de los pederastas aún no llegaron a concretar en un acto de contenido sexual su perversión, manejan una simbología compartida para expresar sus preferencias (corazones, triángulos y mariposas son los más habituales), comparten técnicas para generar proximidad con las víctimas y estrategias para producir y distribuir materiales. También celebran el Día del Orgullo Pedófilo, pues, increíblemente, se consideran a sí mismos una minoría sexual, en su perverso afán por tildar de "normales" las relaciones sexuales con menores. Organizaciones delictivas dedicadas a producir y comercializar subrepticiamente estos aberrantes materiales, que antiguamente se servían del correo postal, hoy incluso cobran en criptomonedas.

Desgraciadamente, hemos sumado otra horrenda palabra a nuestro vocabulario sobre tan peligroso tema: grooming. Se trata de la acción deliberada por parte de un adulto de acosar sexualmente a un niño o adolescente mediante el uso de internet para que, muchas veces, sean los propios menores de edad quienes suban materiales de contenido sexual, implícita o explícitamente. La labor de padres y maestros en la concientización de los menores sobre estas cuestiones, fomentando el diálogo y la confianza en ellos, resulta clave. El sistema escolar debe capacitar a docentes, familias y alumnos con pautas de prevención y detección de casos.

El Estado, por medio del Equipo Niñ@s, a cargo del Programa Las Víctimas contra las Violencias (PVCV), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas/equipo-nin@s.aspx), recibe denuncias en el teléfono 0800-222-1717 e interviene las 24 horas durante los 365 días del año en todo el país, concientizando sobre estos delitos, asistiendo y acompañando a víctimas y sus familias, denunciando a explotadores y abusadores, y asesorando sobre cómo preservar la evidencia digital.

Desde el lanzamiento de esa línea telefónica nacional se recibió un promedio mensual de 128 denuncias de agresiones contra los menores. Los datos revelan que el 64% de los ataques se produjeron en el seno familiar, que siete de cada diez víctimas menores de 18 años son mujeres y el 38% tenía menos de 11 años.

Como sociedad, debemos contar con protocolos de actuación claros, específicos y no precipitados ante situaciones de violencia física, psicológica o sexual, mucho más cuando las víctimas son menores, garantizando siempre su protección. Si de algo han de servir casos como los del médico Ricardo Russo o el de Guillermo Gallón Castrillón, cirujano pediátrico detenido en Colombia, en 2010, es para alertar a los adultos con niños a cargo.

Reina el concepto de que los médicos son custodios de nuestra salud, que han debido prepararse largamente para su tarea y que, por ello, son merecedores de un respeto cuasi reverencial por parte de muchas personas. Como lamentablemente la realidad demuestra que hay desgraciadas excepciones, sin soslayar la valiosa labor y dedicación de legiones de buenos profesionales, los protocolos de atención en un hospital o institución sanitaria deben considerar que un médico no pueda nunca quedar solo con un menor, y el adulto deberá estar alerta y ser consciente del daño que un profesional enfermo puede ocasionarle a un niño o a un adolescente, dejando en él dramáticas huellas, muchas veces irreversibles, que incluirán predisposición al consumo de drogas o alcohol e incluso al suicidio.

El grado de perversión puede pretender justificarse en fines científicos para la obtención de fotos, revisaciones o estudios. Los niños pueden ser víctimas de engaño, muchas veces dentro de contextos de confusas relaciones afectivas ya establecidas, incluso con juegos y regalos, mezclados con amenazas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 varones declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.

En 2018, se recibieron denuncias por 46.679 fotos y videos de menores de edad en situaciones sexuales, distribuidos en la red desde computadoras radicadas en la Argentina. Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec, por sus siglas en inglés), ese registro creció 102% con relación a 2017. En lo que va de 2019, hubo ya más de 16.000 denuncias.

Nueve meses de investigación, 40 allanamientos, recolección de pruebas a partir de equipos multidisciplinarios con el uso de avanzada tecnología colaborativa y el valioso trabajo de la fiscal Daniela Dupuy, especializada en delitos informáticos, sirvieron para desbaratar una perversa red internacional que involucraba a EE.UU., Brasil y a nuestro país en la tercera fase del operativo denominado Luz de Infancia.

Dupuy destaca también el valor de la prevención y el acompañamiento a los menores, conversando de estas cosas en la mesa familiar, interiorizándose sobre los peligros de la interacción en las redes sociales para asesorar a los niños y alimentando el diálogo y la confianza con los mayores