Jubilados: un poco de justicia

El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, resolvió que no puede aplicarse el cepo cambiario a una mujer que cobra una pensión de Italia en euros, al tiempo que advirtió a los funcionarios del Banco Central y del Poder Ejecutivo Nacional que serán responsables de los daños y perjuicios que pueda sufrir la pensionada.

Se trata de una decisión no sólo justa sino muy necesaria. Hay unos 90.000 residentes en la Argentina que cobran aquí jubilaciones y pensiones provenientes del exterior con montos mensuales promedio de entre 400 y 500 euros. Arbitraria y cruelmente, el Gobierno decidió pagarles los haberes no sólo en pesos -en vez de abonarlos en la moneda extranjera en la que fueron liquidados- sino a la cotización oficial, lo cual significa una importante quita en lo que constituye en muchos casos el único ingreso de esos jubilados y pensionados. Es otra forma a la que recurre el Gobierno para apoderarse ilegalmente del dinero de la clase pasiva; en este caso, se trata de divisas.

De ahí que el juez López sostuviera que hay ocasiones en las que un magistrado debe "poner coto a situaciones que denoten un ejercicio arbitrario del poder legítimo de la Administración" cuando sus decisiones resulten "irrazonables, arbitrarias" y atenten contra los derechos y garantías amparados en la Constitución nacional.

Por eso, el magistrado otorgó un amparo a la pensionada, que había planteado la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de las disposiciones del Banco Central y de la AFIP, y sostuvo que el beneficio en moneda extranjera es un derecho adquirido y el Estado no puede alterarlo perjudicando el patrimonio de la pensionada.

Hace un mes, la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó abonar en euros las pensiones y jubilaciones italianas destinadas a ciudadanos de ese país o beneficiarios que residan en el nuestro por considerar que la aplicación del cepo cambiario violaría convenios internacionales. A su vez, la Defensoría de la Tercera Edad reclamaría que todos los haberes previsionales provenientes del exterior se paguen en moneda extranjera.

En cuanto a López, es el mismo juez que el año pasado concedió un amparo a un hombre que recurrió a la Justicia porque se le impedía comprar diez dólares para sus nietos. La Presidenta lo tildó de "abuelito medio amarrete".

Esa frase injuriante resume la crueldad con la que el kirchnerismo trata a los jubilados y pensionados. Así, ha usado los fondos de la Adminsitración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para financiar proyectos del Gobierno de clara raíz proselitista, y ha obligado a más de 100.000 jubilados a iniciar largos juicios para obtener actualizaciones de sus haberes.

Es imperdonable que, luego de una vida de trabajo y aportes previsionales, haya que recurrir a los tribunales para cobrar una suma mínimamente digna. No hay ningún derecho a que un gobierno caracterizado por la arbitrariedad y numerosos casos de corrupción someta a las personas mayores a los tormentos de largos procesos judiciales, con sus apelaciones y su incertidumbre, más los gastos que todo juicio entraña.

Y mayor es la indignación cuando se conoce que el director y el subdirector de la obra social de los jubilados y pensionados, el PAMI, se han asignado salarios brutos de 98.000 y 97.000 mil pesos respectivamente, y cuando de las declaraciones juradas de la Presidenta y sus ministros surge que la mayoría de ellos ha vuelto a incrementar sustancialmente sus ingresos. La actitud del Gobierno con los mayores no es otra que la de aprovecharse de ellos por considerarlos presas fáciles.